Cuando el bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial no impone su lista, el resultado se convierte en un ataque a la democracia. Al menos eso es lo que dice el bloque progresista del CGPJ. El miércoles 28 de octubre, el Pleno del Consejo aprobó la renovación anual de sus comisiones por doce votos a nueve. Una mayoría. Un voto legal. Y un drama que no termina.
Preciado rompe el empate
La clave de la jornada fue el vocal Carlos Hugo Preciado, que se presenta a sí mismo como progresista independiente o «tercera vía». Fue su lista la que salió adelante, después de que el conservador José Antonio Montero retirara la suya propia y la del progresista José María Fernández Seijo no encontrara los apoyos necesarios. Doce vocales dijeron sí. Nueve dijeron no. Así funciona un pleno colegiado.
El resultado tiene un nombre: renovación anual de comisiones, obligación que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial. No es un capricho ni una maniobra. Es el mandato legal. El 14 de octubre ya se intentó sin éxito y se aplazó. Esta vez salió.
La Permanente: cuatro mujeres y ningún milagro pendiente de reconocer
La Comisión Permanente, el órgano que lleva el peso del día a día entre plenos, queda con ocho miembros. Preside Isabel Perelló. Entre los vocales: los conservadores José Antonio Montero, José Carlos Orga, José María Páez y José Luis Costa; y las progresistas Argelia Queralt, Lucía Avilés e Inés Herreros. Cuatro mujeres entre los ocho. Por primera vez en la historia del órgano.
Si alguien esperaba titulares sobre ese hito histórico de paridad, que busque en otro lado. El relato de la jornada lo monopolizó el enfado del bloque minoritario. En el conjunto de las once comisiones renovadas, las mujeres ocupan 29 de 59 puestos, el 51,8%. Seis de diez presidencias de comisiones irán a cargo de mujeres. Son datos concretos. Incómodos para quienes prefieren el relato del Consejo como bastión reaccionario.
El drama progresista, con sus cifras
Los nueve vocales que votaron en contra tienen argumentos. Los exponen sin pudor. Dicen que se «consuma por segundo año consecutivo la ruptura de la cogobernanza». Que representan el 45% del Pleno y merecen un reparto proporcional. Que Preciado ha entregado su lista a la derecha. Sus cuentas: 48 puestos de 130 para progresistas (36,9%), 71 para conservadores (54,6%) y 11 para Preciado; de 13 presidencias, solo dos para el bloque progresista.
Son cifras que merecen contraste, no descarte automático. Pero hay una pregunta que el bloque progresista no responde: ¿qué entiende exactamente por «cogobernanza»? Porque si significa «que nosotros decidamos el reparto con independencia del resultado de la votación», tiene otro nombre. Se llama veto. Y los vetos no están en la LOPJ.
Desde el entorno de Preciado la respuesta es más directa: los progresistas no tienen el monopolio del progresismo. Y señalan que hay una presidencia más que el año pasado.
No es un golpe. Es una votación.
El Consejo General del Poder Judicial no es una extensión del Congreso. No funciona por grupos parlamentarios ni por acuerdos de investidura. Funciona por votaciones entre veintiún vocales que, en teoría, representan al conjunto de la judicatura, no a los partidos que propusieron su nombre.
Cuando una mayoría de doce vocales apoya una lista, eso no es una «ruptura». Es el resultado. Perder una votación en un órgano colegiado no es un golpe al pluralismo. Es el pluralismo funcionando. La alternativa —que el bloque que dice representar el 45% tenga poder de bloqueo indefinido— sería el verdadero problema institucional. Para todos.
El sector conservador, por su parte, no estuvo exento de tensión. Su principal desacuerdo con la lista de Preciado fue la pretensión de incorporar a Fernández Seijo y a Ricardo Bodas a la Permanente. No lo consiguieron. Se llegó a un punto de acuerdo. Eso también es política institucional, no traición.
Lo urgente: el Supremo lleva esperando demasiado
Entre tanto ruido sobre el reparto de comisiones, la presidenta Perelló ha aprovechado para recordar lo que de verdad está pendiente: los nombramientos de magistrados en el Tribunal Supremo. Hay plazas vacantes. Llevan tiempo sin cubrirse. Y eso sí afecta al funcionamiento real de la justicia, a los ciudadanos que tienen asuntos esperando resolución en el alto tribunal.
El Consejo puede pasarse el año discutiendo quién preside qué comisión o puede dedicar energía a cubrir las vacantes del Supremo. La elección dice mucho sobre las prioridades de cada bloque.
El Consejo no es una cuota
Hay una tentación muy extendida en ciertos sectores: tratar el CGPJ como si fuera un Parlamento en miniatura, donde cada grupo tiene derecho a su porción proporcional del poder con independencia de los votos en el Pleno. Esa lógica convierte un órgano de gobierno judicial en una extensión de la política de partidos. Justo lo contrario de lo que debería ser.
La independencia judicial no es el monopolio de nadie. Ni de los que se llaman progresistas ni de los que se llaman conservadores. Lo que ocurrió el miércoles en el CGPJ fue una votación legal, con mayoría clara, que cumple el mandato legal de renovación anual. El resultado incluye paridad histórica en la Permanente y representación femenina mayoritaria en el conjunto de las comisiones.
Si eso es una «ruptura de la cogobernanza», el problema está en la definición de gobernanza, no en los doce votos.