No es un tuit de precampaña. Es un requerimiento con número: el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a dos plataformas de viviendas de uso turístico que retiren 8.318 anuncios que se vendían como alquiler de temporada… y permitían reservas de menos de 31 días.
La mayoría no está en un pueblo de interior. Está donde duele el bolsillo: 6.772 en la Comunidad de Madrid y, de ellos, 6.523 en la ciudad. El resto se reparte por el mapa, pero el mensaje político es inequívoco: el truco de etiquetar como “temporada” lo que funciona como mini-hotel ya no pasa desapercibido.
Qué ha hecho Consumo (y con qué arma legal)
Según la nota del ministerio que dirige Pablo Bustinduy y las crónicas de ABC, laSexta e Infobae, la Dirección General de Consumo considera esos anuncios ilícitos. Se publicitan como temporada pese a admitir estancias por debajo del mínimo legal. Eso, dice el departamento, es comunicación comercial “desleal” y “engañosa”, con encaje en el artículo 47 del texto refundido de defensa de consumidores.
El ancla normativa es reciente: la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos ligada al Real Decreto-ley 29/2026 (el primer bloque del llamado paquete de vivienda tras el caso Maricarmen). Desde su entrada en vigor el 8 de octubre, el contrato de temporada debe superar los 31 días y, como norma general, no pasarse de un año. Además, el propietario tiene que justificar por escrito una causa real del desplazamiento del inquilino —trabajo, estudios, tratamiento médico—. Si no, el contrato se trata como vivienda habitual, con todas las protecciones que eso implica.
Consumo no ha enviado una carta amable. Ha activado los mecanismos de notificación del Reglamento de Servicios Digitales europeo. Una vez avisadas, las plataformas asumen responsabilidad directa sobre los ilícitos comunicados. Si no retiran o bloquean el acceso, se abre la puerta a un expediente.
No es la primera batida
El ministerio recuerda el historial: multa de 64 millones a Airbnb y retirada de más de 65.000 anuncios; Booking obligada a bajar más de 4.000; sanción de 3,6 millones a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas; y otro expediente abierto a una gran comercializadora. La pieza de hoy no nace de la nada: es la continuación de una línea de inspección que la derecha llama “guerra al propietario” y que, en el metro, se lee como “alguien por fin mira el anuncio”.
Por qué importa a un mes del 29-N
Idealista ya venía dibujando el desplazamiento del mercado: en el tercer trimestre de 2026 la oferta de alquiler permanente cayó un 10% interanual y los anuncios de temporada rozaban el 34% del total (+7%). Esas cifras, advierte la propia plataforma, aún no reflejan del todo el golpe de los decretos de octubre. Madrid concentra la presión residencial y la tentación de eludir garantías con contratos cortos disfrazados.
El Gobierno lo vende como prueba de que el decreto no era solo un titular de Moncloa. La oposición lo leerá como gesticulación electoral con un decreto aún pendiente de convalidación en la Diputación Permanente. Las dos lecturas pueden convivir. Lo que no puede es inventarse: hay 8.318 anuncios concretos, hay un mínimo de 31 días y hay un mapa que señala a Madrid con el dedo.
Para quien busca piso de verdad, la noticia no es un eslogan. Es una pregunta práctica: si desaparece el disfraz de “temporada” de una noche, ¿vuelve vivienda al mercado residencial o se muda al turístico puro? Consumo no resuelve esa ecuación. Solo dice que mentir en el anuncio ya tiene precio administrativo.