Hay una forma elegante de enterrar una tragedia: convertirla en trámite. Expediente, forense, prórroga, aforamiento. Y mientras tanto, las familias cuentan sillas vacías y la política cuenta semanas.
La dana de Valencia no necesita más metáforas de agua. Necesita que el Estado diga, sin miedo al número, cuánta gente murió por la riada y por la cadena de avisos que no llegó a tiempo. Que casi dos años después todavía se estudie si el recuento sube de 232 a 240 no es meticulosidad científica: es el reverso de una gestión que prefirió el reloj político al reloj civil.
Cuando la defensa de un expresident dedica 66 páginas a negar el nexo entre el ES-Alert y los muertos, está haciendo política con el lenguaje de la abogacía. Es legítimo defenderse. No es legítimo pretender que la ciudadanía trague la idea de que una catástrofe de esa escala fue un accidente meteorológico sin responsables públicos. La lluvia no redacta protocolos. La lluvia no decide cuándo sale un mensaje a los móviles. La lluvia no elige si un alcalde recibe el aviso a las siete menos minutos o cuando el barranco ya se ha comido la calle.
La izquierda que merezca ese nombre no puede conformarse con hashtags de aniversario. Tiene que sostener tres exigencias aburridas y demoledoras: cifra cerrada de víctimas, calendario de instrucción que no se pudra y fin del escondite institucional detrás del aforamiento cuando lo que se discute es la cadena de mando. Las asociaciones de víctimas, al llevar la protesta a Alicante, han entendido algo que a veces olvida el periodismo de salón: la memoria también se desplaza. No se queda quieta esperando el próximo documental.
Hay quien pedirá “respeto institucional” como si respetar a las instituciones consistiera en no mirarlas. Al revés. Respetarlas es exigirles el mismo estándar que se exige a un hospital o a una centralita de emergencias: que funcionen cuando duele. Si la instrucción necesita prórrogas, que las pida con luz y taquígrafos. Si hay testigos de bomberos, diputación, confederación hidrográfica y alcaldes, que declaren sin el teatro de la victimización preventiva. Y si un cargo público aforado aparece en el centro del relato, que el aforamiento no se convierta en un colchón de plumas para diluir el nexo causal.
No se trata de linchar a un apellido. Se trata de no normalizar que en España una riada pueda convertirse en un laberinto de testigos donde el dolor familiar es el único dato estable. Si la democracia no sabe proteger a la gente una noche de octubre, al menos debe saber no diluir a los muertos en un limbo forense. Esa es la línea roja. Todo lo demás es ruido con corbata.
La política valenciana y la española se jugarán, otra vez, a ver quién llora mejor en el aniversario. Mejor que se jueguen a otra cosa: a cerrar el recuento, a sostener la instrucción y a dejar de tratar a las víctimas como un apéndice estadístico. Porque el agua ya bajó. El barro administrativo, no.
También conviene mirar el reverso mediático. Cada vez que la causa avanza, aparece el relato de la “caza al político”. Cada vez que se frena, aparece el relato del “olvido”. Ambos pueden ser ciertos a ratos y falsos como estrategia permanente. Lo que no puede ser falso es el dato humano: hay familias esperando saber si su pariente entra en la cifra oficial. Ese limbo es una segunda violencia, más fría, más burocrática, más difícil de fotografiar.
Por eso esta tribuna no pide un titular de venganza. Pide un estándar de país. Si España quiere hablar de Estado robusto en fronteras y en tipologías penales, que empiece por demostrar robustez cuando el enemigo es el agua y la incompetencia. La democracia se mide en las urnas, sí. También se mide en si un mensaje de alerta sale a tiempo y en si, dos años después, alguien todavía tiene que pelear para que un muerto cuente como muerto.