Cuando el monte arde, la política española suele hacer dos cosas a la vez: mandar recursos y buscar culpables. Lo primero salva vidas. Lo segundo, si llega demasiado pronto, solo añade humo al humo. La declaración de emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila coloca al Estado al mando de una parte crítica de la respuesta, con la Unidad Militar de Emergencias en la dirección operativa. No es un tecnicismo: significa que el incendio ha superado el tamaño cómodo de la bronca autonómica y exige coordinación real.
El Ministerio de Defensa explicó que la UME trabajó durante la noche en San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Burgohondo, con tareas de ataque directo, protección de viviendas y liquidación de puntos con riesgo de reactivación. Europa Press recogió que Interior activó la emergencia por la concurrencia de varios fuegos, las condiciones meteorológicas adversas, las evacuaciones preventivas y la amenaza sobre núcleos urbanos. En Ávila, la evacuación preventiva de siete localidades del Valle del Tiétar elevó la población afectada a decenas de miles de personas entre desalojos, confinamientos y avisos ES-Alert. Dicho claro: esto no iba de una rueda de prensa bonita, iba de sacar gente antes de que fuera tarde.
La prevención no cabe en un tuit
Desde una mirada progresista hay que decirlo sin rodeos: los incendios no se apagan solo con épica de emergencia. Se apagan también en invierno, con prevención, gestión forestal, empleo público suficiente, brigadas con condiciones dignas, coordinación entre administraciones y adaptación climática tomada en serio. Lo demás es apagar una casa sin preguntarse por qué el barrio entero está lleno de gasolina.
Por eso chirría que, en plena crisis, el debate salte tan rápido al eslogan. Santiago Abascal ha vinculado los “desastres repetidos” con la corrupción y el “fanatismo climático” del Gobierno, según Europa Press. Óscar Puente, desde el otro lado, ha acusado al PP de recortar impuestos y después pedir que el Estado resuelva la papeleta con la UME. Hay materia política ahí, claro que la hay. Pero conviene separar el dato de la pedrada. La emergencia existe, la UME está desplegada, las evacuaciones son reales y los pueblos afectados no necesitan una guerra de frases: necesitan mando, medios y verdad.
Servicios públicos, también cuando no salen en campaña
La izquierda debería aprovechar esta crisis para defender una idea sencilla: los servicios públicos no son una decoración ideológica. Son el camión que llega, la alerta que suena en el móvil, la carretera que se corta a tiempo, el polideportivo que acoge evacuados, la coordinación que evita que una administración mire a otra mientras el fuego avanza. Si se debilita todo eso durante años, luego no vale descubrir que el Estado común es imprescindible solo cuando aparece la columna de humo.
Ahora bien, tampoco basta con usar “servicios públicos” como conjuro. La ciudadanía tiene derecho a saber qué falló, qué funcionó, qué medios estaban disponibles, por qué se tomaron determinadas decisiones y cómo se reparará el daño. La transparencia no puede esperar a que el fuego se enfríe del todo, aunque la rendición de cuentas seria sí debe esperar a tener datos completos. Esa es la diferencia entre exigir responsabilidades y fabricar culpables.
También hay que hablar del clima sin convertirlo en sermón. España vive veranos cada vez más duros, con episodios de calor, sequedad y viento que hacen más compleja la extinción. Pero decir “cambio climático” no sustituye la limpieza de montes, los planes locales, la inversión y la gestión del territorio. Al contrario: obliga a hacer todo eso con más urgencia. Negarlo por reflejo cultural es irresponsable; usarlo para tapar errores concretos también.
La foto de Sánchez y Ayuso en un puesto de mando puede venderse como tregua institucional. Ojalá lo sea. Pero la verdadera tregua no se mide en una imagen, sino en si las administraciones comparten información, obedecen criterios técnicos, protegen a la población y dejan para después la parte más teatral de la pelea. En un país adulto, un incendio de esta magnitud debería abrir un debate exigente sobre prevención, financiación y coordinación. En un país agotado, abre una competición para ver quién coloca antes la culpa.
El listón, esta vez, tendría que estar más alto. Primero, vidas y pueblos. Después, datos. Y luego sí: responsabilidades políticas, presupuestarias y de gestión. Porque la mala leche puede esperar. El fuego, no.