Santiago Abascal no ha salido en Mallorca a prometer furgones en fila india. Ha salido, en una entrevista con La Vanguardia, a dibujar la versión de campaña de la remigración: proceso «individualizado, caso a caso», sostenido y con «plena determinación», dentro de un Estado de derecho. La frase importa porque desarma el fotomontaje del adversario… y al mismo tiempo deja el peaje político a la vista: deportar y repatriar a escala no es un tuit; es burocracia, ley y presión europea.
Desde esta mesa la lectura no es cosmética. Es de realismo de derecha: Vox necesita parecer gobierno posible sin renunciar al núcleo duro —ilegales fuera, delincuentes fuera aunque tengan papeles, y salida de quien vive de ayudas sin trabajar— mientras Feijóo pelea el mismo electorado.
Lo que dice el candidato (con comillas)
Abascal prioriza, en su orden, dejar de «acosar» a trabajadores, pymes y autónomos con impuestos y regulación. En paralelo: no más regularizaciones masivas; deportación de quienes delinquen; remigración de quienes están sin trabajar y cobran ayudas. «En España hay demasiada gente», afirma, y lo vincula a seguridad, sanidad, escuela y vivienda. Sobre el método niega el éxodo de carretera: no se hace «metiendo a la gente en furgones». Se hace expediente a expediente. Admite reformas legales y europeas. Niega que esta legislatura vaya de cambio constitucional aunque el Senado sea favorable: la urgencia es desalojar al Gobierno y cambiar fiscalidad, regulación e inmigración.
En la relación con el PP suena el roce: le preocupa que los populares traten el 29-N como competición contra Vox para diluir su peso en un futuro Ejecutivo. Sobre el Senado, dice que hay «posibilidades de acordar algo» y se niega a airear el detalle. Se presenta «a la presidencia y no a la vicepresidencia». Sobre Marruecos y los menas carga duro —chantaje migratorio, interés de Sánchez en mantener flujos, menores usados como «milicias» en actos contra Vox—: son acusaciones políticas del entrevistado, no hechos probados en la pieza.
El marco que la derecha no debería regalar
Quien quiera frontera seria no puede vivir solo del grito. El caso a caso es, precisamente, el lenguaje de un Estado que no se disuelve en espectáculo. También es la trampa: sin cupos, sin plazos, sin datos de retornos y sin presión real sobre países de origen, la «determinación» se queda en eslogan. Abascal apoya su programa económico en la curva de Laffer y rechaza privatizar pensiones; en vivienda evita la promesa del millón de pisos del PP y apuesta por rebaja fiscal, liberalización de suelo y… otra vez remigración. El paquete es coherente con su electorado: menos Estado fiscal, más control de quién entra y se queda.
Qué cambia y qué no
Cambia el tono de precampaña de Vox: menos distopía de éxodo, más manual de procedimiento. Cambia la presión sobre el PP: si compite por desgastar a Abascal en vez de desalojar a Sánchez, el propio líder de Vox ya ha dejado el reproche por escrito. Cambia el debate migratorio hacia la pregunta incómoda para la izquierda mediática: ¿cuántos retornos reales hay hoy y con qué ley?
No cambia aquí el Derecho internacional ni se demuestra un «pucherazo» por la ley de Nietos —Abascal lo afirma; el Supremo ha intervenido sobre la instrucción, y eso no equivale automáticamente a fraude electoral consumado—. No se da por hecho un gobierno de coalición ni carteras repartidas. La hipótesis de esta mesa es liberal-conservadora: sin control migratorio creíble y sin alivio fiscal, el malestar de seguridad y vivienda lo capitalizará quien hable claro… o quien solo grite. Abascal, en Mallorca, ha intentado lo primero.