En plena precampaña del 29-N, el Gobierno ha vuelto a sentarse con CSIF, CCOO y UGT y ha dejado por escrito lo que ya estaba en el acuerdo marco: el sueldo de los empleados públicos subirá un 4,5% desde el 1 de enero de 2027. No es un globo de ensayo. Es el tramo más grueso del pacto plurianual 2025-2028 —un 11% acumulado— y afecta a más de tres millones de nóminas. El mismo día en que arranca el plazo de listas (21-26 de octubre), la mesa social pide algo más simple que un titular: que el Real Decreto-ley llegue antes de la urna.

Qué ha marcado las últimas horas (lectura progresista). Según los sindicatos y el relato de Función Pública (Óscar López), la comisión de seguimiento confirma el calendario: 2,5% en 2025; 1,5% fijo en 2026 más un variable del 0,5% ligado al IPC; 4,5% en 2027; 2% en 2028. El medio punto de 2026, casi seguro, se abonará en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos. CSIF quiere el RDL ya para que Estado, CCAA y ayuntamientos puedan presupuestar nóminas homogéneas; UGT marca el 24-N —último Consejo de Ministros antes de los comicios— como línea roja práctica; CCOO resume el clima: «hechos y no declaraciones de intenciones». En paralelo, el reloj electoral no para: candidaturas ante juntas provinciales hasta el 26-O, publicación en BOE el 28 y proclamación el 2-N.

Opinión del día. Se puede llamar electoralismo. Esta mesa lo llama lo contrario del cinismo presupuestario: si hay acuerdo firmado y hay inflación, la nómina pública no se aparca «hasta que gobierne otro». La derecha dirá que es compra de votos de tres millones de funcionarios. Perfecto: que expliquen entonces por qué un maestro, un enfermero o un tramitador de la Seguridad Social deberían confiar en una promesa post-electoral cuando el propio marco ya estaba pactado. Gobernar en precampaña no es trampa: es el test de si el Estado cumple con quien sostiene el Estado.

La lectura de metro es clara. El 4,5% de 2027 no es un regalo de campaña improvisado: es el escalón que el acuerdo marco ya contemplaba. Quien cobra en sanidad o educación no discute el «Contrato con España» a las ocho: discute si la cesta de la compra le come el sueldo y si la temporalidad —estancada, según CSIF, en torno al 27% de media y por encima del 40% en sanidad y educación— se va a seguir maquillando. Pedir el RDL antes del 29-N no es capricho sindical: es evitar que un Ejecutivo en funciones o un cambio de color congele la nómina con la excusa del «hay que mirarlo».

Hay matices que esta mesa no regala. Confirmar no es publicar en el BOE. Función Pública insiste en que la reunión fue «ordinaria» y que «cumplimos compromisos», pero aún no hay fecha fija de aprobación. Eso deja un hueco narrativo que la derecha explotará: promesa sí, papel no. Además, el 4,5% no cierra el paquete: siguen abiertas la tasa de reposición, la estabilización pendiente, los complementos de residencia (Ceuta, Melilla, Canarias, Valle de Arán) y la reforma del artículo 10 del EBEP sobre abuso de temporalidad con sanciones a gestores. Si la izquierda vende solo el porcentaje y olvida la precariedad estructural, el votante de la administración pública lo notará en enero… o no lo notará.

Qué debe pasar esta semana en clave progresista.

  • Fijar fecha de RDL del 4,5% antes del 24-N y publicarla con calendario de nóminas para todas las administraciones.
  • Traducir el marco a tres frases de metro: 4,5% en 2027, variable IPC de 2026 y freno a la temporalidad.
  • Atar el relato de listas (21-26-O) a derechos concretos: sueldo público, sanidad y educación, no solo a eslóganes de bloque.
  • No dejar que el debate se reduzca a «compra de votos»: es cumplimiento de un acuerdo firmado con CSIF, CCOO y UGT.

Diario de precampaña, día trece. Tesis de esta mesa: el 29-N también se gana en la nómina de quien cuida, enseña y tramita. Si la izquierda confirma el 4,5% y no lo convierte en BOE antes de la urna, no habrá perdido un titular: habrá regalado la duda a quien vive de retrasar derechos.

Fuentes y contexto