La discusión sobre la senda de estabilidad suena, de entrada, como una de esas cosas diseñadas para que el lector cierre la pestaña. Déficit, techo de gasto, objetivos 2027-2029, límite no financiero. Palabras de ministerio. Pero debajo de esa jerga hay una pregunta mucho más fácil de entender: ¿quién paga la factura de un país que dice querer vivienda, dependencia, becas, transporte y servicios públicos decentes?
El Consejo de Ministros volvió a aprobar esta semana el techo de gasto y la senda de déficit para los Presupuestos. Europa Press lo cuenta con el dato político clave: el Gobierno insiste después del rechazo del Congreso. Y ahí empieza el teatro. La derecha lo vende como cabezonería fiscal. Junts lo usa como palanca. El Gobierno lo presenta como responsabilidad. Y mientras tanto, los derechos se quedan esperando a que alguien consiga sumar votos sin convertir cada negociación en una subasta de agravios.
Desde una mirada progresista, conviene decir algo que a veces la izquierda maquilla demasiado: no basta con tener razón moral. Si quieres blindar políticas sociales, necesitas presupuestos. Si quieres transformar promesas en plazas de dependencia, ayudas al alquiler, trenes que funcionen o becas que lleguen a tiempo, necesitas números aprobados. La épica sin BOE acaba siendo pancarta. Y la pancarta sirve para empujar, pero no paga nóminas ni abre centros de salud.
Ahora bien, la otra trampa es comprar el marco de que cualquier gasto público es despilfarro por defecto. España no se rompe porque financie transporte en territorios insulares, porque mejore derechos laborales o porque sostenga servicios básicos. España se rompe más bien cuando la política convierte cada necesidad social en rehén parlamentario. Y sí: también se rompe cuando un Gobierno promete sin explicar bien prioridades, renuncias y calendarios.
La Moncloa enumera en la referencia del Consejo de Ministros acuerdos de muy distinto calibre: subvenciones de empleo, prevención de riesgos laborales, medidas de transporte, asuntos de igualdad, cultura y defensa. No todo tiene el mismo peso. No todo merece el mismo aplauso. Precisamente por eso el debate presupuestario debería salir de la caricatura. La izquierda no puede limitarse a decir “más recursos” como si el dinero creciera en los balcones de Hacienda. Tiene que explicar para quién, con qué control y qué resultados espera.
Pero la oposición tampoco debería tener barra libre para bloquear y después señalar que nada avanza. Si PP, Vox y Junts tumban la senda, están en su derecho parlamentario. Faltaría más. Pero también deberían asumir la parte adulta de la política: explicar qué alternativa fiscal defienden, qué recortarían, qué ingresos aceptan y qué servicios quedarían fuera. Votar no es gratis. Ni para el Gobierno ni para quien presume de ser muro de contención.
La palabra “estabilidad” se ha convertido en una broma amarga. Estabilidad no es que Sánchez sobreviva una semana más. Estabilidad tampoco es que Feijóo espere sentado a que todo caiga solo. Estabilidad debería significar que un país puede discutir sus cuentas sin tratar a los ciudadanos como extras de una serie de intrigas. Porque la gente no vive en el titular de la votación: vive en la lista de espera, en el alquiler, en el abono transporte y en el colegio público del barrio.
La izquierda debería defender los Presupuestos sin miedo, pero también sin arrogancia. Defenderlos como herramienta concreta, no como tótem. Y debería aceptar que negociar no es humillarse: es gobernar en un Parlamento fragmentado. La pregunta de fondo no es si hay déficit cero o gasto récord. La pregunta es si el dinero público cambia vidas de verdad o solo decora ruedas de prensa.
Si el Gobierno quiere ganar este pulso, que baje la jerga al suelo. Que diga quién gana, quién pierde, qué se financia y qué se aplaza. Y si la oposición quiere tumbarlo, que enseñe su hoja de cálculo. Menos patriotismo de atril y más cuentas abiertas. Porque los derechos, sin votos y sin presupuesto, son solo buenas intenciones con membrete oficial.