Hay una palabra que explica casi todo el debate español sobre la vivienda y que, curiosamente, no se pronuncia en sede oficial: casino. Durante dos décadas hemos tratado el techo bajo el que dormimos como una ficha sobre un tapete: un activo que se compra para que suba, que se alquila por noches a turistas o que se guarda vacío esperando la revalorización. Mientras tanto, una generación entera ha aprendido que emanciparse es un lujo y que firmar un alquiler es apostar el sueldo de la próxima década. No es un drama privado: es una decisión política sostenida en el tiempo.
Por eso conviene leer con atención lo que ha dicho la ministra Isabel Rodríguez. Según recogió La Moncloa, la titular de Vivienda sostiene que hay que reorientar 900.000 viviendas que hoy sirven al turismo o a la inversión hacia un uso residencial. La cifra es enorme y, dicha así, suena a puro sentido común. El problema es que el sentido común lleva demasiados años siendo el gran ausente de nuestras políticas de suelo.
Pedir por favor no es una política
La duda aparece en el segundo movimiento. Junto a ese diagnóstico, el Gobierno ha pedido ayuda a la banca para mejorar el acceso a la vivienda, asegurando —según informó El Nacional.cat— que se lo debe a la sociedad. Y aquí la izquierda tiene que ser honesta consigo misma: pedir colaboración a quien obtiene beneficio de la escasez no es una política de vivienda, es una expresión de buena voluntad. Y las buenas voluntades no han alojado nunca a nadie.
No se trata de señalar a cada entidad como culpable de todo, ni de fingir que el sector financiero es un bloque homogéneo. Sería injusto y, además, falso. Pero sí conviene recordar una obviedad: una empresa privada responde ante sus accionistas, no ante los inquilinos. Confiar la solución del mayor problema social del país a la generosidad de quien gana dinero con el problema es, como mínimo, ingenuo. Lo que se le debe a la sociedad no se salda con un ruego: se salda con reglas.
El truco de los pisos vacíos en el desierto
Conviene, eso sí, no caer en la trampa simétrica. Desde la derecha mediática se repite un argumento que tiene su parte de razón. Libertad Digital, por ejemplo, sostiene que los pisos vacíos no resuelven por sí solos el problema porque muchos están en la España despoblada, en comarcas de las que la gente se marcha. Es cierto. Un piso cerrado en un pueblo que pierde vecinos no rebaja un euro el alquiler en Madrid, Barcelona, Palma o la costa mediterránea. Negarlo sería mentir, y la izquierda no necesita mentir para tener razón.
Pero de esa verdad parcial se extrae una conclusión tramposa: como no todos los pisos vacíos sirven, mejor no tocar ninguno. Es el viejo truco de exigir la solución perfecta para no aplicar la solución posible. Que una parte del parque vacío esté donde no hace falta no convierte en irrelevante el que sí está donde la presión asfixia. Nadie serio defiende que movilizar vivienda baste por sí solo; lo que se defiende es algo más sencillo: que vivir vaya por delante de especular.
Sacar la vivienda del casino
Ese es el verdadero eje del debate, y no la simpatía o antipatía hacia la banca. La vivienda tiene que salir de la lógica del casino y volver a la lógica del hogar. Eso significa que el uso residencial sea la prioridad declarada y defendida, no una aspiración decorativa; significa que la inversión y el turismo no puedan competir en igualdad de condiciones con la familia que solo busca un sitio donde vivir. Donde hay un derecho constitucional en juego, el mercado no puede ser el único árbitro.
Reorientar cientos de miles de viviendas hacia el uso residencial no es un gesto que se ejecute en un fin de semana, y nadie debería vender ese espejismo. Esas 900.000 viviendas no están todas disponibles mañana, ni todas en las zonas donde más aprietan los precios. Pero marcan una dirección, y la dirección importa. Una cosa es reconocer la complejidad y otra muy distinta usarla como coartada para la parálisis.
La pregunta, al final, es de las que retratan a un gobierno: ¿la vivienda es un derecho que el Estado garantiza o una mercancía que el Estado se limita a observar? Si es lo primero, el camino no pasa por suplicar a la banca que tenga un buen día. Pasa por decidir, con todas sus consecuencias, que en este país las casas son para vivir. Lo demás, por mucho que se adorne de cifras millonarias, seguirá siendo lo de siempre: gestionar el casino fingiendo que se cierra.