Hay pelea de fondo y hay pelea de pasillo. Este martes la Mesa del Congreso cerró la segunda: retiró de forma definitiva la acreditación de prensa a Vito Quiles. No es un matiz cosmético. Es echar del edificio a quien, según los letrados de la Cámara, usó la credencial para interrumpir, grabar donde no toca y convertir la sede en plató.
La decisión salió con los votos de PSOE y Sumar. El PP no participó: se opuso en su día a la reforma del Reglamento que endureció sanciones y ahora se queda al margen de estos expedientes. No hace falta inventar un melodrama. El mensaje institucional es otro: si reventas ruedas de prensa y hostigas el trabajo ajeno, la Cámara puede cerrarte la puerta.
El detonante formal no es un solo tuit. Fuentes parlamentarias citadas por El País señalan tres expedientes por hechos de marzo —interrupción de una rueda de prensa del portavoz socialista Patxi López y difusión en redes de imágenes tomadas en espacios no autorizados—. Como Quiles ya estaba suspendido por infracciones graves previas, la reiteración eleva esas faltas a muy graves. Y las muy graves, según el Reglamento, pueden acabar en revocación definitiva de la credencial.
La historia viene de lejos. En mayo la Mesa ya le había aparcado la acreditación de forma cautelar —junto a la de Bertrand Ndongo— mientras se resolvían denuncias acumuladas. Después llegaron suspensiones temporales por grabar y difundir imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en zona no permitida. Los letrados, según el relato de varios medios, no hablan de un mal día: hablan de voluntad deliberada de alterar el funcionamiento normal de la Cámara y de molestar al resto de periodistas acreditados.
Desde la izquierda del hemiciclo la lectura es clara. Aina Vidal (Sumar) celebró la medida: quien no es profesional de la comunicación, interrumpe el trabajo ajeno y se comporta de forma vejatoria no debería trabajar en el Congreso. No es un sermón de salón. Es una regla básica de cualquier redacción seria y de cualquier sede parlamentaria que no quiera convertirse en reality de bronca permanente.
Quiles no es un redactor anónimo pillado por un exceso. Fue candidato en la lista europea de Alvise Pérez y apareció en el cierre de campaña del PP en Aragón. Esa biografía no es un delito; sí explica por qué la oposición a su expulsión se disfraza a veces de «libertad de prensa» cuando el problema real es otro: confundir acreditación con impunidad.
Quedan matices que importan. Varios medios señalan que, pese a la retirada efectiva, dispone de un plazo de alegaciones (en torno a 15 días) antes de que el procedimiento quede cerradísimo. No es una condena penal ni un juicio a la opinión. Es una sanción administrativa de la Mesa sobre normas de la Cámara. Y eso, en una democracia, también cuenta: el Congreso no está obligado a hospedar a quien convierte el pasillo en trinchera y la rueda de prensa en escrache.
La pregunta útil no es si Quiles «molestaba al poder». La pregunta es si la Cámara puede proteger a diputados, diputadas y periodistas de un patrón reincidente de interrupciones y grabaciones prohibidas. Este martes la respuesta, con los números de la Mesa, ha sido sí. Tarde, dirán algunos. Necesaria, en todo caso, si se quiere que el Congreso siga siendo un lugar de trabajo y no un plató de ultraje.