Begoña al jurado: el banquillo no es persecución, es el país normal

Hay frases que en Moncloa suenan a mantra y en un juzgado suenan a otra cosa. Este lunes, el juez Juan Carlos Peinado ha firmado lo que la oposición llevaba meses pidiendo en voz alta: apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Junto a ella irá su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, solo por malversación. El escenario no es un plató: es un jurado popular.

No es la primera vez que Peinado intenta llevar el caso a sala. En junio ya abrió juicio oral con un catálogo más amplio de delitos. La Audiencia Provincial de Madrid le recortó el traje: dejó fuera corrupción en los negocios y apropiación indebida, apartó del cauce del jurado al empresario Juan Carlos Barrabés y obligó a rehacer la fase final. El instructor ha vuelto a la carga tras la audiencia preliminar del 8 de septiembre. Segunda oportunidad. Mismos apellidos. Menos delitos, misma pregunta de fondo: ¿hay alguien por encima del Código Penal en la casa del poder?

El sumario no nace de un invento de última hora. Arrancó en 2024 con una denuncia de Manos Limpias y ha pasado por decenas de testigos, incluido el propio presidente y el ministro Félix Bolaños. La Sección 23 de la Audiencia, en julio, no se limitó a un “siga usted”. Sobre el tráfico de influencias escribió que resulta “perfectamente verosímil”, con el listón indiciario propio de esta fase, que la investigada “logró el influjo” desde su posición de esposa del presidente. Eso no es condena. Es el aval para que un jurado mire los papeles sin que Moncloa decida el guion.

Peinado, según el relato de la instrucción recogido por medios, sostiene que Gómez proyectaba a la vez su posición institucional, su actividad académica en la cátedra de la Complutense y sus contactos con empresas y directivos. En esa trama se sitúa la intermediación en favor de Barrabés y el uso de medios públicos —incluido el tiempo y la posición de su asistente eventual de Presidencia— para intereses privados. Álvarez aparece como apoyo operativo. Las defensas y la Fiscalía piden absolución. La acusación popular de Hazte Oír reclama 13 años para Gómez y seis para Álvarez. El contraste es brutal: el ministerio público pide carpetazo; una acusación particular pide prisión larga. El juicio existe precisamente para separar ruido de prueba.

Desde el Ejecutivo la respuesta ha sido la esperada y la más débil políticamente: “condenar” la decisión, hablar de “persecución judicial” y de “acoso” por ser la mujer del presidente, y quejarse de que el auto coincida con un viaje internacional de Sánchez. Puede ser todo eso… o puede ser, sencillamente, que la instrucción ha llegado al punto en el que toca sentarse ante un jurado. Convertir cada auto en “lawfare” tiene un coste: vacía de sentido la igualdad ante la ley. Si la esposa del presidente no puede ser juzgada sin que Moncloa hable de deshumanización, entonces el mensaje al ciudadano de a pie es cristalino: hay dos justicias.

Importa lo que el auto no hace. No impone, de entrada, las medidas cautelares más duras de la primera apertura; sí fija la obligación de estar a disposición del tribunal, comunicar domicilio y comparecer si se les requiere. La Audiencia Provincial tendrá que designar magistrado-presidente del jurado. Ahí se acotará el hecho justiciable. Ahí se verá si los indicios aguantan el aire de la sala o se deshinchan. Nadie serio debería dar el veredicto por escrito hoy. Pero nadie serio debería fingir que “abrir juicio oral” es un capricho de un juez a punto de jubilarse el 27 de septiembre: la Audiencia ya le dijo que el cauce del jurado no era arbitrario.

La derecha política lleva años acusando al Gobierno de normalizar la impunidad del entorno. Este auto no prueba esa tesis al milímetro; sí demuestra algo más prosaico y más importante: el expediente no se ha muerto en un cajón. Cuando la pareja del presidente se sienta ante un jurado por tráfico de influencias y malversación, el sistema —con todos sus defectos, con Manos Limpias al inicio y con Hazte Oír pidiendo penas de escándalo— sigue teniendo un último filtro: la prueba en juicio. Moncloa puede gritar “persecución”. El resto del país puede exigir otra cosa: que se juzgue sin miedo y sin privilegio. Si hay inocencia, saldrá. Si hay delito, también. Lo intolerable no es el banquillo. Lo intolerable sería blindarlo.