El Congreso está disuelto, el 29-N se acerca y hay dos decretos de vivienda que siguen en el limbo. No se han tumbado definitivamente, pero tampoco están en vigor de forma estable. El reloj constitucional corre. Y la fecha límite es, exactamente, el mismo día que arranca la campaña electoral: el 13 de noviembre.
Qué pasó y por qué hay que volver a empezar
El 2 de octubre de 2026, el Pleno del Congreso rechazó dos reales decretos-ley de vivienda. El primero cayó con los votos del PP, Vox y Junts. El segundo —el que amplía los plazos de alquiler con largas prórrogas, conocido ya como el «decreto Maricarmen»— también lo tumbó el PNV, sumando más rechazo todavía.
El Gobierno no tiró la toalla. Disueltas las Cortes por el adelanto electoral al 29-N, el Consejo de Ministros volvió a aprobar textos prácticamente idénticos. El 7 de octubre se publicaron en el BOE. Vuelta a empezar con el mismo contenido, nuevo plazo legal.
El artículo 86.2 de la Constitución es claro: los decretos-ley deben someterse a debate y votación en 30 días hábiles. Servimedia calcula que ese plazo vence el 13 de noviembre. El mismo día que arranca la campaña del 29-N. No es una metáfora política. Es el calendario.
La semana que lo decide todo
La Diputación Permanente, el órgano que mantiene vivo el Congreso cuando no hay Cortes en activo, no incluyó los decretos de vivienda en la agenda de la semana del 3 al 7 de noviembre. Esa semana estaba ocupada por otros asuntos, entre ellos la comparecencia de Óscar Puente por el accidente de Urda. Que el debate de vivienda quedara fuera no significa que uno desplazara al otro causalmente: la Mesa decidió no meterlos esa semana, y punto.
El resultado es que el debate queda para la semana del 9 al 13 de noviembre. El último margen posible. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, dijo que el Gobierno comparecerá cuando sea citado por el Congreso. Sin fecha concreta confirmada públicamente de forma definitiva todavía.
Según crónicas de elDiario.es de finales de octubre, el Gobierno había manejado la posibilidad de llevar los decretos el 12 de noviembre: el día después de la huelga general convocada para el 11-N en el marco de la movilización por la vivienda, y víspera del inicio de campaña. Mover ficha en ese momento no es neutro. Pero la convocatoria de huelga y el reloj constitucional son dos cosas distintas. El segundo no espera al primero.
La aritmética que cambió todo
Aquí está la clave que explica por qué el Gobierno volvió a intentarlo: en la Diputación Permanente, los números son distintos a los del Pleno.
En el Pleno, Junts fue decisivo para hundir el primer decreto. En la Diputación Permanente, según el recuento de Servimedia, bastarían los votos de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos —35 votos— frente a los 34 del bloque PP+Vox+Junts. Junts ya no tiene la llave para tirar el primero. El mapa cambió.
El PNV es la pieza que lo afina. Maribel Vaquero, diputada del PNV, confirmó hace semanas que su partido votará a favor del primer decreto en la Diputación Permanente. El segundo —el de las prórrogas largas, el «decreto Maricarmen»— lo seguirá rechazando. El PNV no ha cambiado de posición en este punto y no hay nada documentado que lo indique. Con esa aritmética, el primer decreto tiene opciones reales. El segundo sigue en el aire.
Qué tiene el primer decreto, en cristiano
Porque importa saber qué hay en juego. El primer decreto, el que sí tiene votos para ser convalidado, incluye medidas concretas:
Protección frente a desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional, hasta el 31 de diciembre de 2030. Si el propietario es un «fondo buitre», la suspensión es obligatoria.
Tope a las subidas del alquiler. Las rentas que ya superan el índice de referencia se congelan hasta finales de 2027. Las demás, límite del 2%.
Prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. El Ministerio de Derechos Sociales estima, según sus cálculos, que esta medida afectaría a aproximadamente 1,9 millones de contratos y alrededor de 5 millones de personas.
Además: restricciones a compras especulativas de fondos hasta 2030, cambios en la fiscalidad de las SOCIMI, regulación de contratos de temporada y por habitaciones, IVA del 10% a pisos turísticos, deducciones para inquilinos con rentas bajas, una línea de préstamos públicos «Tu Casa» al 0% con 10.000 millones anunciados, e IVA del 4% para vivienda de promoción pública o protegida.
Nada de esto entra con carácter estable si el decreto no se convalida antes del 13 de noviembre.
El segundo decreto: Maricarmen y el nudo del PNV
El segundo decreto —el que lleva el nombre informal de «decreto Maricarmen», en referencia al caso de la anciana de 87 años cuyo desahucio y posterior muerte conmocionó a la opinión pública e impulsó protestas— tiene prevista su entrada en vigor el 15 de noviembre según el BOE. Amplía prórrogas de alquiler y fija compensaciones. Pero con las posiciones anunciadas del PNV, no obtendría convalidación en la Diputación Permanente.
Eso no es una traición ni una sorpresa. El PNV lo dijo. Lo que sí es una pérdida real es que las medidas más ambiciosas en materia de estabilidad a largo plazo del alquiler quedan pendientes. Otra vez.
El PP habla de «disparate». Los inquilinos hablan de su contrato
Borja Sémper, portavoz del PP, calificó de «disparate democrático» que el Gobierno volviera a aprobar textos idénticos a los que el Congreso acababa de rechazar. El argumento tiene cierta lógica parlamentaria formal: el Pleno habló, el Gobierno ignoró el resultado.
La respuesta de marco es menos abstracta: el Pleno lo rechazó con una mayoría coyuntural que incluía a Junts, en un contexto político muy específico. La Diputación Permanente puede dar un resultado distinto. Y entre medias, hay millones de personas cuyas prórrogas de contrato, cuya protección frente al desahucio, cuya capacidad de pagar el alquiler sin que se dispare dependen de lo que pase en esa votación antes del 13-N.
«Disparate democrático» o segunda oportunidad para un resultado parlamentario más representativo que el de octubre. El debate no es solo procedimental. Nunca lo fue.
Lo que sí es un hecho sin discusión es el reloj. La semana del 9 al 13 de noviembre no tiene margen de error. Si la Diputación Permanente no vota, el paraguas se cae. Y los ciudadanos irán a las urnas el 29-N sabiendo que sus protecciones de alquiler se esfumaron antes de que se abrieran las mesas electorales.