La política española lleva meses atrapada en una escena absurda: todos hablan de vivienda, dependencia, becas, transporte, salarios y servicios públicos, pero cada vez que toca ordenar las cuentas aparece el mismo teatro de vetos, amenazas y calculadoras. La senda de déficit vuelve al Consejo de Ministros después de caer en el Congreso con el rechazo de PP, Vox y Junts. Y conviene decirlo sin anestesia: sin presupuestos, los derechos se quedan en promesa.
EFE situaba para este martes la nueva aprobación de la senda de déficit 2027-2029, antesala de los Presupuestos Generales del Estado, después del primer revolcón parlamentario. Público ya había contado que el Gobierno insistiría con el mismo objetivo de estabilidad. Es decir: Moncloa vuelve a poner la pelota en el Congreso, pero el tablero sigue igual de roto.
Desde la izquierda hay una tentación peligrosa: convertir cada derrota parlamentaria en una prueba de maldad ajena. La derecha bloquea, Junts aprieta, Vox sobreactúa, sí. Pero gobernar en minoría no es escribir un hilo indignado. Gobernar es sumar votos, ceder donde toque y explicar a la gente qué se pierde cuando una mayoría tumba una pieza clave de las cuentas públicas.
Porque esto no va de una palabra técnica llamada “senda”. Va de algo mucho más pedestre: cuánto margen tendrá el Estado para financiar políticas que luego todos dicen defender en campaña. Si se quiere blindar vivienda pública, mejorar dependencia, sostener becas o reforzar servicios, hace falta una arquitectura presupuestaria. La épica no paga facturas.
También hay que exigir al Gobierno que no use lo social como escudo de cartón. No basta con repetir “escudo social” mientras se negocia tarde, se comunica mal o se confía en que los socios se moverán por miedo a elecciones. La ciudadanía no vive dentro del reglamento del Congreso. Vive en alquileres imposibles, listas de espera, contratos frágiles y barrios donde el transporte público decide si un trabajo es viable o no.
La izquierda debería defender los presupuestos como herramienta material, no como fetiche de partido. Eso implica enseñar las prioridades con nombres y apellidos: qué partida sube, qué programa se protege, qué comunidad recibe recursos y qué colectivo nota el cambio. Y también implica aceptar que negociar no es traicionar. Traicionar es dejar caer políticas necesarias por preferir un titular limpio a un acuerdo imperfecto.
La oposición, por su parte, tiene derecho a votar no. Faltaría más. Pero si el no es permanente, también debería explicar su alternativa. ¿Menos gasto? ¿Qué gasto? ¿Menos impuestos? ¿A cambio de qué recortes? ¿Más vivienda? ¿Con qué suelo, qué financiación y qué obligaciones? La política adulta empieza cuando el veto trae presupuesto alternativo, no cuando se limita a celebrar que el Gobierno tropieza.
El país no necesita otra semana de “Sánchez acorralado” contra “derecha irresponsable”. Necesita saber si en 2027 habrá cuentas para lo importante. Y si no las hay, quién decidió convertir los derechos en un cartel electoral sin dinero detrás.
Hay otra trampa: hablar de responsabilidad fiscal como si solo significara recortar por abajo. También es irresponsable tolerar que la vivienda se coma el sueldo, que la dependencia llegue tarde o que las becas sean una carrera de obstáculos. Cada euro mal gastado es un problema; cada euro que no llega donde debe, también. La izquierda debería ser la primera interesada en auditar, medir y limpiar gasto inútil, precisamente para que nadie pueda usar el despilfarro como excusa contra lo necesario.
Lo social no puede vivir de decretos sueltos y prórrogas eternas. Necesita estabilidad. Necesita que ayuntamientos, comunidades, universidades, centros de salud y familias sepan a qué atenerse. Si cada curso político empieza con la misma ruleta parlamentaria, los derechos se vuelven intermitentes: hoy hay anuncio, mañana bloqueo, pasado negociación agónica. Y la vida real no funciona con suspense semanal.
Por eso la pelea presupuestaria debería contarse menos como una novela de poder y más como una factura doméstica colectiva. Qué se ingresa, qué se gasta, qué se prioriza y qué se deja para después. La izquierda gana cuando baja del eslogan al recibo, cuando demuestra que un presupuesto no es una tabla fría, sino la forma concreta en que una sociedad decide no abandonar a quien llega peor a la ventanilla.