En la precampaña del 29-N, el Supremo ha puesto el reloj encima de la mesa. La Sala de lo Contencioso apercibe a Félix Bolaños y José Manuel Albares: cinco días para entregar los nombres de los 163.020 nacionalizados por la llamada ley de nietos a los que se les suspendió el derecho al voto. Multa en el horizonte; denuncia penal si no hay listado. No es un lío de despacho. Es la pelea por si más de ciento sesenta mil españoles del exterior entran o no en la urna del 29 de noviembre.
Qué ha marcado las últimas horas (lectura progresista). El Gobierno sabe la cifra —la extrae del CERA a 1 de agosto— pero dice que no puede sacar identidades a golpe de botón: la mayoría de expedientes no está digitalizada. Justicia envió unos 76.000 nombres digitalizados el 15-O; la Abogacía cifra en 31.390 los revisados caso a caso; de ahí, solo 91 certificados consulares de descendientes del exilio. El 80% del volumen se concentra en 16 consulados (La Habana, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas, Mendoza entre los más tensos). Fuentes de Exteriores lo resumen sin poesía: «reparar un avión en pleno vuelo». Desde el 8-S el Supremo paralizó el voto; ahora aprieta el cuello administrativo a dos ministros con el 29-N a un mes.
Opinión del día. Se puede llamar «orden judicial». Esta mesa lo llama lo contrario del rigor limpio: si conviertes el censo exterior en un laberinto de papel y amenazas penales a quien no puede digitalizar un imperio de carpetas en cinco días, no estás defendiendo el Estado de derecho: estás diseñando una urna a medias. La derecha celebrará el ultimátum como freno al «voto importado». Perfecto: que explique entonces por qué confunde filtro legítimo con castigo colectivo a nietos de exiliados y emigrantes, y por qué prefiere el caos consular al arreglo operativo. El 29-N no se gana solo en Génova o Ferraz: se gana también en si la democracia cabrá en un formulario de La Habana.
La lectura de metro es seca. El votante progresista no discute a las ocho el BOE de 2022: discute si un español de Buenos Aires o Caracas va a poder votar sin que un auto le convierta en sospechoso por defecto. Saber la cifra y no la identidad no es magia negra del Gobierno: es el resultado de un censo que nunca se digitalizó como si el exterior no contara. Amenazar con lo penal a Bolaños y Albares mientras 16 oficinas cargan con el 80% de los casos es teatro de fuerza. Si el tribunal quería precisión, debió medir el tiempo real de un expediente (veinte minutos de media, según Exteriores) y no el titular de cinco días. Gobernar en precampaña también es decir en alto: sin censo usable no hay suspensión quirúrgica, hay lotería.
Hay matices que esta mesa no regala. Un Gobierno que nacionaliza a gran escala sin base digital robusta asume un riesgo que ahora paga en campaña. Los 91 certificados de exilio entre más de 30.000 revisados muestran cuán estrecho es el pasillo que el Supremo dejó abierto. No todo nacionalizado por instrucción es «fraude de urna»; tampoco todo auto es fascismo judicial. Si Ferraz solo grita «golpe al voto» y no refuerza consulados, pierde credibilidad. Y si la izquierda usa el exterior solo como recuento favorable y no como ciudadanía completa —derechos, deberes, censo limpio—, el relato se vuelve interes electoral, no memoria democrática.
Qué debe pasar esta semana en clave progresista.
- Publicar un calendario realista de digitalización y refuerzos en las 16 oficinas críticas, no solo un parte de «estamos cumpliendo».
- Separar en el relato a menores y no censados del núcleo de 163.020, para no regalar confusión al adversario.
- Llevar al debate del 29-N una frase de metro: el voto exterior no es un invento de despacho, es España fuera de España.
- Exigir al Supremo y a la JEC criterios ejecutables; la multa teatral no sustituye un censo que se pueda filtrar sin humillar a quien espera turno en el consulado.
Diario de precampaña, día quince. Tesis de esta mesa: el 29-N también se gana en la lista de nombres que un tribunal exige y un Estado no digitalizó a tiempo. Si la izquierda convierte el ultimátum en defensa de ciudadanía plena y no en queja de despacho, no habrá perdido solo un viernes judicial: habrá recordado que la urna del exterior no es un adorno.