Hay derechos que en el BOE caben en un artículo y en la vida real se miden en calendarios. Francesc Augé, 56 años, ya tiene fecha para la eutanasia: el viernes 27 de noviembre, en el Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès). Lo confirman a varios medios su entorno y su abogada. La Comisión de Garantía catalana le dio el sí en agosto de 2024. Entre medias: más de dos años de pelea en los juzgados, un padre de 96 años que se opuso y un intento de suicidio en septiembre.
Desde esta mesa el dato no es un titular de “final feliz”. Es el coste de dejar que un derecho personalísimo —reconocido por la LORE— quede colgado del ritmo de recursos familiares y de un procedimiento que el propio Tribunal Supremo ha dicho que hay que acortar.
Lo que ya no se discute (y lo que sí)
Augé arrastra secuelas graves tras varios ictus —las crónicas hablan de tres o cuatro— y dos infartos: movilidad limitada y problemas serios de habla/afasia. En verano de 2024, la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya entendió que cumplía los requisitos legales para la muerte digna. Ahí no se inventó un atajo: se aplicó la ley vigente desde 2021.
El freno llegó por la vía familiar. Su padre, apoyado en la práctica por la órbita de Abogados Cristianos (según el relato de La Vanguardia y otros), impugnó la autorización. El juzgado de lo contencioso nº 5 de Barcelona llegó a recordar que la solicitud de eutanasia forma parte del ámbito más personal de decisión. Después el TSJC —y más tarde el Supremo en la doctrina general sobre estos conflictos— abrió la puerta a que un familiar con vínculo estrecho pueda recurrir si aporta indicios de que se saltaron garantías. Ojo: eso no es lo mismo que “prohibir la eutanasia”. Es pelear por quién tiene llave para retrasarla.
El reloj como tormento
Mientras el expediente iba y venía, el sufrimiento no esperaba sentencia. A mediados de septiembre de 2026, Augé intentó suicidarse en su casa. Ingreso en urgencias y, según El Periódico, paso breve por un centro psiquiátrico. Ese golpe cambió el tablero familiar: el 1 de octubre el padre presentó desistimiento; el 19 de octubre el juzgado archivó la causa que bloqueaba la prestación. La eutanasia queda fijada el 27-N; él ingresará el día 26 y la realizará su médica de familia. Planea una despedida con allegados el fin de semana anterior. Ha dicho a La Vanguardia que está “muy contento”.
El caso camina en paralelo al de Noelia Castillo, también dilatado por oposición paterna. A raíz de estos litigios, el Supremo reclamó al legislador un cauce específico y más rápido para no convertir la espera en un sufrimiento añadido. En Cataluña, el Parlament ya empujó hacia el Congreso una reforma de plazos de impugnación. Dret a Morir Dignament subraya lo obvio para esta mesa: la libertad de decidir el propio final sin injerencias eternas de terceros ni de la dilación pública.
Qué se juega de verdad
No hace falta romanticizar la muerte ni demonizar a un padre de 96 años asustado. Hace falta mirar el diseño institucional: si la ley reconoce un derecho y luego permite que un recurso —legítimo o no— lo aplace dos años, el mensaje al ciudadano es cruelmente claro. Quien cumple los requisitos médicos y legales no debería tener que sobrevivir al calendario procesal.
Augé ha hecho pública su pelea a propósito. No es un “caso mediático” gratuito: es la prueba de que sin plazos cortos y sin prioridad real, la muerte digna se convierte en una carrera de obstáculos para quien ya está exhausto. El 27-N cierra su expediente. La reforma que evite el próximo laberinto sigue, de momento, en el cajón político.