El miércoles 28 de octubre, mientras los partidos calentaban motores para las elecciones del 29 de noviembre, los médicos y facultativos de Madrid, Catalunya y el País Valencià decidieron que no podían esperar más. Paros autonómicos en tres comunidades a la vez. Un mensaje tan sencillo como directo: la sanidad pública se defiende ahora, no en el próximo Consejo de Ministros.
Tres frentes el mismo día
En Madrid, el Comité de Huelga de Médicos y Facultativos —en el que participa Amyts, entre otros sindicatos— ha convocado cuatro bloques de huelga que se extienden hasta diciembre. El primero arrancó el 28 de octubre y llega hasta el 31. El segundo va del 4 al 7 de noviembre. El tercero, del 18 al 21 de noviembre. Y el cuarto, del 9 al 12 de diciembre. Cuatro tandas de presión escalonada para que nadie piense que esto es un amago. Una apuesta sostenida que pone en aprietos a la gestión autonómica.
En Catalunya, el sindicato Metges de Catalunya ha ido más lejos: huelga indefinida, con manifestación en la Diagonal. Sin fecha de vuelta a casa hasta que no haya respuesta real. El gobierno del PSC tiene ahora la pelota en su tejado y tendrá que decidir si la recoge o la deja botar.
En el País Valencià, el sindicato Avanza, integrado en la Unión Médica y Facultativa (UMYF), mantiene también su propia huelga autonómica indefinida. Tres territorios. Tres contextos políticos distintos. Y la misma demanda de fondo: mejores condiciones laborales y una sanidad pública que aguante el tipo sin depender de la buena voluntad del consejero de turno.
La huelga general estatal, aparcada por la política
Los sindicatos médicos CESM, SMA y SME habían anunciado una huelga general indefinida en toda España. No llegó a arrancar, al menos no de momento. El motivo tiene más de política que de voluntad: el proyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad decayó antes de prosperar, y con la disolución del Gobierno por las elecciones del 29-N desapareció también el interlocutor con capacidad real de negociar algo vinculante. Sin ejecutivo en activo que pueda firmar nada de peso, la huelga estatal queda aplazada hasta que exista un nuevo Gobierno con mandato claro.
Es una paradoja amarga. La crisis sanitaria no espera, pero la maquinaria institucional está en pausa electoral. Mientras tanto, los médicos no pueden pausar su hartazgo ni su carga de trabajo.
Por eso las comunidades autónomas se han convertido en el campo de batalla inmediato. Porque allí sí hay consejeros. Allí sí hay presupuestos que aprobar y partidas que reasignar. Y allí sí hay responsabilidades políticas concretas que señalar con nombre y apellidos.
Canarias ya fue, Andalucía y Castilla-La Mancha llegan
Madrid, Catalunya y Valencia no son un caso aislado ni una casualidad del calendario. En Canarias, los paros médicos comenzaron antes, el 16 de octubre, abriendo la veda. Y en noviembre se sumarán Castilla-La Mancha y Andalucía. La ola se extiende por el mapa. No es un capricho corporativo ni una protesta de élite. Es una acumulación de malestar que lleva años creciendo en silencio y que ahora estalla comunidad tras comunidad, con independencia del partido que gobierne.
El 21-N, todos a Madrid
El punto de convergencia de toda esta movilización está ya marcado en el calendario: el 21 de noviembre, manifestación unitaria en Madrid. El recorrido va del Ministerio de Sanidad al Congreso de los Diputados. Difícil elegir un trayecto más simbólico: del sitio donde se legisla la salud al sitio donde se decide quién gobierna.
La cita del 21-N llega ocho días antes de las elecciones. No es casualidad. Los sindicatos médicos quieren que la sanidad pública sea agenda electoral de verdad, no promesa de última hora en el mitin de cierre de campaña. Que los candidatos tengan que posicionarse antes de votar. Que nadie llegue al 29-N sin haber explicado qué piensa hacer con los ambulatorios, los hospitales y los profesionales que los sostienen día a día.
Sanidad: agenda de clase, no de campaña
Hay una trampa en la que la izquierda no puede caer: tratar la sanidad pública como un activo de movilización para el 21-N y olvidarla el 30-N. La lucha de los médicos no es una oportunidad de comunicación política. Es una señal de que el sistema tiene grietas profundas y de que los remiendos no están llegando.
La derecha que gobierna comunidades como Madrid o la Comunitat Valenciana lleva tiempo vendiendo gestión como sinónimo de eficiencia. Los facultativos que paran dicen otra cosa. Que la trinchera real no está en el mitin ni en el comunicado institucional del consejero de turno. Está en el ambulatorio a las ocho de la mañana, en la consulta con la lista de espera desbordada, en la guardia sin relevo a la vista.
La sanidad pública es una de las últimas grandes conquistas del Estado del bienestar que la mayoría de la población usa de verdad, de forma cotidiana, sin distinción de clase ni de renta. No es un debate abstracto para think tanks. Es lo que pasa cuando te pones malo tú, o se pone mala tu madre, o tu hijo necesita que alguien le vea esa tarde. Y hay trabajadores dispuestos a perder días de sueldo para defenderla. Eso dice mucho de lo que está en juego.
Eso merece más que un minuto en el bloque final del informativo. Merece seguimiento, presión política sostenida y, sobre todo, que el próximo Gobierno —sea quien sea— llegue a la Moncloa sabiendo que esto no puede esperar a la segunda legislatura ni a que mejoren los indicadores macro.