El turno de oficio ha vuelto a entrar en campaña, pero esta vez con una ventaja: no hace falta exagerar para ver el problema. Cada 12 de julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. La Abogacía Española lo presenta como una labor de miles de profesionales, 24 horas al día, 365 días al año. Y el PP ha aprovechado la fecha para registrar una proposición no de ley en el Congreso.
La propuesta popular pide reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, actualizar baremos y asegurar indemnizaciones dignas para quienes sostienen un servicio que el Estado presume mucho y paga bastante menos de lo que debería, según denuncia el partido.
El derecho sale caro aunque sea gratis
La justicia gratuita no es un favor. Es la forma práctica de que una persona sin recursos pueda defenderse sin quedar aplastada por el coste de un procedimiento. Si eso falla, la igualdad ante la ley se convierte en una frase bonita para placas institucionales.
El PP sostiene que el Ministerio de Justicia mantiene sin actualizar de forma efectiva los baremos desde 2003 y habla de una pérdida de poder adquisitivo cercana al 40%. También reclama pagos mensuales para evitar retrasos a colegios profesionales y abogados, y que la asistencia se indemnice aunque después no se reconozca el derecho al justiciable.
Un servicio público no vive de discursos
Aquí hay una contradicción muy española: todos los gobiernos quieren salir en la foto defendiendo derechos, pero demasiadas veces esperan que alguien los garantice con vocación, paciencia y facturas pendientes.
El turno de oficio funciona porque hay abogados que acuden a comisarías, juzgados y guardias cuando nadie más aparece. El problema es que la épica no paga alquileres, ni seguros, ni cuotas, ni horas de madrugada. Si el sistema depende de aguantar por orgullo profesional, el sistema está mal diseñado.
El Estado no puede presumir de derechos fundamentales mientras regatea a quienes los hacen posibles en la puerta del juzgado.
La cifra que incomoda
Según la información difundida por el PP y recogida por agencias, los letrados adscritos al turno de oficio habrían caído un 14,14% en los últimos cinco años. Es una señal seria, no un detalle gremial. Menos profesionales significa más tensión, más demoras y peor atención para quien llega al sistema sin dinero ni contactos.
La iniciativa no convierte automáticamente al PP en salvador de la justicia gratuita. Habrá que ver texto, votos, presupuesto y voluntad real. Pero sí coloca una pregunta incómoda sobre la mesa: si este servicio es esencial, ¿por qué se financia tantas veces como si fuera accesorio?
Menos pancarta y más BOE
El Gobierno puede responder que ha reforzado la justicia por otras vías. Puede hacerlo. Pero en este caso la discusión es concreta: asistencia jurídica gratuita, turno de oficio, baremos, pagos y reconocimiento profesional.
Y ahí la respuesta no debería ser un comunicado con palabras grandes. Debería ser una reforma medible. Con dinero. Con calendario. Con obligaciones. Porque una democracia no se mide solo por los derechos que proclama, sino por lo fácil o difícil que se lo pone al ciudadano que tiene que usarlos cuando está contra la pared.
Si el turno de oficio se agota, los primeros en notarlo no serán los ministros ni los diputados. Serán los de siempre: quienes no pueden pagar un abogado privado y aun así necesitan que la ley les escuche.