Vox ha registrado este martes en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que publique el país de origen de los infractores en los balances de criminalidad y que los extranjeros condenados cumplan sus penas en sus países. La información la adelanta Europa Press, que detalla también otra pata de la iniciativa: reformar el artículo 89 del Código Penal para asegurar la expulsión de cualquier extranjero condenado por un delito.
El paquete no se queda ahí. Según esa misma información, Vox reclama que se cumplan de forma efectiva las órdenes de expulsión, que se impulsen acuerdos con otros países para que los condenados cumplan allí las penas impuestas por tribunales españoles y que se retire la nacionalidad española a extranjeros nacionalizados que cometan delitos. Conviene subrayarlo desde el principio: estamos ante una iniciativa parlamentaria de un partido, no ante una ley aprobada ni ante una estadística oficial nueva.
Datos, sí. Señalamiento colectivo, no
La seguridad pública merece conversación seria. Quien vive en un barrio con miedo, quien sufre un robo o quien ve degradarse su calle no necesita sermones desde un despacho. Necesita policía, justicia que funcione y datos útiles. El problema aparece cuando una propuesta mezcla datos con identidad hasta convertir el origen en el centro del relato. Ahí la política deja de preguntar “qué falla” y empieza a insinuar “quién sobra”.
Desde una mirada progresista, publicar nacionalidades sin contexto puede ser una máquina perfecta de titulares venenosos. No porque los datos sean malos por definición, sino porque un dato sin tasas, edad, situación socioeconómica, tipo penal, reincidencia, residencia o comparación real sirve para confirmar prejuicios más que para arreglar problemas. La transparencia no debería ser una linterna apuntando siempre a la misma cara.
La seguridad no se arregla con atajos de escaparate
También hay una cuestión jurídica y práctica. Expulsar, ejecutar penas fuera de España o retirar nacionalidades no es apretar un botón. Depende de normas, garantías, tratados, cooperación internacional y límites constitucionales. La iniciativa de Vox puede dar un titular fuerte, pero la política pública vive en el terreno aburrido donde hay que saber qué se puede hacer, cuánto cuesta, qué tribunales lo admiten y qué pasa cuando el país de origen no coopera.
El riesgo político es claro: que una discusión legítima sobre delincuencia acabe convertida en una campaña permanente contra personas migrantes en bloque. España puede y debe perseguir delitos. Puede y debe expulsar cuando la ley lo permita. Lo que no debería hacer es construir la sospecha como política de Estado. Porque cuando el origen pesa más que el hecho, la justicia se estrecha.
La izquierda tampoco puede limitarse a negar el problema con frases bonitas. Si hay barrios donde la convivencia se rompe, hay que actuar. Si hay órdenes de expulsión que no se ejecutan, hay que explicar por qué. Si los juzgados y la policía van tarde, hay que poner recursos. Pero una cosa es tomarse en serio la seguridad y otra muy distinta convertir cada pasaporte en un cartel luminoso.
Vox ha encontrado una veta electoral potente: unir inmigración, delito y sensación de abandono. La respuesta democrática no puede ser mirar a otro lado. Tiene que ser mejor: datos completos, políticas eficaces y una línea roja sencilla. Ningún delito debe quedar impune; ninguna comunidad debe ser tratada como culpable por nacimiento.