Más de 1,3 millones de personas han presentado su solicitud en la regularización extraordinaria, según los datos que recoge El País. Detrás de esa cifra no hay una amenaza abstracta ni un titular para agitar el miedo: hay gente que ya está aquí, que ya madruga, que ya cotiza —o cotizaría si la ley se lo permitiera— y que sostiene sectores enteros que este país no sabría cubrir de otra forma. Pedir papeles no es pedir un favor: es pedir hacer con derechos lo que ya se hace sin ellos.
No es una invasión: es una cola para cotizar
Conviene decirlo sin rodeos, y sí, es una valoración incómoda para algunos: buena parte del llamado "debate migratorio" se construye sobre una ficción. Se habla de fronteras y de avalanchas cuando lo que hay sobre la mesa es un trámite administrativo para personas que llevan tiempo trabajando entre nosotros. Regularizar no abre ninguna puerta que no estuviera ya abierta de hecho; solo decide si quien la cruzó vive en la economía formal o en la sombra de la explotación.
Y ojo, porque nadie ha prometido que se aprueben todas las solicitudes: habrá expedientes que no cumplan los requisitos. Pero el marco importa. La pregunta no es si "regalamos" nada, sino si preferimos vecinos con contrato, nómina y sanidad, o trabajadores invisibles a merced de quien quiera pagarles menos que a nadie.
La economía ya votó hace tiempo
Mientras una parte de la política se enreda en el ruido, los números hablan claro. El País recoge datos de Funcas y del Banco de España sobre el peso de la migración en el crecimiento reciente: sin esos brazos y esas cabezas, el PIB del que todos presumen sería bastante más flaco. No es propaganda de nadie; es contabilidad.
Y no lo dicen solo los sindicatos, que reclaman derechos y advierten contra la explotación laboral. Lo dice también la patronal, que lleva tiempo avisando de que faltan trabajadores en el campo, en la hostelería, en los cuidados y en la construcción. Cuando empresarios y sindicatos coinciden en algo, a lo mejor el problema no son los inmigrantes, sino quien insiste en convertirlos en enemigos para no hablar de vivienda, de salarios o de servicios públicos.
El miedo se combate con derechos, no con silencio
Aquí está, a mi juicio, el corazón del asunto. Un trabajador sin papeles es un trabajador fácil de amenazar: no denuncia un impago, no reclama por un accidente, no se atreve a exigir un horario decente. Su miedo no es solo suyo; tira hacia abajo de las condiciones de todos, porque siempre habrá quien compita a la baja con quien no puede protestar.
Por eso regularizar es también una política laboral, y de las buenas. Más papeles significan más cotizaciones para las pensiones, más ingresos para el Estado, más gente con derecho a la sanidad y a la escuela pública que ya pagamos entre todos. El Gobierno ha acompañado el movimiento con un Plan de Integración y Ciudadanía dotado con 505 millones para 2026: una cifra que habrá que vigilar en su ejecución, pero que al menos reconoce algo elemental: la integración se planifica y se paga, no se improvisa a golpe de discurso.
Agilizar sin colapsar: el reto que no hay que esconder
Sería deshonesto vender esto como un camino de rosas. Existe un reto administrativo y jurídico real, y negarlo le haría un flaco favor a la propia causa. El Supremo valora incluso plantear al Tribunal de Justicia de la UE si el modelo encaja con el derecho europeo, según explican ABC y Público, mientras el Gobierno trabaja para agilizar al máximo los permisos, incluidos los provisionales, y que la gente no quede meses en el limbo.
Pero que nadie use esa complejidad como coartada. Un país capaz de gestionar millones de declaraciones de la renta cada primavera puede gestionar esto si le pone medios y personal. El riesgo no es regularizar de más; el riesgo es prometer papeles y luego dejar que la burocracia los ahogue, alimentando la frustración de la gente y el discurso de quienes esperan justo ese fracaso.
Menos miedo, más país
Al final, esto va de qué clase de país queremos ser. Uno que reconoce a quien ya trabaja, cotiza y cuida, y le da la seguridad de hacerlo con derechos; o uno que prefiere mantener a más de un millón de personas en la penumbra para poder seguir señalándolas cuando conviene. La primera opción es más justa y —esto también es opinión, aunque bien fundada— es la más rentable para todos. Los papeles no quitan: suman. Y quien ya sostiene este país merece dejar de hacerlo con miedo.