El último informe patrimonial de la UCO sobre Santos Cerdán mete otra piedra en la mochila política del PSOE. Según la información publicada por RTVE y Antena 3, la Guardia Civil sostiene que el exsecretario de Organización socialista y su entorno familiar dispusieron de más de 300.000 euros de origen desconocido o no declarado entre 2015 y 2024. La cifra concreta que recogen esos medios, atribuida al informe policial, es de 323.178,41 euros en “beneficios”.

Conviene decirlo desde el primer renglón: esto no es una sentencia. Cerdán está investigado y las conclusiones policiales deberán pasar por el filtro judicial. Pero políticamente el golpe ya existe. Porque no hablamos de un concejal perdido en el mapa, sino de quien fue número tres del PSOE, un cargo con acceso a la maquinaria interna del partido y a la fontanería de las mayorías parlamentarias.

El problema no es solo la cifra

La UCO, siempre según esas informaciones, sitúa parte de esos posibles ingresos en pagos, nóminas o ventajas vinculadas al entorno de Koldo García, Patricia Uriz, Servinabar y el empresario Antxon Alonso. También apunta a ingresos en efectivo de origen “aparentemente desconocido” por 18.261,56 euros entre 2014 y 2017 y a una nómina percibida por la esposa de Cerdán en Lorgen Genética, empresa vinculada a Servinabar, por 18.730 euros entre 2023 y 2024.

El detalle que más daño hace en términos políticos es la conexión temporal que subraya el informe: los mayores beneficios se habrían concentrado entre 2019 y 2023, etapa que coincide con José Luis Ábalos al frente de Transportes y con Cerdán sustituyéndole como secretario de Organización del PSOE. La UCO también habría destacado el peso de Acciona en los ingresos de Servinabar: Antena 3 recoge 8,6 millones de euros de ingresos entre 2015 y 2025, de los que 7,5 millones procederían de Acciona, un 87,04%.

La derecha huele sangre, pero el juicio político no sustituye al judicial

Desde una mirada exigente con el poder, la respuesta no puede ser esconderse detrás del “ya decidirán los jueces” como si eso borrara la responsabilidad política. Un partido que gobierna no puede limitarse a esperar autos y recursos cuando su antigua cúpula aparece rodeada de informes patrimoniales, adjudicaciones investigadas y dinero sin explicar de forma clara.

Ahora bien, la otra trampa sería convertir cada línea de un informe policial en condena firme. La política tiene derecho a pedir explicaciones; el periodismo tiene obligación de contar lo que se conoce; y la justicia debe separar indicios, pruebas y responsabilidades. Saltarse ese orden puede dar titulares muy rentables, pero también envenena el debate público.

El PSOE tiene un problema de credibilidad que no se arregla con una frase de manual ni con señalar a la oposición. Si la tesis de la limpieza institucional quiere sobrevivir, debe haber transparencia interna, distancia real con los investigados y una explicación política que no trate a los ciudadanos como si fueran hinchas obligados a defender la camiseta.

Lo que queda por aclarar

Quedan preguntas importantes: qué parte de lo descrito por la UCO podrá probarse judicialmente, qué sabía cada nivel del partido, qué relación exacta hubo entre las empresas citadas y las adjudicaciones investigadas, y si el dinero señalado tiene una explicación documentada que desmonte las sospechas. Hasta que eso se aclare, la prudencia jurídica es obligatoria. La exigencia política, también.

La democracia no se rompe porque un informe incomode al Gobierno. Se rompe cuando los partidos convierten la rendición de cuentas en un trámite insoportable. Y aquí hay demasiadas sombras como para pedirle al país que mire a otro lado.

Fuentes y contexto