El Gobierno ha aprobado un techo de gasto de 226.032 millones de euros para preparar los Presupuestos de 2027 y lo presenta como una especie de escudo social tamaño XXL. La palabra elegida por La Moncloa es “blindar”. Suena bien. Nadie quiere un Estado débil cuando vienen mal dadas. El problema es que en España “blindar” demasiadas veces significa firmar un cheque político antes de explicar quién lo paga, con qué mayoría parlamentaria y a cambio de qué cesiones.

La referencia pública del Consejo de Ministros sostiene que el límite de gasto no financiero sube un 6,6% y permitirá reforzar vivienda, becas, dependencia, investigación y lucha contra la violencia machista. Son objetivos nobles. Precisamente por eso merecen algo mejor que convertirse en munición de campaña. Cuando todo se mete en el mismo saco de “más gasto social”, la discusión real desaparece: prioridades, eficiencia, impuestos, deuda y reformas.

Gastar más no es gobernar mejor

La política española lleva años atrapada en una competición infantil: unos prometen gastar más como si el dinero público naciera debajo de los ministerios; otros prometen bajar impuestos como si todos los servicios pudieran funcionar con aire acondicionado moral. La derecha no debería caer en la brocha gorda. Hay gasto necesario, y mucho. Dependencia, justicia, defensa, infraestructuras críticas, educación y sanidad no se sostienen con frases de sobremesa. Pero precisamente por eso conviene distinguir entre Estado fuerte y Estado tragaldabas.

El techo de gasto es el primer marco de los Presupuestos, no el presupuesto completo. Aun así, manda una señal política: el Gobierno quiere llegar a 2027 con la chequera por delante. Y llega, además, en una legislatura en la que cada votación exige negociar con socios que tienen agendas territoriales propias. Ahí aparece la pregunta incómoda: ¿esto es una estrategia nacional o una cesta de pagos para ir sobreviviendo semana a semana?

El PP ya ha olido sangre en ese flanco. En su web, el partido recoge declaraciones de Miguel Tellado avisando de que frenará una financiación autonómica usada, según su marco, para “comprar” escaños. Es una acusación política, no una prueba judicial, y conviene no confundir lo uno con lo otro. Pero el fondo del debate existe: si el Gobierno quiere más gasto, más margen autonómico y más acuerdos parlamentarios, debe explicar las reglas con luz larga, no a golpe de necesidad aritmética.

España no necesita otro presupuesto-eslogan

Un país serio no decide su política fiscal como quien monta un escaparate. Si vivienda es prioridad, que se diga qué medidas funcionan y cuáles solo encarecen más el problema. Si dependencia es prioridad, que se financie con estabilidad y evaluación. Si investigación es prioridad, que no dependa del titular de un martes. Y si las comunidades autónomas van a recibir más recursos o nuevos objetivos de déficit, que se hable claro: qué recibe cada una, por qué, con qué condiciones y qué reformas se exigen a cambio.

Desde una mirada liberal-conservadora, el peligro no es que el Estado gaste. El peligro es que gaste sin disciplina y luego llame solidaridad a cualquier factura. Los contribuyentes no son una cantera infinita. Las pymes, los autónomos y las familias que ya viven apretadas también son país. Y cuando se dispara la expectativa de gasto sin una mayoría presupuestaria sólida, el resultado suele ser doble: más propaganda y menos confianza.

El Gobierno tiene derecho a intentar unos Presupuestos expansivos. La oposición tiene la obligación de fiscalizarlos sin convertir cada partida social en comunismo con membrete. Pero la exigencia mínima debería ser común: números claros, compromisos medibles y menos teatro. Porque blindar el Estado del bienestar no consiste en anunciar la cifra más alta posible. Consiste en que el sistema aguante sin convertir cada presupuesto en una subasta de poder.

España necesita cuentas públicas ambiciosas, pero también adultas. Si el Ejecutivo cree que su plan mejora el país, que lo baje del eslogan al contrato: objetivos, calendario, evaluación y coste. Lo demás es vender protección sin enseñar la letra pequeña, justo cuando más falta hace confianza.