Hay familias que heredan una casa. Otras, un apellido. Y hay apellidos que, cuando la justicia llama a la puerta, dejan de ser biografía y se convierten en pieza del sumario. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el próximo 30 de noviembre. Una a las 9.00. La otra a las 12.00. Sin poesía.
La providencia, recogida por Europa Press, no es un gesto cosmético. Ambas fueron imputadas en junio en la causa que indaga, entre otros extremos, presuntas irregularidades en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El magistrado no las llama por ser hijas de nadie en abstracto: las llama porque son administradoras solidarias de What The Fav, la sociedad que la investigación sitúa en el círculo del entramado investigado.
What The Fav no es un logo bonito
Calama lo dejó escrito con la sequedad del auto: la vinculación indiciaria de What The Fav al entramado “determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas”. La investigación, según el relato judicial difundido por Europa Press, atribuye a esa sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes. No es un eslogan de campaña. Es el lenguaje con el que un juez explica por qué dos administradoras entran en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación.
Las pesquisas apuntan, además, a pagos concretos. Análisis Relevante, la empresa del socio de Zapatero Julio Martínez Martínez, habría abonado a What The Fav 239.755 euros, entre otros pagos de otras empresas. Zapatero, en su declaración como imputado, sostuvo que la empresa de sus hijas funcionaba de verdad y cobraba por trabajos reales de marketing. Eso es su versión. La Fiscalía Anticorrupción, con la provisionalidad propia de una fase aún incipiente, les atribuye presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Conviene no hacer trampas con las palabras. Imputación y citación como investigadas no son condena. Nadie ha sido hallado culpable en sentencia firme por estos hechos en el punto en que estamos. Pero tampoco es “ruido mediático” el hecho de que Anticorrupción pida al juez un informe de la ONIF —la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria— sobre Zapatero y sus hijas para los ejercicios 2020-2025: declaraciones tributarias, medios materiales y personales, ingresos y pagos, principales pagadores y destinatarios, operaciones de tráfico exterior y divisas. Eso es un peinado fiscal de libro.
El rescate, las joyas y la misma semana
La causa Plus Ultra no viaja sola. En la misma providencia, Calama cita como testigos el 19 de noviembre a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra. Es decir: el juez está armando el tablero de quienes tocaron el dinero público del rescate y quienes, según la tesis investigadora, pudieron girar en la periferia de ese dinero.
En paralelo, el magistrado ha dado tres días a Zapatero para aportar la documentación que tenga sobre sus joyas, un capítulo en el que también está investigado por presuntos delitos fiscal y de contrabando ante la falta de justificación del origen de bienes de lujo. El expresidente, en su interrogatorio de junio, rehuyó entrar en ese punto. Ahora el reloj vuelve a pitar. El Mundo y Europa Press sitúan ambos frentes —hijas y joyas— en la misma oleada de decisiones del instructor.
Desde el entorno socialista se habla de indefensión y de hostigamiento al expresidente. Es un marco previsible. El otro marco, el que sostiene la derecha política y buena parte de la opinión crítica con el sanchismo y su pasado, es más seco: cuando el Estado rescató con decenas de millones a una aerolínea y la instrucción apunta a sociedades familiares y flujos opacos, la pregunta no es si el apellido incomoda. La pregunta es si el apellido sirvió de paraguas.
El país normal también mira arriba
España lleva años discutiendo si la justicia “persigue” al poder o si el poder se queja en cuanto la justicia se acerca. El caso de las hijas de Zapatero pone el foco en un sitio incómodo para cierta izquierda institucional: la red de influencias no siempre lleva carné de militante ni despacho oficial. A veces lleva una SL, un contrato de marketing y un rescate que el contribuyente ya pagó.
No hay que inventar un veredicto. Hay que leer lo que ya está sobre la mesa: citación el 30 de noviembre, administradoras solidarias, 53 millones de rescate en el fondo del caso, 239.755 euros señalados en un tramo de la investigación, petición de informe tributario amplio y un expresidente al que el juez sigue empujando a documentar el origen de bienes de lujo. Si todo eso se deshincha en el juicio, se deshinchará con pruebas. Si no, el relato del “acoso” se quedará pequeño.
Mientras tanto, la política española sigue haciendo lo suyo: unos gritan lawfare; otros, impunidad. El juez, por ahora, ha hecho lo más aburrido y lo más grave a la vez: poner fecha, hora y condición procesal. Alba y Laura Rodríguez tienen el 30 de noviembre marcado en rojo. Y el país, por una vez, debería mirar menos el apellido y más los papeles.