El decreto de vivienda se juega en la letra pequeña: Junts pide peaje y los inquilinos esperan

El Gobierno quiere cerrar julio con un decreto-ley de vivienda bajo el brazo. La intención, según publicó Demócrata, es llevarlo al último Consejo de Ministros del mes, previsiblemente el día 28, con acuerdo o sin acuerdo totalmente atado. Traducido a lenguaje de calle: Moncloa quiere llegar a agosto pudiendo decir que ha hecho algo frente al alquiler, aunque luego venga la parte de verdad, que es conseguir que el Congreso no lo tumbe.

La aritmética vuelve a mandar más que los discursos. Demócrata recuerda que PP, Vox y UPN suman 171 votos en contra, de modo que sin Junts la convalidación se vuelve prácticamente imposible. Y ahí aparece el peaje político que más incomoda a la izquierda del Gobierno: infoLibre sitúa en el centro del debate los incentivos fiscales a los caseros que exige Junts para acordar el decreto. No es un detalle menor. Es la frontera entre vender el paquete como escudo para inquilinos o como una negociación donde también se endulza la factura al propietario.

El inquilino espera; el casero negocia

El problema de fondo no necesita mucha poesía. infoLibre recuerda que alrededor de un 26% de la población vive de alquiler en España y que los precios disparados, sumados a la escasez de oferta, alejan la compra de una vivienda para muchos bolsillos medios. En ese contexto, el Gobierno había puesto sobre la mesa medidas como subir al 21% el IVA de los pisos turísticos y recuperar la prórroga de alquileres defendida por Sumar, una prórroga que cayó en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts.

La izquierda puede leer este movimiento de dos maneras. La amable: más vale sacar un decreto imperfecto que quedarse otra vez en la pancarta. La dura: si la llave de la política de vivienda la tienen quienes piden incentivos fiscales al propietario, el inquilino empieza la negociación sentado en la silla pequeña. Y eso, por mucho que se envuelva en pragmatismo parlamentario, deja una foto incómoda.

Junts no regala votos: cobra posición

Conviene no fingir sorpresa. Junts no está en el Congreso para rescatar gratis la agenda social del Gobierno. Si sus votos son imprescindibles, intentará convertirlos en condiciones. La pregunta política es qué condiciones acepta el Ejecutivo sin desdibujar el objetivo del decreto. Una cosa es introducir incentivos para que salgan viviendas al mercado con límites claros y otra muy distinta es aprobar una rebaja fiscal que acabe premiando al mismo mercado que ha convertido el alquiler en una carrera de obstáculos.

Demócrata también apunta a otro movimiento táctico: el Gobierno querría llevar la votación de convalidación a septiembre, aprovechando los plazos constitucionales y parlamentarios. Eso permitiría alargar la aplicación inicial de la norma y evitar una sesión de agosto con foco político raro. Pero tampoco cambia lo esencial: en septiembre habrá que contar votos y explicar el contenido real, no solo el titular.

Patxi López, desde el PSOE, ha defendido estos días que el Gobierno quiere movilizar recursos para políticas públicas, incluida vivienda. La frase sirve para el relato, pero el decreto será juzgado por otra cosa más simple: si baja presión a quienes pagan alquiler o si se queda en una pieza de ingeniería parlamentaria para sobrevivir al calendario. La vivienda ya no admite comunicados épicos. Admite llaves, contratos y recibos a final de mes.