Faltan 25 días para el 29-N y el Gobierno ha decidido acelerar. A finales de octubre, el Ministerio de la Presidencia publicó en el BOE la Orden PJC/1129/2026, que cambia las obligaciones de Correos y le obliga a entregar a las mesas los «dispositivos necesarios» para usar el MiDNI, el DNI en el móvil. En la práctica, lectores del código QR. El problema es de calendario y de jerarquía: la Junta Electoral Central (JEC) mantiene suspendido el uso del MiDNI para votar. Y una orden del Ejecutivo no levanta por sí sola esa suspensión.

La suspensión no es un detalle técnico. Nace del Acuerdo 94/2026, del 26 de marzo, por el que la JEC paró en seco el uso del MiDNI y del MiDGT para identificarse al votar, tanto de forma presencial como por correo. ¿El motivo? Que hasta que no se garantice un control de verificación suficientemente seguro, no hay app que valga. La Junta tomó esa decisión tras los escritos presentados por el PP y otros, con un objetivo explícito: maximizar la confianza ciudadana en el proceso. Y dejó sin efecto las autorizaciones previas que había concedido en febrero de 2023, septiembre de 2025 y marzo de 2026.

Qué dice —y qué no dice— la orden del BOE

La Orden PJC/1129/2026 pone a Correos a repartir y recoger aparatos. Hay 61.033 mesas electorales en España, y a todas habría que llevarles el dispositivo de lectura del QR. Esa logística tiene hasta tarifa: según El Español, la prestación de entrega y recogida del aparato se fija en un máximo de 28,0667 euros por dispositivo. Haga usted la multiplicación.

Ahora bien, el texto tiene agujeros. La orden no identifica qué modelo de lector se usará ni desarrolla una homologación técnica detallada. El propio preámbulo reconoce lo esencial: hace falta un dispositivo de lectura del QR con las garantías que exige la JEC. Dicho de otro modo, el Gobierno admite por escrito que esas garantías las sigue marcando la Junta. Y la Junta no ha dicho que estén cumplidas.

Fuentes de la propia JEC, citadas por El Español, lo resumen sin rodeos: antes de que la Junta acuerde levantar la suspensión, el Ejecutivo tiene que acreditar que hay dispositivos en todas las mesas y que existen garantías de seguridad en la verificación. Repartir los aparatos no es tener luz verde.

El PP avisa: no confundan a las mesas

Aquí entra la denuncia del PP, del 30 de octubre. El argumento es sencillo: una orden ministerial no equivale a levantar la suspensión. Y entregar dispositivos a las mesas sin un pronunciamiento expreso de la JEC puede inducir a error a sus miembros. Imagine la escena del 29-N: un presidente de mesa con un lector de QR sobre el tapete y un ciudadano que le enseña el móvil. ¿Qué hace? Si nadie ha aclarado que la suspensión sigue vigente, el lío está servido.

Por eso los populares piden cosas concretas: que se confirme que la suspensión continúa, que se examinen los dispositivos, que se permitan alegaciones de las candidaturas y que haya instrucciones claras para las mesas. No es una pataleta. Es pedir que el procedimiento se cierre antes de abrir los colegios.

El otro frente: los datos del voto por correo

Hay un segundo punto que ha encendido a la oposición, y no es menor. La misma orden prevé que Correos entregue «en exclusiva» al Ministerio del Interior la información diaria sobre el voto por correo: solicitudes, entrega de documentación y envíos a las mesas. En exclusiva. Es decir, solo para Interior.

El PP denuncia que ese flujo de datos deja fuera a las candidaturas y a la propia JEC, y que esa asimetría, en plena campaña, no es neutral. Los populares reclaman que esos mismos datos se faciliten a la Junta y a todas las candidaturas, con la misma periodicidad y el mismo formato. Invocan un criterio de igualdad informativa que ya avaló el Tribunal Supremo en su sentencia del 8 de abril de 2025, la del CIS de Tezanos.

Vox va en la misma dirección. Jorge Buxadé ha pedido que sea la JEC la que ordene publicar los datos del voto por correo en su propia web, en nombre de la transparencia y la objetividad. Dos partidos distintos, una misma desconfianza: que el Gobierno se guarde para sí una foto diaria del voto postal.

Lleve el DNI físico, por si acaso

Conviene bajar el globo de las expectativas. El MiDNI acredita identidad, no es voto por internet: nadie va a votar desde el sofá con el móvil. Y aun así, la propia Policía advierte de que la app necesita conexión y recomienda llevar el documento físico. La Razón ya lo apuntaba el 5 de octubre: hoy lo prudente es ir con el DNI de siempre, porque la suspensión sigue siendo la referencia.

La asociación Iustitia Europa ha ido más allá. El 2 de noviembre pidió a la JEC que mantenga la suspensión hasta que exista un protocolo completo para los fallos técnicos: qué pasa si no hay conexión, si el teléfono se queda sin batería o si el código QR no se puede validar. Preguntas de sentido común que, a 25 días de las urnas, siguen sin respuesta cerrada.

La lectura es la que es. La confianza electoral no se improvisa con órdenes de última hora. Mientras la JEC no levante expresamente la suspensión y mientras el voto por correo no tenga transparencia simétrica —los mismos datos, para todos—, el riesgo es evidente: que el Ejecutivo acabe jugando con la percepción de limpieza del 29-N. Y en unas elecciones, la percepción también cuenta.

Fuentes y contexto