Hay una forma fácil de hablar de Ceuta: sumar llegadas, restar camas y repartir culpas. Hay otra, más incómoda y más adulta: mirar a las víctimas. La Fiscalía ya habla de 23 procedimientos por agresiones sexuales desde la oleada de finales de julio. Nueve de las víctimas son menores. Cinco casos se investigan como violaciones. Eso no es “ruido mediático”. Es el Estado diciendo, con números, que el desborde no solo llena explanadas: también rompe cuerpos.
La derecha convertirá el dato en prueba de que toda la migración es amenaza. Es un atajo brutal y falso. Entre los ocho presuntos autores identificados hay marroquíes, sí; también españoles y un belga. La violencia sexual no pide pasaporte para existir. Pedir frontera fuerte no legitima convertir a decenas de miles de personas en sospechosas por defecto. Pero negar el problema para no “alimentar el relato” es otra forma de abandono.
Acoger no es improvisar
Si un sistema de acogida colapsa, las primeras en caer son las más expuestas: mujeres, niñas, personas LGTBI. Lo estamos viendo. No hace falta inventar intenciones malvadas de nadie para admitir lo obvio: sin identificación rápida, sin espacios seguros y sin refuerzo judicial, la impunidad se cuela por las costuras. El TSJA y el CGPJ mandando refuerzos a Ceuta no es un detalle de organigrama. Es la confesión institucional de que la ciudad autónoma no puede sostener sola esta crisis.
El Gobierno puede discutir si Marruecos cooperó, si hubo redes extranjeras o cuándo visita el Rey. Todo eso importa en política exterior. Ninguna de esas discusiones sustituye lo básico: proteger a quien denuncia, investigar de verdad y dejar de tratar la seguridad de las víctimas como un capítulo secundario del choque con la oposición.
La trampa del “o frontera o derechos”
El marco que nos venden es binario: o eres “buenista” o eres “dura”. Es una estafa. Una izquierda seria defiende control y derechos a la vez. Quiere saber quién entra, quiere devolver a quien no tiene derecho a quedarse con todas las garantías, y quiere que una menor de 15 años no se convierta en estadística de agresiones porque el Estado llegó tarde.
También debería mirar hacia dentro de la coalición. Mientras Sumar empuja traslados y el PSOE frena el relato, las víctimas no votan en la pelea de monclovita. El test de humanidad no es el tuit más afilado contra Vox. Es si hay camas seguras, personal, seguimiento y juzgados que no se ahoguen.
Ceuta no pide sermones. Pide Estado. Y Estado, en este punto, se escribe con tres verbos poco épicos y muy urgentes: proteger, investigar, prevenir. Lo demás, si no baja a eso, es solo postureo con mapa de frontera.
Hay quien cree que hablar de agresiones en medio de una crisis migratoria es “hacer el juego” a la extrema derecha. Al revés: callar es regalarle el monopolio de la alarma. La izquierda que merezca ese nombre pone a las víctimas en el centro y discute política de acogida con datos, no con talismanes. Si el refuerzo judicial llega tarde, si los espacios seguros no existen y si la identificación falla, el resultado no es solidario: es precario y peligroso para quien menos red tiene.
Tampoco vale esconderse detrás del “son solo denuncias”. Claro que hay presunción de inocencia. Por eso existen juzgados, pruebas y Fiscalía. Justamente por eso duele que solo ocho presuntos autores estén identificados mientras el listado de procedimientos sube. La brecha entre hecho denunciado y autor localizado es el agujero por el que se escapa la confianza pública. Y sin confianza, cualquier plan de reubicación de menores o de corresponsabilidad autonómica nace herido.
Ceuta necesita menos mitin y más maquinaria: personal especializado, rutas seguras para denunciar, atención a menores y una política de frontera que no confunda rigor con crueldad ni acogida con abandono. Si el Gobierno quiere ganar el relato frente a la derecha, que empiece ganando lo único que no se discute en un bar: que una adolescente migrante no sea carne de estadística porque el Estado llegó después del daño.