Mientras Moncloa habla de retornos y “normalidad”, Ceuta pone números sobre la mesa del juzgado. El Gobierno de la ciudad autónoma ha cifrado ante la Audiencia Nacional en 45,32 millones de euros el coste extraordinario de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos de los días 30 y 31 de julio. No es un tuit de campaña: es un informe de Hacienda local enviado a la jueza María Tardón.
La cifra duele… y aún así es incompleta. El propio documento deja fuera la atención a menores extranjeros, las pérdidas de la Autoridad Portuaria y el golpe al tejido empresarial y al empleo. Es decir: 45 millones es el suelo contable de la emergencia, no el techo real de lo que ha costado —y costará— la crisis a una ciudad de tamaño pequeño con frontera grande.
De dónde sale la factura
El informe, remitido el 21 de octubre para cumplir un requerimiento del auto del 16 de octubre, reparte el montante hasta el 31 de diciembre de 2026: mezcla gasto ya nacido y previsión de lo que queda de año. 4,65 millones van como inversiones; 40,67, como gasto corriente.
El bloque que se come el pastel es brutalmente prosaico: limpieza y medio ambiente, 31,7 millones (cerca del 70%). Ahí entran limpieza extraordinaria (13,5 M), encargos a medios propios (3,5 M), recuperación de playas y montes (7 M) y residuos (4 M). No es “ideología”: es basura, salubridad y espacios públicos reventados.
El segundo bloque —sanidad y servicios sociales— suma unos 9,9 millones, con la alimentación disparada a 7,5 millones. Hay partidas de cementerio, salud pública, policía local, bomberos, parque móvil y seguridad escolar. Hasta la Feria suspendida deja 690.000 euros en indemnizaciones a feriantes, casetas y orquestas. Cuando una ciudad cancela su fiesta mayor por una frontera que no aguanta, el coste deja de ser abstracto.
La política detrás del Excel
Ceuta gobierna el popular Juan Jesús Vivas. Llevar este desglose a la instructora no es solo contabilidad: es empujar la causa judicial y, de paso, señalar que la emergencia no se paga sola con ruedas de prensa. En paralelo, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha sacado tras el Consejo de Ministros un informe de situación (datos a 26 de octubre): 13.823 regresos a Marruecos (13.215 voluntarios y 608 expulsiones), miles de plazas temporales y efectivos desplegados. Son datos de gestión. No contestan, por sí solos, quién asume el agujero municipal de 45 millones y pico.
Desde una lectura liberal-conservadora, el episodio resume un fallo de Estado: frontera porosa, respuesta tardía y factura localizada. Una ciudad autónoma no puede tragarse indefinidamente picos migratorios de escala nacional/europea sin que Madrid —y Bruselas— asuman capacidad, tiempos y dinero. Si la limpieza de montes y la comida de emergencia se convierten en el principal capítulo presupuestario de un otoño entero, el problema ya no es “coyuntural”: es de modelo.
Lo que no hay que inventar
El informe no prueba, por sí mismo, intenciones ocultas de Rabat ni un “plan maestro” del Gobierno central. Prueba un coste extraordinario reclamado ante la jueza y una carga que Ceuta dice no poder absorber en silencio. Tampoco convierte cada partida en un pago ya ejecutado al 100%: hay previsión hasta fin de año. Conviene leerlo con esa cautela… y sin dulcificar el tamaño del golpe.
A un mes del 29-N, la derecha tiene aquí un argumento concreto, no un eslogan: sin control efectivo de la frontera y sin corresponsabilidad financiera real, la solidaridad se convierte en ruina municipal. Ceuta ha pasado de la foto de la crisis a la hoja de cálculo. Y las hojas de cálculo, a diferencia de los mitines, no se aplauden: se pagan.