En A Coruña no se discutía solo un mitin. Se discutía quién manda en la calle cuando coinciden Vox, una contramanifestación y la Policía Nacional. Tras los altercados del miércoles por la visita de Santiago Abascal, el balance oficial del jueves es seco: tres detenidos y trece agentes heridos con contusiones. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, habla de un «grupúsculo» radical. Abascal, en Burgos, habla de violencia «diseñada y organizada desde el Palacio de La Moncloa». Son dos relatos. Los destrozos, de momento, son de uno solo: el del centro de la ciudad.
Europa Press y ABC recogen la comparecencia de Blanco. Condena la violencia de la mañana en María Pita y la de la tarde-noche. Defiende el dispositivo. Y reduce la autoría a un «grupo muy reducido» de «radicales y antisistema» infiltrados entre quienes, dice, solo querían ejercer el derecho de manifestación. Insiste en la fórmula: «un grupo pequeño, uno mínimo».
Dos convocatorias, una plaza, trece policías heridos
La mecánica del día importa porque es el núcleo de la bronca política. Vox comunicó el 16 de octubre una mesa informativa en María Pita para menos de veinte personas. Según Blanco, el aviso no mencionaba expresamente a Abascal, aunque la Delegación sospechaba que iría. Al día siguiente, Galiza Nova y otras organizaciones notificaron una concentración «pacífica» en el mismo espacio contra lo que llamaban fascismo. No hubo, dice el delegado, informes desfavorables que justificaran prohibir o separar por oficio las citas.
Blanco se aferra al marco constitucional: las manifestaciones no se «autorizan»; se comunican. Solo se restringen con base legal y con informe. «Es bueno para la democracia» garantizar el acto de Vox y la protesta contra sus ideas, ha dicho, según la crónica de El Mundo. El problema no es el manual de derecho. El problema es lo que pasó cuando el manual se encontró con piedras, mobiliario urbano y contenedores en llamas.
El propio delegado sitúa el primer estallido cuando los representantes de Vox ya habían dejado la plaza: lanzamiento de objetos contra agentes, cargas para disolver, dos detenidos y una docena de policías heridos por la mañana. Por la tarde, una nueva movilización —esta vez, dice Blanco, sin comunicación oficial— derivó en bengalas, más objetos, barricadas y otro detenido, con un agente más lesionado. Dos de los tres arrestados quedaron en libertad con cargos; el tercero debía pasar a disposición judicial el jueves. Los daños al mobiliario siguen evaluándose.
PP y sindicatos: dimisión; BNG: cargas desproporcionadas
La oposición gallega no compra el relato del «mínimo». Paula Prado (PPdeG) acusa a Blanco de «dejación de funciones» por estar «haciendo campaña electoral en Santiago mientras ardía La Coruña». Le reprocha haber permitido la coincidencia de ambas convocatorias y anteponer, a su juicio, el interés partidista a la seguridad. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, respalda a los antidisturbios «por hacer su trabajo» y separa esa labor de la «dirección política» del operativo: a Blanco le toca explicar si se pudo evitar el desorden.
Los sindicatos policiales aprietan más. CEP y Jupol han pedido la dimisión del delegado; la CEP extiende la exigencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y reclama más antidisturbios y medios. Cuestionan la claridad de órdenes y describen avances, pausas y retrocesos que, en su valoración, pudieron envalentonar a los violentos. El SUP respalda las intervenciones y pide respuesta penal más contundente ante agresiones a agentes.
Desde el otro flanco, el BNG y colectivos convocantes denuncian cargas «desproporcionadas», uso de gases y pelotas de goma, y reclaman también responsabilidades. La Coordinadora da Mocidade Socialista ha pedido la dimisión de Blanco y de la alcaldesa Inés Rey, y ha mostrado fotos de lesiones que atribuye a la actuación policial; el alcance de esas lesiones no está contrastado de forma independiente en las crónicas citadas. Rey, el día anterior, había condenado la violencia y advertido de que cualquier reivindicación pierde legitimidad cuando se recurre a ella.
Abascal: no es un «mínimo», es Moncloa
Abascal ha convertido el balance policial en munición de precampaña. En Burgos ha repetido —según El Mundo, hasta en quince ocasiones— que se trata de violencia «diseñada y organizada desde el Palacio de La Moncloa», pensada para acosar actos de Vox y a quienes quieren escucharles. «Me gustaría hablar de nuestro programa, pero desgraciadamente tengo que empezar denunciando la violencia organizada por el Palacio de La Moncloa», ha dicho. Es una acusación política de máximo voltaje. Lo que las crónicas documentan son disturbios, heridos y detenidos; la autoría «desde Moncloa» es la tesis de Vox, no un hecho probado en sede judicial.
Esa distinción importa. Se puede criticar con dureza la planificación del dispositivo, la coincidencia de actos o la respuesta policial sin convertir una hipótesis de orquestación gubernamental en dato cerrado. Y se puede condenar la violencia callejera sin blanquear a quien la ejerce como «protesta legítima».
Lo que queda sobre la mesa
Queda una ciudad con destrozos, trece policías contusionados, tres detenidos y una precampaña que ya huele a choque de relatos. Blanco dice que la Policía decide cuándo cargar y que actúa para evitar una «batalla campal». El PP dice que la dirección política falló. Los sindicatos piden cabezas. La izquierda local habla de represión. Vox habla de Moncloa.
Mientras tanto, la investigación sigue identificando a quienes lanzaron piedras y quemaron contenedores. Ahí no hay eslogan que valga: o hay autores con nombre o el «grupúsculo» se convierte en comodín de todos. A un mes vista del 29-N, A Coruña no es solo una plaza gallega: es el aviso de cómo se va a pelear el orden público cuando cada mitin se lee como ensayo general.