La tentación de la política de vivienda de izquierdas es sencilla: si hay un problema, publica una lista. Grandes tenedores, fondos, sociedades, NIF. Como si el mercado del alquiler se curase con un tablón de anuncios moral.
El Supremo acaba de poner un límite adulto a esa tentación en Cataluña. No ha dicho que la concentración de la propiedad sea un secreto de Estado. Ha dicho algo más fino y más útil: se puede estudiar el fenómeno con datos agregados sin convertir a 3.187 sociedades en un directorio de potenciales dianas. Cuando un “manual de la ocupación” sitúa la identificación del propietario como primer paso, fingir que el nombre es un dato inocente es ingenuidad militante o cinismo de despacho.
Hay quien llama “transparencia” a lo que en la práctica es un atajo para la okupación y el acoso reputacional. La derecha no defiende el privilegio de ocultar la realidad del alquiler; defiende que el Estado no fabrique inseguridad con excel bienintencionados. Si el 82% de las okupaciones del expediente afectaba a grandes tenedores, el debate no es si el dato existe: es si la Administración debe regalar la llave del candado al primer curioso con tiempo libre.
El Govern, mientras tanto, empuja registros y amenazas de multa de decenas de miles de euros por no entregar papeles que otras administraciones ya custodian. Da la sensación de que el problema de la vivienda se resuelve poniendo al propietario a hacer de becario de la burocracia bajo pena de embargo moral. Eso no construye un solo piso. Construye desconfianza, litigios y una industria de cumplimientos absurdos.
Cataluña puede —y debería— pelear la vivienda con oferta, seguridad jurídica y reglas claras. Lo que no puede es sustituir política por señalamiento. El inquilino necesita un contrato cumplible, no un mapa para cazar al casero. El propietario cumplidor necesita saber que el BOE no es una guía de asalto. Y el periodismo necesita datos, sí, pero no a costa de convertir cada sociedad en sospechosa por el hecho de existir.
La sentencia del 8 de septiembre no cierra el debate de la vivienda. Cierra una mala costumbre: creer que la dignidad del alquiler se construye publicando enemigos. Quien quiera más casas, que hable de suelo, fiscalidad y seguridad. Quien quiera más listas, que explique cómo piensa proteger al vecino cuando la transparencia se convierte en GPS.
Hay una izquierda que confunde vigilancia con justicia social. Hay una derecha que a veces confunde propiedad con impunidad. El punto adulto está en el medio incómodo: datos para gobernar, no listas para castigar; protección del inquilino sin convertir la ciudad en un tablero de caza. Si no se entiende eso, seguiremos discutiendo NIF mientras los jóvenes siguen sin llave.
Hay un argumento tramposo que conviene desmontar: “si no tienes nada que ocultar, publica el nombre”. Ese eslogan funciona en una cafetería y falla en una ciudad con tensión habitacional. La propiedad empresarial no es un delito. La concentración puede ser un problema de política pública y, aun así, merecer tratamiento estadístico en lugar de escarnio nominativo. El Derecho ya conoce esa distinción en padrones, rentas y datos sanitarios. Aplicarla al alquiler no es neoliberalismo: es higiene institucional.
Quien de verdad quiera bajar precios tiene deberes más duros que abrir un PDF de sociedades: más oferta, menos litigio eterno, reglas estables y un Estado que no confunda al casero con un enemigo de clase por defecto. El Supremo, al frenar la lista de 3.187 nombres, no ha salvado a los poderosos. Ha evitado que la transparencia se convierta en un arma improvisada. Eso, en una democracia adulta, también es proteger al inquilino del día después.