Cuando una gran constructora deja de discutir el relato y empieza a entregar facturas, el caso cambia de temperatura. Acciona ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo que Servinabar —la mercantil vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán— facturó cerca de dos millones de euros por su papel en una obra pública en La Rioja.
Europa Press cifra el reconocimiento en 1,9 millones. La Rioja y otras crónicas elevan el detalle a 1.957.000 euros, IVA incluido, emitidos a la UTE Variante de Logroño, encargada del tramo Arrúbal-Navarrete de la autovía A-68. No es un tuit. Es un escrito al instructor Ismael Moreno, con albaranes, partes de trabajo, controles de presencia, horas, vehículos y correos del técnico de Servinabar.
La obra gorda y el porcentaje pequeño que pica
La adjudicación, según la información publicada, data del 11 de septiembre de 2019 y superó los 92,4 millones. La dio la Dirección General de Carreteras cuando José Luis Ábalos comandaba Transportes. La UTE ganadora: Acciona Construcción y Aquaterra. Después aparece Servinabar, administrada por Antxon Alonso, socio de Cerdán, facturando servicios en esa misma órbita.
Un informe de la UCO desvelado en noviembre de 2025 —y ahora reactivado por el reconocimiento de Acciona— situaba un memorando de entendimiento entre constructora y Servinabar solo cuatro días después de conocerse el proyecto, en diciembre de 2018. Papel de Acciona: contratista. Papel de Servinabar: «consultora» en prevención, riesgos y planes de emergencia. El presupuesto de esa colaboración rondaba los dos millones: un porcentaje pequeño sobre 92 millones… y un olor familiar para quien haya leído expedientes de mordida.
No es una condena. Es una factura que ya no se niega
Conviene no hacer trampas: admitir el pago no equivale, por sí solo, a probar una comisión ilegal. Acciona aporta documentación precisamente para sostener que hubo trabajo real. La instrucción tiene que cruzar servicios, precios, adjudicaciones y el beneficio personal. Pero el terreno ha cambiado. Ya no se discute si el dinero circuló hacia la empresa del entorno de Cerdán; se discute a cambio de qué.
La UCO, según las piezas publicadas, ha cuantificado una dependencia brutal de Servinabar respecto de Acciona o de proyectos ligados a ella (por encima del 75-87% de ingresos en distintos recuentos) y ha rastreado un contrato privado de 2016 por el que Cerdán habría adquirido el 45% de la sociedad, con un aprovechamiento patrimonial presunto de al menos 323.178 euros entre 2015 y 2024. Moreno, el 15 de octubre, pidió además dispositivos del domicilio de Cerdán en Milagro e información del PSOE para reconstruir ingresos. En la causa figuran, entre otros, Cerdán, Ábalos y Koldo García.
Precampaña con hormigón
Ferraz puede insistir en la presunción de inocencia —y hace bien en el plano penal—. Lo que no puede es vender que esto es «ruido mediático». Cuando la constructora pone el caudal por escrito, el ruido se llama contabilidad. En plena carrera al 29-N, el mensaje para quien pida «regeneración» solo cuando gobierna el otro es incómodo: la obra pública del ciclo Ábalos sigue saliendo en cajas de cartón judicial, no en eslóganes.
La derecha no necesita inventar una novela. Le basta con leer el recibo. Casi dos millones a la órbita de quien fue fontanero mayor del PSOE, en una autovía de más de 92 millones, con memorando temprano e investigación de la UCO encima de la mesa. Si eso no merece portada, entonces la portada solo sirve para poesía de campaña.