El plantón autonómico deja a la universidad pública atrapada entre incendios y guerra de partidos

La política española ha encontrado una forma bastante absurda de mezclar incendios, universidades y nóminas: dejar en el aire fondos para profesorado público mientras todos se acusan de deslealtad. Las comunidades gobernadas por el PP no acudieron a la Conferencia General de Política Universitaria convocada para repartir cerca de 150 millones de euros del programa María Goyri. El Gobierno habla de bloqueo. Las autonomías populares dicen que, con incendios activos y recursos movilizados, la prioridad era otra. En medio quedan miles de profesores ayudante doctor y unas universidades que ya llegan al curso con la lengua fuera.

El País cifra el paquete en 149,6 millones para financiar el sueldo de 3.400 profesores. elDiario.es habla de 3.500 docentes afectados por el programa. La diferencia numérica responde al enfoque de cada información, pero el fondo es el mismo: se trataba de cofinanciar contrataciones en universidades públicas derivadas de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. No era una tertulia decorativa; era una reunión para que el dinero pudiera empezar a moverse.

Las once comunidades del PP se ausentaron de la cita universitaria, según recogen El País y El Mundo. Algunas ya habían pedido aplazar la reunión alegando la emergencia por los incendios, y después se sumó el resto. También se canceló otra reunión sectorial de Educación por falta de asistencia suficiente, donde había sobre la mesa fondos y planes vinculados a Formación Profesional, inclusión escolar y otros programas educativos.

El argumento popular tiene una parte atendible y otra que chirría. Atendible: cuando hay incendios, evacuaciones y servicios de emergencia trabajando al límite, un gobierno autonómico debe estar concentrado. Chirría: la reunión de Universidades era telemática, de duración prevista breve y, según el Ministerio, permitía que asistiera otro alto cargo si el consejero no podía. Si una administración no puede mandar a nadie a una videollamada de media hora para desbloquear 150 millones, el problema no es solo el fuego.

Universidades sostiene que la ausencia impidió iniciar el procedimiento administrativo para transferir el dinero. El País añade que el reparto ya había sido acordado por unanimidad y que el reglamento exigía la presencia de la mitad más uno de las comunidades para constituir válidamente el pleno. Solo asistieron regiones gobernadas o cogobernadas por el PSOE, además de País Vasco, Navarra y Canarias en la reunión universitaria, según las informaciones consultadas.

La derecha puede acusar al Gobierno de mala planificación y de meter reuniones sensibles en plena crisis de incendios. Ese reproche no es descabellado si la coordinación territorial se convoca con prisas y sin cuidar el contexto. Pero usar la emergencia como comodín para suspender debates que afectan a nóminas y plantillas universitarias es peligroso: los incendios no deberían convertirse en un botón de pausa para todo lo que políticamente incomoda.

La izquierda, por su parte, no debería limitarse a gritar “boicot” y seguir andando. Si el programa María Goyri es importante para rejuvenecer plantillas, reducir precariedad y sostener la docencia pública, el Gobierno tiene que explicar mejor por qué esos fondos llegan así, con este calendario y con tanta dependencia de una foto multilateral. Las universidades necesitan dinero estable, no una batalla de comunicados entre ministerios y consejerías.

Lo grave es que el daño práctico siempre cae lejos de quien da la rueda de prensa. Un consejero se ausenta, una ministra denuncia, un partido acusa al otro de sectarismo. Pero quien espera contrato, nómina o refuerzo docente no vive de argumentarios. Si septiembre arranca con plantillas congeladas por una pelea de verano, la factura no la pagará Génova ni Moncloa: la pagarán las aulas.