España está entrando en el curso político como un país que discute mucho y manda poco. En Bruselas amenaza con bloquear lenguas futuras si no salen adelante catalán, euskera y gallego. En Valencia, un dirigente del PP convierte una defensa política sobre la DANA en un insulto que tapa cualquier argumento. En Ceuta, cada cual grita soberanía, derechos o conspiración, pero la frontera sigue siendo el lugar donde se prueba si el Estado existe o solo comparece.
La derecha debería decir algo incómodo: no todo lo que desgasta al Gobierno conviene al país. Que Pedro Sánchez haya llenado la política exterior de peajes parlamentarios no convierte cualquier respuesta del PP en buena. Si Mompó tenía una explicación sobre la Diputación de València y la gestión de avisos durante la DANA, tenía que darla con datos. Al llamar a Diana Morant “lameculos de Sánchez”, regaló al PSOE una campaña moral y cambió el tema. Eso no es valentía. Es torpeza.
La política dura no necesita chabacanería. De hecho, la chabacanería suele aparecer cuando falta disciplina. Un partido que aspira a gobernar debe demostrar que sabe exigir cuentas sin degradar el cargo que ocupa. Feijóo tiene ahí una prueba pequeña pero significativa: puede denunciar el oportunismo socialista y, al mismo tiempo, dejar claro que sus barones no tienen bula para convertir una institución provincial en una pelea de patio.
La carpeta europea es todavía más seria. La oficialidad del catalán, euskera y gallego merece debate, pero el Gobierno la ha situado en el peor marco posible: como condición para no aceptar nuevas lenguas derivadas de la ampliación de la Unión. Exteriores asegura que España apoya firmemente la ampliación. Bien. Entonces que no parezca que la utiliza para cobrar una factura doméstica con Junts.
Cuando un Estado serio va a Bruselas, no lleva sus urgencias parlamentarias como si fueran doctrina europea. Lleva intereses nacionales estables. España puede defender sus lenguas cooficiales, sí. Pero también debe cuidar su credibilidad ante socios que ya miran con recelo la política española de vetos, pactos imposibles y titulares para consumo interno.
Y luego está Ceuta. La crisis migratoria y diplomática ha dejado una sensación peligrosa: España reacciona tarde, se contradice y deja que otros escriban el relato. Trump ha acusado al Gobierno de tener “cero control” sobre la frontera. Podemos insinúa miedos de Sánchez a Marruecos. El PP pide comparecencias y endurecimiento. Todo eso puede tener parte de utilidad política, pero ninguna consigna sustituye a una política de frontera completa: seguridad, cooperación, inteligencia, presencia institucional, acuerdos internacionales y capacidad real de acogida.
La derecha no debería limitarse a gritar “frontera” como si fuera una palabra mágica. Defender la frontera exige medios, ley, diplomacia y mando. También exige no convertir cada crisis en un concurso de frases. Si el Gobierno falla, se le fiscaliza. Si Marruecos presiona, se responde. Si Europa mira a otro lado, se le compromete. Pero el objetivo debe ser que España recupere capacidad de decisión, no solo que el adversario pase vergüenza en el siguiente pleno.
El Estado no se reconstruye con órdagos ni con insultos. Se reconstruye con autoridad, claridad y límites. Límites para Bruselas cuando toca, límites para Rabat cuando toca y límites internos para los propios cuando confunden contundencia con vulgaridad. Sin eso, la derecha puede ganar titulares. Gobernar ya es otra cosa.
Hay una derecha que confunde ganar el minuto con ganar el país. Gana el minuto quien coloca una frase brutal en redes. Gana el país quien demuestra que sabe ordenar una administración, sostener una alianza exterior y proteger una frontera sin convertir cada decisión en espectáculo. La primera da ruido. La segunda da Gobierno.
También hay un Gobierno que ha confundido resistencia con dirección. Sobrevive a base de pactos imposibles, pero cada pacto deja una factura nueva: lenguas en Bruselas, relato sobre Marruecos, socios que votan una cosa y denuncian la contraria. España necesita menos supervivencia y más brújula. Y la oposición necesita parecer alternativa, no solo megáfono. Si ambos fallan, el ciudadano acaba mirando al Estado como a una sala vacía: mucha luz encendida, nadie al mando.