El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia del PSOE sobre la gestión de hospitales madrileños. La noticia, adelantada y recogida por varios medios el 3 de agosto, afecta al frente político abierto contra el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid y, en concreto, a las críticas sobre hospitales de gestión indirecta y el sistema de facturación entre centros.
El matiz es imprescindible: archivar una denuncia no convierte automáticamente una política pública en ejemplar, ni borra el debate sobre privatización, listas de espera o calidad asistencial. Lo que sí significa es que el órgano fiscalizador no ha visto base suficiente, en ese expediente, para seguir adelante con las “posibles irregularidades” denunciadas. Y eso, políticamente, es un golpe para quien había presentado el caso como una prueba de cargo.
La Comunidad de Madrid y su entorno lo venderán como una absolución total del modelo Ayuso. La izquierda madrileña responderá que el problema de fondo sigue ahí: cuánto dinero público termina en operadores privados, con qué controles y con qué resultados para el paciente. Las dos cosas pueden convivir. Una denuncia archivada reduce munición jurídica; no clausura una discusión ideológica.
Cuando la denuncia sustituye al programa
Desde una lectura liberal-conservadora, el aviso para el PSOE es bastante claro: si se judicializa cada batalla de gestión y luego el expediente cae, el ataque vuelve como un bumerán. Criticar un modelo sanitario es legítimo. Fiscalizar contratos públicos, también. Pero convertir cada sospecha en un relato de escándalo permanente exige una carga probatoria que no se puede improvisar en rueda de prensa.
Madrid tiene problemas reales en sanidad, como los tienen muchas comunidades. Hay tensión en la atención primaria, saturación, listas de espera y una guerra política que lleva años contaminando cualquier dato. Precisamente por eso conviene no mezclarlo todo. Si el debate es si un modelo de colaboración público-privada funciona mejor o peor, hablemos de costes, tiempos, resultados y satisfacción de los pacientes. Si el debate es si hubo irregularidades contables, entonces hacen falta papeles sólidos y órganos competentes.
El archivo por el Tribunal de Cuentas no debería usarse como barra libre para la propaganda contraria. No prueba que todas las decisiones de Madrid hayan sido perfectas. No prueba que Quirón, Ribera Salud o cualquier operador privado sean intocables. Y no prueba que el sistema no deba auditarse. Prueba algo más limitado, pero importante: esta denuncia concreta no ha prosperado.
La izquierda necesita fiscalizar mejor
Para una oposición seria, la conclusión no debería ser “dejemos de mirar”. Debería ser “miremos mejor”. Las políticas públicas se combaten con datos, auditorías comparables y propuestas alternativas que el ciudadano pueda entender. Si la izquierda quiere discutir sanidad madrileña, tiene un campo enorme: plantilla, tiempos de espera, derivaciones, inversión por habitante, continuidad asistencial. Lo que no puede hacer es fiarlo todo a titulares que dependen de que un órgano externo confirme la sospecha.
La derecha, por su parte, haría mal en confundir archivo con cheque en blanco. La gestión de dinero público exige explicaciones aunque no haya reproche contable. Y cuando hay hospitales, empresas privadas y facturas cruzadas, la transparencia no es una concesión a la oposición: es higiene democrática.
La noticia deja una lección bastante simple. La política española se ha acostumbrado a convertir los órganos de control en árbitros del relato diario. Si archivan, unos gritan victoria. Si investigan, otros gritan condena. Y entre medias queda lo importante: saber si el dinero público compra mejores servicios o solo mejores trincheras.