Hay amnistías que se discuten en el Congreso con adjetivos gordos y hay amnistías que se cuecen en un despacho de contabilidad pública. Esta semana toca la segunda. El Tribunal de Cuentas encamina la aplicación de la ley de amnistía a 35 antiguos altos cargos de la Generalitat investigados por los gastos del 1-O y de la acción exterior del procés, según ABC, El Correo y Cadena SER. No es el titular del Constitucional sobre un amparo concreto: es el cierre de la factura.
Los nombres que repiten las crónicas no son menores: Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y exconsellers como Raül Romeva, Toni Comín, Lluís Puig o Dolors Bassa, entre una treintena de responsables. La causa contable llevaba años con fianzas millonarias y partidas discutidas. ABC sitúa la demanda actual en torno a 3,4 millones —aproximadamente un tercio de los cerca de nueve millones que llegaron a garantizarse—. El Mundo y El Correo hablan de un paquete cercano a los cinco millones en gastos examinados. Sean 3,4 o casi 5, el debate ya no es metafísico: es dinero.
El empujón jurídico vino de Luxemburgo. El 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que el Derecho de la UE no se opone a la amnistía y descartó que aquellas actuaciones afectaran a los intereses financieros europeos, recuerdan SER, ABC y El Correo. Aun así, el Tribunal de Cuentas no pulsó el botón automático: reabrió un plazo de alegaciones para mirar el origen de los fondos. Sociedad Civil Catalana pidió no archivar sin comprobar si alguna partida —El Mundo cita unos 4,97 millones— tocó recursos europeos.
Y aquí aparece el dato que enfurece a la derecha liberal-conservadora y que El Mundo pone este domingo en portada política: un escrito de la Abogacía de la Generalitat que preside Salvador Illa reclama aplicar la amnistía y dejar atrás la reclamación. La clave, según ese diario, no es solo jurídica. La Generalitat es la administración señalada como perjudicada en la causa contable. Si el Govern del PSC pide el archivo, quien podría reclamar el reintegro está diciendo, en la práctica, que no quiere seguir tirando de la manta del reembolso.
Cadena SER encaja el movimiento en una secuencia: el Govern ya había pedido el «cierre definitivo» y el levantamiento de cautelares; el órgano fiscalizador, tras reunirse, prepara una resolución en semanas. No es un tuit de campaña. Es el Estado autonómico —ahora con un president socialista— empujando a que la ley de amnistía borre también la contabilidad del procés. Para criticar a Illa no hace falta inventarle un delito: basta con leer el incentivo político. Estabilidad en Cataluña, socios independentistas en Madrid y una factura que deja de perseguirse.
Quien defienda la amnistía hablará de convivencia y de acatar un marco legal avalado en Europa. Quien la combate en clave de cuentas públicas verá otra cosa: un precedente en el que la malversación contable —que no es lo mismo que una sentencia penal firme ya ejecutada en esta pieza— se evapora cuando el poder político deja de reclamar. El Tribunal de Cuentas no es un mitin. Si archiva, archiva con sello. Y el sello llega después de que el Govern de Illa haya dicho, con papeles, que tire para adelante.
Conviene no mezclar este expediente con el reloj del Constitucional sobre amparos penales, aunque corran en paralelo. Aquí el conflicto es más prosaico y, por eso, más duro de tragar para una parte del país: ¿se devuelve o no se devuelve el dinero público ligado al 1-O y a la promoción exterior del independentismo? Mientras la resolución formal no se notifique, el desenlace apunta a amnistía contable. La pregunta política ya está sobre la mesa: cuánto está dispuesto el PSC a pagar, en memoria institucional, por cerrar el procés también por la vía del talonario.