«Salvar a la jefa»: la Fiscalía pone precio a la nota de Alcalá

Hay filtraciones que huele a periodismo. Y hay filtraciones que huele a salvavidas. La Fiscalía de Madrid acaba de poner cifra a la segunda: pide dos años y seis meses de inhabilitación para la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, y para su director de comunicación, Raúl Castillo, por revelar secretos oficiales al filtrar una nota interna de la Policía Local.

No es un debate abstracto sobre «transparencia». El escrito del Ministerio Público, recogido por elDiario.es y Cadena SER, encaja los hechos en una secuencia muy concreta. El 17 de enero de 2024, tras un Consejo de Gobierno extraordinario en la ciudad complutense, Isabel Díaz Ayuso dijo ante los medios que las mujeres de Alcalá sufrían agresiones sexuales que se habrían cometido por migrantes alojados en el centro de acogida y que esos extranjeros estaban siendo investigados. La Delegación del Gobierno en Madrid desmintió que hubiera migrantes de ese centro bajo investigación por esos hechos.

Aquella misma tarde, según la Fiscalía, Piquet llamó al jefe de la Policía Local para que le facilitara «cuanta información» tuviera sobre las agresiones a las que se había referido la presidenta, en concreto sobre hechos del 11 de diciembre de 2023. El agente le entregó un informe pensado para la Junta Local de Seguridad. Ella lo cogió, le hizo una fotografía y, cuando entró Castillo en la conversación, se lo pasó con una frase que ya viaja sola: «¿ves?, hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa, hay que trasladar esto a Madrid».

Al día siguiente, 18 de enero, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, publicó en X la foto del informe para responder a las críticas. La Fiscalía no le acusa y pide que declare como testigo. Serrano ha sostenido que el documento le llegó de un desconocido por correo y que borró el mensaje. El PSOE, personado como acusación popular, quiere seguir tirando de ese hilo y ha pedido indagar correos del dirigente.

El detalle económico también está en el papel. Cadena SER habla de una multa de 7.000 euros; otras crónicas precisan 16 meses de multa con cuota diaria de 15 euros para Piquet y Castillo. El juzgado mantiene la causa por los cauces del procedimiento abreviado. En agosto, la instructora ya había propuesto juzgar a la alcaldesa y a su director de comunicación. Piquet negó en la investigación haber tenido acceso al informe o haberlo filtrado. Eso se dilucidará en sede judicial, no en un tuit.

Lo que sí se puede decir sin adornos es la mecánica política: una afirmación pública sensible sobre migración y delitos sexuales; un desmentido institucional; una nota policial que salta del despacho municipal a la pelea mediática en menos de 24 horas; y una frase de lealtad de aparato que convierte el secreto oficial en munición de relato. Si la Fiscalía tiene razón, no estamos ante un «error de comunicación». Estamos ante el uso de un documento interno para apuntalar una narrativa que ya había salido de la boca de la presidenta.

Madrid lleva años convirtiendo cada choque migratorio en combustible. Esta pieza no prueba agresiones ni absuelve a nadie de delitos reales: los delitos sexuales se investigan con pruebas, no con fotos de informes en redes. Lo que sí abre es otra pregunta más prosaica y más grave para la democracia local: ¿para qué sirve una Policía Local si su papel se dobla a demanda cuando hay que «salvar a la jefa»?

Piquet gobierna Alcalá. Castillo gestiona el relato. Serrano apareció en el altavoz digital. Ayuso marcó el marco del 17 de enero. La Fiscalía ahora marca el listón penal de la filtración. El resto —quién pasó qué a quién, con qué intención y con qué daño al servicio público— es trabajo del juzgado. Mientras tanto, el mensaje político ya está escrito en el escrito fiscal: cuando el secreto oficial se usa como escudo de una pelea de portada, deja de ser seguridad y se convierte en truco.