La senda de déficit vuelve al Consejo de Ministros como quien vuelve a presentar un examen suspendido sin haber estudiado la parte importante: los votos. El Gobierno puede llamar a esto perseverancia, responsabilidad europea o defensa de los servicios públicos. Pero hay una lectura más sencilla y bastante menos heroica: España tiene un Ejecutivo que quiere aprobar cuentas sin tener mayoría estable para aprobarlas.
EFE señalaba para este martes la nueva aprobación de la senda 2027-2029 tras el rechazo en el Congreso de PP, Vox y Junts. Público adelantó que el Ejecutivo insistiría en el mismo objetivo de estabilidad. El dato político no está en el trámite, sino en la repetición. Si el Congreso ya te ha dicho que no, volver con lo mismo puede ser firmeza. O puede ser teatro para culpar al resto cuando vuelva el portazo.
Desde una mirada liberal-conservadora, el problema no es que existan presupuestos. Claro que hacen falta. El problema es la costumbre de presentar el gasto como si fuera virtud automática. Más techo, más margen, más programas, más anuncios. Luego llegan la deuda, el déficit, los compromisos con Bruselas y la factura que no aparece en la rueda de prensa.
Un país serio no puede vivir en campaña permanente. Si el Gobierno quiere gastar más, debe explicar cómo lo paga. Si quiere mantener impuestos altos, debe demostrar que cada euro mejora servicios y no alimenta grasa administrativa. Si promete vivienda, dependencia, transporte y becas, debe enseñar prioridades, renuncias y calendario. Gobernar no es repartir titulares con cargo al contribuyente futuro.
La oposición tampoco debería caer en el no automático sin alternativa. Votar contra una senda de estabilidad puede ser legítimo si detrás hay una propuesta fiscal y presupuestaria clara: menos gasto superfluo, mejor control de subvenciones, reformas que aumenten crecimiento y una administración que no trate al ciudadano como cajero infinito. Sin eso, el veto se queda en gesto.
Junts, además, vuelve a demostrar el precio de una legislatura sostenida con alfileres. Cada votación importante se convierte en subasta. Hoy es déficit, mañana vivienda, pasado cualquier carpeta que permita arrancar una concesión. Quien quiso gobernar pagando peajes no puede sorprenderse de que el peaje suba en mitad del viaje.
La derecha debería aprovechar este momento para hablar menos de derribar a Sánchez y más de qué haría al día siguiente. España no necesita solo alternancia emocional. Necesita disciplina presupuestaria, seguridad jurídica, una fiscalidad que no castigue siempre al mismo trabajador que madruga y una administración capaz de medir resultados. Menos propaganda del gasto y más auditoría de eficacia.
Porque la pregunta de fondo es incómoda: ¿cuánto Estado podemos pagar y qué Estado merece la pena pagar? Responder “todo” es infantil. Responder “nada” también. La política adulta está en priorizar. Y eso es justo lo que este Gobierno evita cada vez que convierte una derrota parlamentaria en una escena de resistencia.
También conviene desmontar una coartada cómoda: pedir rigor presupuestario no equivale a despreciar los servicios públicos. Al contrario. Quien quiere que la sanidad, la educación o la dependencia duren décadas tiene que preocuparse por cómo se financian. Si todo se paga con deuda y parches, el supuesto escudo social acaba dependiendo del humor de los mercados, de Bruselas o del próximo pacto improvisado.
España arrastra además una enfermedad política conocida: confundir administración grande con administración fuerte. Una administración fuerte resuelve rápido, evalúa, elimina duplicidades, simplifica trámites y responde ante el ciudadano. Una administración simplemente grande puede gastar mucho y servir poco. Esa diferencia debería estar en el centro del debate, pero rara vez aparece porque obliga a tocar intereses instalados.
El Gobierno quiere convertir cada votación en un plebiscito moral: o conmigo o contra los derechos. La oposición debería evitar la trampa ofreciendo números, no solo indignación. Si hay que bajar impuestos, que diga cuáles y cómo compensa. Si hay que reducir gasto, que señale partidas concretas. Si hay que reformar, que explique costes de transición. La seriedad empieza cuando el discurso cabe en una hoja de cálculo y no solo en un mitin.