Hay una forma muy vieja de meter miedo que no sale en las películas. No es la hoguera de libros. No es el cine clausurado con un candado. Es algo mucho más silencioso: decidir quién cobra la ayuda, qué se puede proyectar delante de un crío y qué puede contar un profesor en su clase. Nadie prohíbe nada. Simplemente, ciertas cosas dejan de ser posibles.

La Cadena SER publicó este 7 de noviembre de 2026 un reportaje de Isabel Deleuze que ordena piezas que llevábamos tiempo viendo sueltas. Y cuando las juntas, el dibujo es nítido: Vox ha encontrado la manera de acotar la cultura sin firmar una sola prohibición. Lo llama proteger a los menores. Lo llama neutralidad. Lo llama luchar contra el adoctrinamiento. En la práctica, es otra cosa.

Un productor que teme no poder hablar de sus abuelos

Empecemos por Castilla y León. Un productor de cine de la comunidad, que firma con el seudónimo Olmo Dalcó —guiño a Novecento, por si quedaba alguna duda de por dónde van los tiros—, prepara una película sobre la represión que sufrieron sus abuelos durante la dictadura franquista. Y tiene miedo. No de la policía. De quedarse sin las ayudas de la Junta.

¿El motivo? La Consejería de Cultura, en manos de Vox, ha metido una cláusula que excluye producciones con «adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas». Suena razonable hasta que te preguntas quién decide qué es adoctrinamiento. La Consejería niega que esto sea censura: dice que lo evalúa una «comisión de expertos». Pero, según la SER, no aclara con qué criterios públicos. O sea: hay un filtro, pero no sabemos cómo filtra.

«No podré hablar del pasado de mi familia porque les molesta que se retrate a quienes se parecen demasiado a políticos de otros tiempos.»

Esa es la frase de Dalcó. Y conviene detenerse, porque es exactamente el punto. No le van a prohibir rodar. Puede rodar lo que quiera, pagarlo de su bolsillo, estrenarlo donde pueda. Lo que le dicen es que ese relato, el de la memoria, no lo financia el dinero de todos. El dinero público elige bando.

La memoria incomoda, y se nota

No es un caso aislado, y por eso asusta. Enlaza directamente con el rechazo de Vox a la memoria histórica. En la antigua cárcel de Burriana, en Alicante, se retiró una placa en recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil. El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica negó los errores que se alegaban para justificarlo. El propio alcalde calificó la decisión de «arbitraria y desafortunada». Traducción: alguien decidió que esos muertos sobraban en la pared.

Quien crea que exagero, que recuerde 2023 en Santa Cruz de Bezana, Cantabria. Retiraron Lightyear del cine de verano. ¿El delito de la película de Pixar? Un beso entre dos mujeres. Abascal llegó a decir que «sexualizaba a los niños». Un beso. En una peli de dibujos. Esa es la frontera que han decidido vigilar.

El aula es el siguiente piso

Y de ahí, al colegio. Vox defiende el pin parental: que una familia pueda vetar que su hijo asista a charlas o talleres de educación sexual. Al inicio del curso 2025-2026 registró además una proposición no de ley en el Congreso para retirar libros que considera «de adoctrinamiento». Ojo con esto: no se aprobó, no es ley, no hay libros requisados por un BOE. Pero el gesto ya hace su trabajo. El mensaje llega antes que la norma.

Pregúntenle a Silvia Casado Arenas, profesora de un instituto público de Madrid y autora de libros sobre el franquismo y la República para jóvenes. Hay familias que la acusan de enseñar ideología. ¿Sabéis qué enseña? Contenidos regulados por la ley educativa. Lo que marca el currículo. Pero da igual: contar qué fue el franquismo ya es, para algunos, un acto de parte.

La lista sigue. En septiembre de 2023, en Burriana, un concejal de Cultura retiró libros LGTBI del área infantil y juvenil de la biblioteca. Antes había cancelado cinco revistas en catalán por «separatismo». En Ciudad Real, en 2025, Vox rompió su pacto con el PP porque los populares se negaron a retirar un cuadernillo para colorear sobre diversidad familiar que se usaba en las visitas escolares. Un cuadernillo. Para pintar. Ahí estaba la línea roja.

Lo que esto es y lo que no es

Seamos justos, porque la honestidad también es izquierda. En ninguno de estos casos hay una prohibición general de crear, distribuir o exhibir. Nadie ha ilegalizado el cine de memoria. No han cerrado cines. La PNL de los libros no es ley. Y no, esto no es la censura franquista: la diferencia la marca Eduardo Ruiz Bautista, doctor en Historia por la UAH y autor de una tesis sobre la censura del franquismo, que recuerda que vivimos en democracia y el contexto no es comparable.

Pero el mismo historiador añade el matiz que lo cambia todo: vetar la financiación es una práctica censoria nueva. No la de antes. Una propia de ahora. Más limpia, más presentable, igual de eficaz. Porque no hace falta prohibir un relato si consigues que nadie se atreva a financiarlo, exhibirlo o enseñarlo. La autocensura es más barata y no deja huellas.

Ese es el truco. Convertir la protección de los menores y la neutralidad en una palanca para decidir qué memoria se cuenta, qué diversidad se muestra y qué crítica histórica cabe en un aula. Con dinero público. Con acceso público. Con las manos limpias.

Quedan unas tres semanas para el 29-N. Y el patrón ya está sobre la mesa, a la vista de quien quiera mirarlo. No van a venir a quemar vuestros libros. Van a hacer algo más cómodo: que a nadie le compense escribirlos, publicarlos o leerlos en voz alta delante de un niño. El miedo, cuando funciona bien, se paga solo.

Fuentes y contexto

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