No es un chiste de precampaña. Es una denuncia por suplantación de imagen. Begoña Gómez ha llevado a los juzgados el vídeo con inteligencia artificial que el Partido Popular colgó en X el 21 de octubre, y el propio Pedro Sánchez lo ha confirmado este miércoles en el podcast Keep It Cutre.
La pieza del PP no improvisaba: copiaba el formato del vídeo en el que Sánchez reivindicaba ser “zurdo” ante la visita de Javier Milei y lo convertía en un montaje. En la versión popular aparecen, con imagen y voz simuladas, Gómez diciendo que es “zurda” porque obtuvo una cátedra gracias a su marido; José Luis Ábalos, ligado a prostitución y comisiones; y José Luis Rodríguez Zapatero, “zurdo” porque “esconde joyas”. Humor, según Génova. Humillación, según la denunciante.
RTVE ha tenido acceso al escrito. Gómez no se limita a quejarse en redes: apunta a “la persona o personas responsables” de los perfiles oficiales del PP y a quien, dentro de la estructura del partido, hubiera dado órdenes al community manager. Niega haber dicho esas palabras, haber participado o haber dado consentimiento. La defensa sostiene que el uso de su imagen y de una voz fabricada busca humillarla y lesiona identidad, propia imagen y honor.
También pide que declare como testigo Miguel Tellado, secretario general del PP y responsable de campaña. No es un detalle menor: sitúa el deepfake en la cadena de mando electoral, no en un tuit suelto de un afiliado.
Lo que dice Sánchez — y lo que responde el PP
Sánchez ha ido más lejos que un “lo veremos en los tribunales”. Ha comparado la técnica con la de “los acosadores contra los menores” y ha cargado contra Feijóo por “validar” esa práctica. El mensaje es claro para la mesa de la izquierda: un partido que aspira a Moncloa no puede normalizar la falsificación de la cara y la voz de alguien que no se ha presentado a ninguna lista.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha añadido el marco europeo: el reglamento de IA exige marcar con claridad los deepfakes; en el vídeo del PP, dice, la advertencia “no está claramente o está muy escondida”. Ada Colau, candidata del Frente Amplio, ya había pedido por carta a los rivales evitar usos vejatorios de la IA. Sánchez ha asegurado que el PSOE no está usando esa herramienta en la campaña del 29-N.
El PP ha contestado con ironía. En X escribió que “podría ser peor” y que les “podrían haber mandado a Los Rochos”, en alusión a la trama atribuida a Leire Díez. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y candidato por Barcelona, lo ha reducido en RNE a “ironía y humor”, aunque ha admitido que Gómez tiene derecho a ir al juzgado si se siente ofendida.
Por qué importa más allá del titular
La precampaña española acaba de chocar con una pregunta europea: ¿se puede fabricar la voz de tu adversario —o de su familia— y venderlo como humor de partido? La denuncia no resuelve sola el fondo político. Sí obliga a dejar de tratar el deepfake como un meme inofensivo.
Hay tres capas. Primera, derechos de la personalidad: imagen, voz y honor de quien no es candidata. Segunda, reglas de campaña: si el PP cuelga el montaje en su cuenta oficial, no es un anónimo de Telegram. Tercera, asimetría: el vídeo original de Sánchez era un posicionamiento político propio; la respuesta popular pone palabras inventadas en bocas ajenas.
La derecha insiste en que la izquierda dramatiza y judicializa la sátira. La izquierda responde que la sátira no autoriza a clonar a alguien para acusarle de prebendas. El tribunal decidirá el alcance penal o civil. Lo que ya está encima de la mesa es el estándar de la campaña: o se marca, se limita y se asume el coste, o la IA se convierte en un arma barata de deshumanización.
Mientras tanto, el 29-N se acerca con un precedente incómodo. No hace falta inventar delitos ni dictar sentencia. Basta con leer el escrito: alguien ha pedido protección judicial porque un partido grande le ha puesto una cara y una voz que no son suyas. Eso, en una democracia cansada de ruido, no es un detalle de redes. Es el nuevo campo de batalla.