El voto de los españoles residentes ausentes —el conocido como censo CERA— se ha convertido en el nuevo frente de la política nacional. El PP y Vox denuncian un riesgo de «ingeniería electoral» de cara a las próximas generales; el Gobierno lo despacha como una «reparación histórica» y acusa a la oposición de buscar fantasmas. Entre ambos relatos hay algo menos ruidoso, pero más importante: cómo cambia el censo, con qué reglas y con qué garantías de trazabilidad.
El punto de partida lo puso Infobae en una pieza publicada el 1 de julio. Según ese medio, el padrón de electores en el exterior habría crecido en 375.027 inscritos desde julio de 2023, un 16,1% más, y el incremento podría acercarse a los 600.000 votantes adicionales para los próximos comicios. El total rozaría los tres millones de inscritos. Son cifras que el propio Infobae atribuye a datos del INE, no un cálculo de esta redacción.
No es la «ley de nietos», es lo que vino después
Conviene deshacer un equívoco. La llamada «ley de nietos» no es una norma independiente: es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones, según detalla Infobae. Aquella disposición abrió la puerta a la nacionalidad para hijos y nietos de españoles nacidos fuera cuyos ascendientes perdieron o renunciaron a la nacionalidad por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación sexual durante la Guerra Civil y la dictadura.
El matiz decisivo, siempre según Infobae, llegó después: una instrucción administrativa habría eliminado en la práctica la exigencia de acreditar una persecución política concreta para los descendientes de españoles salidos del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Dicho de otro modo: lo que el legislador ató como excepción, una instrucción lo habría transformado en regla amplia. No es una resolución judicial; es lo que describe el medio.
El resultado, en volumen, es llamativo. El plazo definitivo se cerró el 22 de octubre de 2025 con 2,4 millones de peticiones de cita y 1,2 millones ya tramitadas en oficinas consulares, con una tasa de denegación del 2%.
La adscripción por defecto y por qué Madrid entra en la ecuación
Obtener la nacionalidad no basta para votar: hace falta, además, registrarse como residente en una demarcación consular. Y aquí aparece el mecanismo que ha encendido el debate. Según Infobae, el formulario permite adscribirse a una provincia por «otros motivos» y, cuando no se acredita arraigo en un territorio concreto, la adscripción por defecto queda en la Comunidad de Madrid.
Nadie sostiene —tampoco esta redacción— que Madrid vaya a recibir todos esos votos. Pero una adscripción por defecto no es un detalle técnico neutro: determina en qué circunscripción pesa cada papeleta y, por tanto, cómo se reparten los escaños. Cuando el reparto depende de una casilla marcada por descarte, la pregunta legítima no es «¿a quién beneficia?», sino «¿es verificable el criterio?».
Refuerzos, contratos y un calendario apretado
El esfuerzo administrativo detrás de todo esto también es cuantificable. Infobae cita que Exteriores autorizó en 2025 la contratación de 657 nuevos efectivos de personal laboral en el exterior, un 43% más que el año anterior, con refuerzo en Argentina, Cuba y México. A ello suma contratos de apoyo tecnológico: 1,7 millones de euros a Neoris España por parte de Justicia en abril de 2026 y 1.131.295 euros a Grupo Empresarial Palco para La Habana.
En cuanto al derecho efectivo a voto, los números son más modestos que algunos titulares. A 31 de marzo de 2026, Exteriores cifraba en 544.722 las solicitudes aprobadas y en 306.500 las inscripciones practicadas en el Registro Civil Consular; según Infobae, solo estas últimas tenían entonces derecho efectivo a sufragio.
Reglas verificables, no insultos
La reacción política no se hizo esperar. En declaraciones recogidas por Infobae el 29 de junio, Alberto Núñez Feijóo denunció en esRadio «ingeniería electoral» y un aumento de personas con derecho a voto vía nacionalización y pasaporte. Isabel Díaz Ayuso acusó al Ejecutivo de «jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños» y advirtió sobre la adscripción provincial. El Gobierno, por su parte, defiende la medida como reparación histórica y ve a Feijóo «desesperado». Son posiciones políticas, no hechos probados.
Desde esta casa la posición es sencilla y quizá poco épica: la sospecha no se combate con descalificaciones, sino con reglas claras. Publicar la trazabilidad de las adscripciones por defecto, auditar la instrucción que amplió el supuesto de la Memoria Democrática y garantizar que cada inscripción responde a un arraigo verificable no perjudica a nadie que actúe de buena fe. Un censo limpio es la mejor defensa del Gobierno y el mejor argumento de la oposición. Lo contrario —mover el tablero a golpe de instrucción y confiar en que nadie mire— es justo lo que erosiona la confianza en las urnas.