El Gobierno ha convertido la senda de déficit en una especie de test de fe. Si se aprueba, hay responsabilidad. Si se rechaza, hay bloqueo. Si la oposición no traga, está contra el bienestar. El problema de ese cuento es que el Congreso no está para bendecir calendarios de Moncloa, sino para controlar al Ejecutivo. Y cuando un Gobierno llega sin Presupuestos, sin una mayoría estable y con sus socios votándole en contra, quizá la primera noticia no sea que la oposición bloquea. Quizá la noticia sea que el Gobierno ya no gobierna con una mayoría suficiente.
La segunda derrota de la senda fiscal no cae del cielo. El Ejecutivo ya había recibido un no y decidió insistir con una propuesta prácticamente igual. Hacienda puede ampararse en el procedimiento y repetir que la ley obliga a volver a presentar los objetivos, pero la política no funciona como una fotocopiadora. Si los votos no están, hay que cambiarlos con negociación o cambiar el texto. Llevar lo mismo y esperar un resultado distinto es menos una estrategia que una prueba de soberbia.
La propuesta situaba el déficit del conjunto de las administraciones en el 1,8% del PIB para 2027 y convivía con un techo de gasto de 226.032 millones. El Gobierno lo presenta como un escudo social; sus críticos lo leen como otro intento de ensanchar el gasto mientras la legislatura se sostiene con alfileres. Las dos lecturas chocan, pero hay una cuestión elemental: gastar más no es automáticamente proteger mejor. A veces es financiar prioridades claras. Otras, comprar tiempo político con cargo al futuro.
La derecha tiene aquí una obligación: no quedarse solo en el aplauso al tropiezo de Sánchez. Decir no puede ser sano si va acompañado de una alternativa. Si el PP quiere aparecer como gobierno posible, debe explicar qué haría con comunidades, ayuntamientos y servicios que reclaman recursos. Vox, si quiere pasar de la consigna a la gestión, también. Y Junts, que no es derecha estatal pero opera como árbitro de supervivencia parlamentaria, debería aclarar si negocia cuentas públicas o facturas propias. El no por el no envejece mal incluso cuando el Gobierno se lo gana a pulso.
Dicho eso, el Ejecutivo no puede exigir confianza a un Parlamento al que no convence. La mayoría de investidura no es una herencia familiar: se trabaja cada semana. Si los socios se descuelgan, si la oposición encuentra grietas y si la agenda económica llega al pleno como trámite forzado, la responsabilidad principal está en quien ocupa el Consejo de Ministros. Gobernar no es lamentar que los demás voten distinto. Gobernar es reunir votos o aceptar que se ha perdido la capacidad de ordenar el país.
El argumento social del Gobierno tampoco debería blindarlo frente a la crítica. España necesita servicios públicos fuertes, sí. También necesita cuentas comprensibles, prioridades verificables y una relación adulta entre gasto, impuestos y deuda. La política progresista suele hablar de derechos; la política liberal-conservadora debe recordar que ningún derecho se sostiene mucho tiempo sobre presupuestos imposibles o sobre una mayoría que solo existe en las ruedas de prensa.
La derrota de la senda fiscal deja una imagen bastante clara: un Ejecutivo que quiere escribir los Presupuestos de 2027 sin tener garantizada la primera línea. Puede culpar a PP, Vox y Junts; cada uno tendrá su parte de cálculo. Pero el poder no consiste en repartir culpas, sino en sacar adelante decisiones. Si no hay Presupuestos, si no hay senda y si no hay mayoría, quizá el país merece algo más serio que otro verano de supervivencia parlamentaria.
La salida no pasa por romantizar el bloqueo, sino por devolver peso a la responsabilidad. Si el Gobierno quiere seguir, que consiga apoyos verificables. Si la oposición aspira a gobernar, que deje algo más que el marcador de derrotas ajenas. Y si los socios quieren condicionar España entera desde una esquina del tablero, que lo digan sin envolverlo en épica. La estabilidad no es un premio al Ejecutivo: es una obligación con los ciudadanos que luego pagan los retrasos, la incertidumbre y la improvisación.