Hay amnistías que se venden como reconciliación y otras que se ejecutan como cierre de caja. La del Tribunal de Cuentas con los gastos del procés entra, a estas alturas, en la segunda categoría. Según ABC y la Cadena SER, el órgano fiscalizador ha encarrilado la aplicación de la ley de amnistía a los 35 antiguos altos cargos de la Generalitat investigados por el dinero del 1-O y de la acción exterior independentista.
La lista no es simbólica. Beneficiará, entre otros, a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Toni Comín, Lluís Puig y Dolors Bassa. La resolución formal puede llegar en las próximas semanas —este mes o a comienzos de octubre—, pero el sentido del golpe ya está decidido: se apaga el procedimiento contable.
3,4 millones… y el resto, silencio
La demanda contra esos 35 excargos reclama unos 3,4 millones de euros, aproximadamente un tercio de los nueve millones que en su día se garantizaron con fianzas. No es el botín de una novela de piratas. Es dinero público disputado durante años por la organización del referéndum ilegal de 2017 y por la promoción exterior del proyecto separatista entre 2011 y 2017.
Cuando la amnistía se aplique del todo, ese contencioso se cierra. No porque un juez haya dicho “aquí no hubo desvío”. Se cierra porque una ley política, avalada en julio por el TJUE en la medida en que no toca intereses financieros de la UE, manda archivar. Europa no dijo que el 1-O fuera limpio. Dijo que el Derecho de la Unión no se oponía a esa amnistía española en ese punto. No es lo mismo, aunque el relato oficial lo confunda a propósito.
Primero dilatar, luego firmar
El propio Tribunal de Cuentas no aplicó la norma el día después del fallo europeo. El 21 de julio abrió un trámite de alegaciones sobre si había fondos comunitarios en la financiación del procés. La Fiscalía del órgano lo tildó de “improcedente e innecesario” y de posible vía para dilatar la amnistía. El fiscal Manuel Martín-Granizo recordó que ni el TJUE, ni el Supremo ni los propios papeles del tribunal apuntaban a dinero europeo: las partidas controvertidas figuraban como fondos de la Generalitat.
La Generalitat de Salvador Illa pidió el archivo y el levantamiento de cautelares. ERC celebra el avance como “buena noticia” tras años de amenaza patrimonial. En el otro lado, Societat Civil Catalana reclamó rastrear el origen de casi 5 millones en catorce partidas antes de amnistiar. No afirmó tener la prueba del siglo; pidió no apagar la linterna. Esa es la diferencia entre un Estado que liquida cuentas y un Estado que liquida expedientes.
El contraste con otras piezas del tablero es elocuente. El Tribunal Supremo sigue sin aplicar la amnistía a la malversación en su lectura más dura. El TSJC ha rechazado amnistiar a cargos como Josep Maria Jové en el tramo que le corresponde. El Constitucional aún tiene que deliberar amparos. Y, mientras tanto, el brazo contable del Estado —precisamente el que mira facturas, no eslóganes— se alinea con el cierre.
Lo que se pierde de verdad
Se puede debatir la utilidad política de la amnistía. Se puede hablar de convivencia, de mayorías parlamentarias o de la presión de los socios. Lo que no se puede hacer es fingir que borrar la responsabilidad contable es un detalle técnico inocuo. Si el dinero público se movió para un referéndum ilegal y para una diplomacia paralela, la ciudadanía tenía derecho a un relato contable cerrado con nombres, partidas y reintegros. La amnistía no aclara ese relato: lo archiva.
Tampoco es menor el mensaje institucional. Durante años se dijo que “pagarían” y que “no habría impunidad económica”. Ahora el mensaje práctico es otro: si la ley de ocasión llega a tiempo, la caja se cierra aunque el rastro no se haya limpiado del todo. Eso no reconcilia a nadie que pague impuestos en Lleida, en Murcia o en Madrid. Enseña que la contabilidad del Estado también puede doblarse cuando el precio político es alto.
Quien celebre esto como victoria democrática debería explicar por qué la victoria necesita apagar la calculadora. Quien lo critique no necesita demonología: bastan las cifras del expediente, el listado de beneficiarios y el hecho de que la pelea ya no es “quién pagó el 1-O”, sino “quién consiguió que dejara de importar”.
En las próximas semanas llegará el papel firmado. Habrá titulares de alivio en un bando y de indignación en el otro. El fondo será el mismo: la amnistía no solo borra delitos en disputa; también entierra la factura. Y un país que entierra facturas públicas no vuelve más unido. Vuelve más cínico.