Suena a paradoja, pero es la vida del campo: cuando más aceite hay, peor le va a quien lo produce. España afronta una campaña 2026/2027 con las balsas a rebosar y el precio en origen cayendo. Y el Gobierno ha decidido no mirar hacia otro lado.

El Ministerio de Agricultura (MAPA) publicó el pasado 30 de octubre de 2026 en el BOE la Orden APA/1145/2026. Habilita una retirada obligatoria y temporal de parte del aceite de oliva del mercado durante esta campaña. No es una ocurrencia: es poner un dique para que una cosecha histórica no termine arruinando al olivarero.

Una cosecha récord que amenaza a quien la recoge

Los números explican el porqué. La producción estimada para 2026/2027 es de 1.602.596 toneladas, un 23% más que el año pasado y la cuarta mayor de toda la serie histórica, según los aforos de las comunidades autónomas y el MAPA. A eso se suman unas existencias iniciales de 357.040 toneladas, un 23,3% por encima del año anterior, según el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas.

Traducido del lenguaje de almazara: hay muchísimo aceite. Y cuando hay tanto, el precio en origen se desploma. Los datos de Poolred de la semana del 20 al 26 de octubre lo confirman: el aceite de oliva virgen extra se pagaba a 3,07 euros por kilo; el virgen, a 2,93; el lampante, a 2,79. Para muchas explotaciones familiares, esas cifras rozan o perforan directamente el coste de producir.

Qué dice la norma (y qué todavía no)

Conviene ser precisos, porque ya hay quien habla de cifras que aún no existen. La orden no fija el porcentaje de aceite que se retirará. Esa decisión corresponde a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, que debe tomarla antes del 15 de noviembre. Lo que sí se conoce es el techo: fuentes del sector y la cobertura de medios como El Español Invertia apuntan a un máximo del 20% de la producción estimada.

La medida tampoco se activa por capricho. El MAPA exige una condición de bulto: que las existencias iniciales más la producción estimada sumen al menos el 120% de la media de ese mismo cálculo en las seis campañas anteriores. Dicho de otro modo, solo cuando el superávit es evidente.

¿Cuánto aceite acabaría inmovilizado? La COAG, con su responsable Francisco Elvira, maneja cálculos recogidos por El Economista que apuntan a una retirada de entre 188.700 y 190.000 toneladas, en torno al 12-13% de la producción. Ese aceite se almacenaría en las propias almazaras, y una parte podría quedar inmovilizada hasta septiembre de 2027.

El fondo: costes disparados y años de sequía

Detrás de los números hay gente que lleva años aguantando. Los costes de producción se habrían disparado alrededor de un 57%, según datos de Agroclm citados por Diario Socialista. Súmese la sequía arrastrada campaña tras campaña. Y ahora, cuando por fin llueve y el árbol responde, el premio es un precio en caída libre.

Aquí está el nudo del asunto. Cuando hay superproducción, el mercado por sí solo no salva al olivar familiar: lo entierra. Regular la oferta de forma puntual no es intervencionismo gratuito. Es evitar que el pequeño productor pague el pato de una abundancia que no controla y que no decidió.

El campo, a favor; la industria, a los tribunales

No es casualidad que las cuatro grandes organizaciones agrarias —Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias— respalden la herramienta. Son quienes pisan el terreno. Enfrente, la industria envasadora se opone o muestra reticencias, y ha llevado la norma directamente a los tribunales.

La pregunta cae por su propio peso: ¿a quién beneficia que el precio en origen se hunda? A quien compra barato el granel y vende caro el envasado. El margen no desaparece por arte de magia: cambia de manos.

¿Y el consumidor? Lo que dicen CNMC y FACUA

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avisó en un informe del 5 de octubre de que restringir la oferta puede encarecer los precios, reducir la variedad y la calidad y alterar la competencia. En su escenario máximo, calcula que el almacenamiento obligatorio supondría entre 9,24 y 11,68 millones de euros adicionales para los productores, con un posible traslado al consumidor.

Conviene subrayarlo, porque importa: eso es un riesgo estimado, no un hecho consumado. El propio organismo habla de escenarios y de un traslado «posible», no de una subida segura.

Desde FACUA, Rubén Sánchez ha cargado en X contra el Gobierno por impedir, a su juicio, que baje el precio del aceite para el consumidor tras años de carestía. Es una crítica legítima y de peso después de lo que han pagado los hogares. Pero no puede borrar la otra mitad del cuadro: sin renta no hay olivar, y sin olivar no habrá mañana aceite asequible que valga.

Una medida de emergencia, no una ley eterna

El MAPA insiste en que la medida es excepcional y coyuntural: sirve para estabilizar el sector y frenar la caída de precios en origen en una campaña concreta. Ni es permanente ni, pese a quien lo insinúe, equivale a un cártel. Es una válvula de seguridad para un año de abundancia extrema.

Lo que de verdad se juega antes del 15 de noviembre no es un porcentaje técnico. Es decidir si en España el campo que produce uno de nuestros grandes símbolos tiene derecho a no vender a pérdidas. Lo demás es relato interesado.

Fuentes y contexto