Dieciocho millones no son un “error de Excel”. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de UGT-A y confirma en casación que el sindicato debe reintegrar a la Junta de Andalucía 18,3 millones de euros por irregularidades en cursos de formación anteriores a 2009: 13,1 de principal y 5,2 de intereses. Dinero pensado para formar a parados. Dinero que la Justicia dice que se gestionó fuera de juego.
El Español resume el fallo de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso: se confirma la sentencia del TSJA de 2023. Había 240 cursos ligados a una subvención. Los cursos se impartieron, dice la historia judicial, pero UGT-A no respetó el procedimiento. Subcontratación no autorizada con sociedades instrumentales del propio sindicato. Salarios de docentes fijados a dedo. Infracciones de “notable gravedad”, en palabras del TSJA que el Supremo no tumba.
El expediente que dormía en un cajón
El reintegro no nace en un tuit de la derecha. El expediente administrativo lo abrió la Junta cuando aún gobernaba el PSOE, el 16 de septiembre de 2015, en medio del escándalo de la formación que salpicó incluso al entorno de Susana Díaz. Luego el papel se enfrió. En 2019, con Juanma Moreno ya en San Telmo, el nuevo Ejecutivo lo encontró cerca de la prescripción y lo reactivó. El 14 de octubre de 2019 desestimó recursos del sindicato y reclamó el dinero. UGT-A fue a los tribunales. Perdió lo gordo. Ahora pierde la casación.
Desde el marco liberal-conservador el relato no necesita adornos moralistas de barra. Es contabilidad pública: si cobras subvención, justificas como manda el BOE, no como manda la casa. Cuando un sindicato confunde aparato y aula, el contribuyente andaluz no es un figurante. Es el pagador. Y el Supremo, al cerrar la vía contencioso-administrativa, dice que esa factura no se esfuma por antigüedad ni por cambio de siglas en la planta.
La sombra de los otros 40 millones
Esto no es el único frente. UGT-A espera otro recurso ante el Supremo contra una sentencia penal de la Audiencia de Sevilla (2024) que le atribuye responsabilidad civil subsidiaria en un fraude de formación de unos 40 millones, con condenas a exdirigentes por fraude en subvenciones y falsedad. Si los condenados no pagan, el sindicato puede acabar pagando por ellos. Las actuales direcciones heredan el agujero de otras. Eso no borra el agujero: lo traslada al balance.
La derecha institucional lo leerá como prueba de un modelo de “formación clientelar” que durante años trató el erario como extensión del local. La izquierda sindical pedirá no mezclar a la afiliación de hoy con las cúpulas de ayer. Ambas frases pueden pronunciarse en el mismo telediario. Solo una encaja con el fallo firme de casación: hay que devolver 18,3 millones.
Qué cambia y qué no
Cambia el suelo jurídico del reintegro contencioso: el Supremo cierra la puerta a UGT-A en este expediente. No cambia, por sí solo, el desenlace del otro bloque penal de ~40 millones ni convierte cada curso de 2026 en sospechoso. Cambia el mensaje de campaña sin mitin: la formación ocupacional no es un cajero automático del sindicalismo. Y cuando la Justicia marca “notable gravedad”, el debate deja de ser de eslóganes y pasa a ser de recibo.