Dos trenes, dos tragedias, un patrón. Adamuz primero. Urda ahora. Y cada vez que el AVE mata, el Gobierno lleva días midiendo quién cae y quién queda. Según ABC, citando fuentes del propio Ejecutivo, la respuesta a Urda ya tiene nombre y apellidos: Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif. Él sería el cortafuegos. El que se va para que otros no tengan que irse.

Pero atención: no hay cese. No hay BOE. No hay rueda de prensa. Hay intención, cálculo y una pregunta que Moncloa y el Ministerio de Transportes llevan respondiendo igual: «Aún no».

El plan que nadie ha anunciado

La información de ABC, publicada con fuentes del Gobierno, describe una decisión en elaboración, no consumada. El cese de Marco de la Peña estaría decidido en intención. La fecha, por calcular. Mientras tanto, el presidente de Adif y Adif Alta Velocidad sigue en su despacho. Adif no se ha pronunciado. El Ministerio tampoco.

Lo que sí está claro, según ese mismo relato, es lo que no va a pasar: Óscar Puente no dimite. Al menos por ahora. Pedro Sánchez tampoco va a cesarle. De hecho, cuando el ministro puso el cargo a disposición tras el accidente de Urda, Sánchez le respondió, según ABC, que hacerlo «sería injusto». Traducción libre: el ministro se queda, el técnico paga.

¿Quién es Marco de la Peña?

Antes de dar su nombre por quemado, conviene saber quién es. Ingeniero de Caminos por la Universidad de Cantabria (1993). Ex director general en el sector del transporte vasco. Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno Vasco desde 2020. Y presidente de Adif desde el 17 de septiembre de 2024, nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta de... Óscar Puente.

El ministro le puso ahí. Ahora, según las fuentes que cita ABC, la solución podría ser quitarle de ahí. La simetría es perfecta para Moncloa: se muestra una cabeza sin que caiga ninguna silla del Consejo de Ministros.

La promesa de Sánchez en Urda

En el Centro de Mando Avanzado de Urda, Pedro Sánchez prometió responsabilidades. Lo dijo con las cámaras delante, con las víctimas todavía sin identificar y con el dolor de las familias en primer plano. Habrá responsabilidades. Así, en plural. Sin apellidos. Sin fechas.

El segundo accidente mortal de alta velocidad en menos de nueve meses. El primero fue en Adamuz. Los medios han informado de cifras en el entorno de las 69 víctimas mortales en Urda. Sea cual sea el número exacto que determinen las autoridades, estamos hablando de una tragedia de escala enorme. No de un incidente técnico menor ni de un expediente administrativo.

Y la respuesta que se está cocinando en Moncloa, según las fuentes de ABC, es cesar al presidente de una empresa pública. Uno solo. El técnico. El que llegó hace poco más de un año a propuesta del ministro que no dimite.

El relato electoral por encima de la rendición de cuentas

Aquí está el problema de fondo. No es que Marco de la Peña sea inocente o culpable de nada: eso lo dirán los jueces y las investigaciones técnicas, no este artículo ni una rueda de prensa. El problema es lo que este movimiento comunica.

Comunica que la rendición de cuentas en este Gobierno tiene un techo. Ese techo está justo por debajo del nivel ministerial. Puente compareció el viernes y dijo tener «confianza absoluta» en Renfe y Adif, añadiendo que «nadie es infalible». Al día siguiente, según las mismas fuentes, ya se calculaba a quién había que sacrificar para que él pudiera quedarse.

Eso no es asumir responsabilidades. Es administrar el daño.

El contrapunto: el plan de seguridad

Seamos justos con los hechos. El Gobierno no solo está calculando un cese. También prepara respuestas de fondo. Según El País, Puente trabaja en un plan de refuerzo de seguridad del AVE con el que quiere bajar la presión política. Comparecerá ante la Diputación Permanente. Sindicatos como CCOO y algunos socios parlamentarios han pedido explicaciones o han presionado por responsabilidades.

Todo eso es real y hay que contarlo. Los planes de seguridad existen y, si se ejecutan bien, pueden salvar vidas. Comparecer en sede parlamentaria es lo mínimo que exige la democracia.

Pero un plan de seguridad no borra lo que ha pasado. Y comparecer ante la Diputación Permanente no es lo mismo que asumir responsabilidad política por lo ocurrido. Son dos cosas distintas y mezclarlas es exactamente el truco que Moncloa lleva ensayando desde Urda.

El cortafuegos como confesión

Hay algo revelador en la propia palabra cortafuegos. Un cortafuegos no apaga el incendio. Lo contiene. Lo rodea. Lo deja arder de forma controlada para que el fuego no llegue a donde no debe llegar.

Si el Gobierno está estudiando hacer eso con el presidente de Adif —y eso es exactamente lo que las fuentes del Ejecutivo le dijeron a ABC—, entonces la estrategia no es gestionar la tragedia. Es gestionar la imagen del ministro y del presidente del Gobierno. Son cosas distintas. Muy distintas.

Dos tragedias de alta velocidad en menos de un año. Decenas de muertos. Una promesa de responsabilidades hecha con las cámaras encendidas en Urda. Y la solución que se estudia, según fuentes del propio Gobierno, es poner un fusible técnico en un despacho de Adif mientras el ministro prepara un plan y el presidente le respalda.

Cuando el relato electoral pesa más que la rendición de cuentas, los cortafuegos no protegen al ciudadano. Le protegen a él.

Fuentes y contexto