Un año de trabajo, un viernes de otoño y una pregunta incómoda
El viernes 30 de octubre, mientras la precampaña canaria ocupaba los titulares, pasó algo que merece más atención de la que ha recibido. Las diez defensorías del pueblo de España —la estatal y las nueve autonómicas— presentaron en las 39ª Jornadas de Coordinación un decálogo común sobre vivienda fruto de un año de trabajo conjunto. Las jornadas las organizó la Diputación del Común de Canarias bajo el lema «Abriendo las puertas al futuro de la vivienda».
No fue un acto de partido. No fue una declaración de intenciones preelectoral. Fue la institución cuya razón de existir es vigilar que las administraciones no se olviden de la gente poniéndose de acuerdo en algo concreto. Eso no pasa todos los días.
El agujero de la Ley 12/2023
En 2023 España tuvo su primera ley estatal por el derecho a la vivienda. Se presentó como un hito histórico. Y en cierto sentido lo fue: por primera vez una ley declaraba expresamente ese derecho. El problema, según se desprende del relato de estas jornadas, es que declarar un derecho no es lo mismo que construir la vía para exigirlo.
La Ley 12/2023 reconoce el derecho a la vivienda digna. Pero no dota al ciudadano de un procedimiento individual de exigibilidad. Es decir: puedes saber que tienes ese derecho y no tener ninguna puerta a la que llamar para que alguien te dé una respuesta concreta. La ley existe; el procedimiento, no.
Por eso el primer punto del decálogo va directo al fondo: reconocer la vivienda como derecho subjetivo exigible ante las administraciones. No como principio rector, no como aspiración. Como un derecho que genera obligación de respuesta. La diferencia no es filosófica. Es práctica. Es la diferencia entre poder reclamar y tener que conformarte.
Lola Padrón, diputada del común de Canarias y anfitriona de las jornadas, lo enunció sin circunloquios: la vivienda no puede entenderse exclusivamente como bien de mercado. Parece una obviedad. Lleva décadas sin serlo en la práctica.
Parque social, listas de espera y el problema del piso turístico
El decálogo no se queda en lo conceptual. Hay demandas concretas.
La primera es el parque público de vivienda. Las defensorías piden un incremento significativo y sostenido hasta alcanzar, como mínimo, los estándares europeos. Quieren que las viviendas protegidas mantengan esa calificación de forma permanente —que no acaben en el mercado libre al cabo de los años— y que se priorice el alquiler asequible sobre la venta. Menos especulación, más continuidad.
La segunda pata es la coordinación entre administraciones. El problema de la vivienda lleva años siendo la pelota de ping-pong entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Cada uno apunta al otro. El decálogo exige planificación real de necesidades, más suelo protegido y recursos estables. No es difícil de entender; es difícil de presupuestar cuando no se quiere.
Hay una demanda que tiene mucho sentido y poca glamour: que cada solicitud en los registros de demandantes de vivienda reciba una resolución expresa en plazo razonable. Traducido: que si estás en lista de espera, alguien te diga algo. No silencio administrativo durante años. No una carta que nunca llega. Una respuesta.
Y luego está el alquiler turístico. En Canarias especialmente, pero no solo allí, la presión de los pisos turísticos y los contratos temporales sobre la oferta residencial de larga duración es un problema real. El decálogo lo recoge y pide medidas para que ese efecto no vacíe aún más el mercado para quien vive en las islas todo el año. La lista de demandantes de vivienda protegida en Canarias no para de crecer.
El texto también señala atención prioritaria a los colectivos más vulnerables: menores, personas mayores y víctimas de violencia machista. Y pide ayudas al alquiler adaptadas a cada realidad territorial.
Lo que es y lo que no es
Hay que ser claro con lo que este acuerdo representa. El decálogo no tiene rango normativo. Las defensorías no aprueban leyes. Lo que han acordado es una posición común institucional que se trasladará a los parlamentos autonómicos y al Congreso. Que luego alguien lo convierta en legislación vinculante depende de mayorías, voluntades y, sobre todo, de presupuestos. Los autonómicos de 2027 son la primera oportunidad real para que alguna de estas medidas aterrice con dinero detrás.
Hasta entonces es presión institucional. Que no es poca cosa —diez defensorías hablando con una sola voz tiene un peso moral difícil de ignorar— pero tampoco es una victoria.
Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo estatal, aportó el tono de fondo: reivindica acuerdo y trabajo conjunto frente a la desafección ciudadana que, en sus palabras, puede llegar a cuestionar la propia democracia. Es una advertencia seria. Cuando la gente no puede pagar el alquiler y encima no tiene ni siquiera una ventanilla donde ir a quejarse con garantías, el hartazgo no se queda en conversación de bar.
El Gobierno tiene su propio paquete. No es lo mismo
El Gobierno central presentó en octubre un paquete de 21 medidas de vivienda. Están ahí, son el marco político del momento. Pero no resuelven por sí solas el agujero procedimental que señala el decálogo: la distancia entre declarar el derecho y garantizar que se puede exigir.
El contexto canario añade urgencia. Fernando Clavijo gobierna las islas gestionando una de las tensiones más agudas del país entre el modelo turístico y el acceso residencial de la población local. Las elecciones generales del 29 de noviembre no van a resolver nada por sí solas, pero quien gane tendrá que elegir entre dejar el mercado sin contrapeso real o dar pasos concretos hacia la garantía.
La pregunta que deja en el aire este decálogo es sencilla y difícil al mismo tiempo: ¿cuándo va a tener alguien en lista de espera un papel que diga «su caso ha sido valorado y esta es la respuesta»? Mientras eso no exista, el derecho a la vivienda sigue siendo, sobre todo, un buen titular de ley.