Francina Armengol no ha salido a vender un eslogan de campaña. Ha salido, en una entrevista con EL PAÍS, a describir el tono de la legislatura que termina: «No es que haya una polarización, hay un clima de agresividad buscado». La frase no es decorativa. Es el diagnóstico de quien ha presidido el Congreso mientras PP y Vox la trataban, en el relato de la propia entrevista, como un árbitro al servicio del sanchismo y parte de la bancada progresista la miraba de reojo por lo contrario.
Desde esta mesa la lectura es clara: el problema no es solo el decibelio. Es la estrategia de desgastar la institución para que el desacuerdo deje de parecer política y empiece a parecer pelea de barra.
Lo que dice (y lo que duele)
Armengol sostiene que quien tiene argumentos no necesita insultar ni deshumanizar al adversario. Cuenta que ha intentado, en juntas de portavoces y con los líderes, bajar el suflé; y que el tono lo marcan sobre todo las direcciones de los grupos. Su «receta mágica» es casi ofensiva de tan básica: aceptar los resultados democráticos y comportarse con educación elemental.
No se queda en el moralismo. Apunta a hechos de la legislatura: más litigiosidad del Senado —con mayoría distinta a la del Congreso— ante el Constitucional que en décadas anteriores; 14 sentencias del TC favorables al Congreso, según su relato; y la defensa de convalidar decretos en Diputación Permanente tras la disolución de las Cámaras por el 29-N como lo que «marca la Constitución» y «se ha hecho siempre». También reivindica la utilidad de la legislatura (pensiones, ELA, empleo) frente a quienes la pintan como un vacío.
Lenguas, periodistas y el reglamento que puede volverse atrás
La presidenta pone en valor el uso de las lenguas cooficiales y dice que el PP votó a favor de un presupuesto de la Cámara que incluye los pinganillos; espera que no se revierta tras el 29-N. Sobre las sanciones a agitadores «ultras» que actuaban como pseudoperiodistas, advierte que cualquier avance puede revertirse con otra mayoría. No es una amenaza: es un recordatorio de que las reglas de convivencia en el hemiciclo no son patrimonio eterno de nadie.
Propone, de paso, preguntas orales más libres al Gobierno —menos teatro de enunciados registrados que luego no se parecen a lo formulado— y un Congreso más ágil, abierto y con más memoria democrática. Son ideas de taller reglamentario, no de tuit.
Qué cambia y qué no
Cambia el marco de la precampaña institucional: ya no basta con contar escaños. Hay que preguntar si la próxima Mesa del Congreso va a premiar el grito o el trámite. Cambia también el coste de fingir equidistancia: Armengol niega que la responsabilidad del clima sea simétrica.
No cambia aquí que una entrevista no prueba intenciones penales de nadie, ni convierte a toda la oposición en una sola masa agresiva. Tampoco se inventan cifras de normas o sentencias más allá de lo que ella misma y el medio atribuyen. La hipótesis de esta mesa es política, no judicial: si el Congreso se normaliza como ring, el 29-N no solo elige Gobierno; elige si la democracia parlamentaria se habla en argumentos o en desprecio.