El QR en la mesa no es un detalle técnico: es cambiar las reglas a un mes del 29-N

Imagínese usted que falta un mes para su boda y el ayuntamiento le manda una circular diciendo que, por cierto, han cambiado el procedimiento para entregar las alianzas. Nada grave. Solo que ahora hay una app, un lector de código QR, y Correos tiene que llevar el aparato a la iglesia antes de la ceremonia. Ah, y todavía falta que el párroco dé el visto bueno al sistema.

Pues algo así acaba de publicar el Gobierno en el BOE.

La Orden PJC/1129/2026 encarga a Correos la distribución y recogida de lectores de códigos QR para que las mesas electorales del 29-N puedan verificar la aplicación MiDNI. La propia orden lo reconoce sin rubor: es preciso dotar a las mesas de un dispositivo de lectura del QR de MiDNI con las garantías exigidas por la Junta Electoral Central. Y la compensación acordada para Correos es de 28,06 euros por cada envío y recogida de esos lectores.

Aclaremos antes de seguir lo que esto no es, porque el titular fácil puede despistar. No estamos hablando de voto electrónico. El papel sigue en la urna. Nadie va a votar desde el sofá con el móvil. MiDNI es una opción adicional: si usted tiene su DNI de plástico, su pasaporte o su carné de conducir físico, puede usarlos sin problema. Incluso caducados, si permiten identificarle. Todo eso sigue igual.

Pero aquí viene la pregunta que cualquiera con dos dedos de frente debería hacerse: ¿es esto sensato a cuatro semanas de unas elecciones generales?

Una historia de idas y venidas

Recapitulemos. La Junta Electoral Central permitió en su momento el uso del DNI digital y del carné de conducir digital. Luego, tras las elecciones andaluzas, exigió que la verificación fuese suficientemente segura. De facto, sin lectores en mesa, eso bloqueaba el uso de MiDNI. Ahora el Gobierno saca una orden ministerial para que Correos distribuya esos lectores, que Interior debe adquirir previamente.

Y la JEC todavía no ha dado su visto bueno final al plan ni a los dispositivos concretos.

¿Lo repito? A menos de un mes del 29-N, el sistema para verificar el DNI digital en las mesas electorales sigue pendiente de aprobación definitiva. Correos repartirá unos aparatos que el Ministerio del Interior tiene que comprar, y todo esto tiene que llegar a tiempo, funcionar correctamente, y contar con el sello de la JEC. Todo. En un mes.

El riesgo real no es el fraude: es el caos

Conviene ser precisos aquí, porque la precisión importa cuando se habla de elecciones. Nadie está diciendo que esto sea un plan para hacer trampas. No hay base para afirmarlo y sería una irresponsabilidad hacerlo. Lo que sí hay base para señalar es el riesgo operativo: mesas electorales atendidas por ciudadanos corrientes sorteados esta semana, que nunca han manejado un lector de QR en su vida, que recibirán el dispositivo vía Correos, que tendrán que entender cómo funciona la app MiDNI, y que deberán lidiar con una cola de votantes el domingo 29. Algunos de esos votantes serán mayores, estarán confundidos, tendrán el móvil sin carga, la app desactualizada, o sin cobertura en ese preciso momento.

¿Y si el lector no llega? ¿Y si llega pero no funciona? ¿Qué hace el presidente de mesa? ¿Improvisa? ¿Llama a quién?

Estas preguntas no son caprichosas. Son exactamente las preguntas que el Gobierno debería haber respondido antes de publicar la orden, no después. La trazabilidad de entregas y recogidas, la coordinación entre ayuntamientos, delegaciones e Interior... todo eso suena bien sobre el papel. Lo que no suena tan bien es que ese papel lleve fecha de hace tres días y el 29-N esté a la vuelta de la esquina.

La modernidad que llega con el reloj en marcha

Hay algo profundamente poco serio en presentar esto como un avance democrático cuando el calendario hace imposible una implementación ordenada. La modernización de los procesos electorales es deseable. Que España facilite la identificación digital es razonable. Nadie en su sano juicio está en contra de avanzar en ese sentido.

Pero cambiar las reglas de identificación del votante a un mes de las elecciones, con la logística dependiendo de que Correos llegue a tiempo, de que Interior compre los aparatos antes, de que la JEC dé luz verde, y de que los miembros de mesa aprendan a usar tecnología que no han tocado antes, no es modernidad. Es precipitación. Y la precipitación en los procesos electorales no es un detalle menor. Es exactamente el tipo de cosa que genera dudas, rumores y desconfianza. No porque alguien esté tramando algo, sino porque el desorden invita a la sospecha. Siempre lo ha hecho.

Lo razonable, lo que haría cualquier Gobierno que se tomase en serio la salud democrática del país, habría sido aprobar este sistema con suficiente antelación, probarlo en unas autonómicas, resolver los flecos con la JEC sin prisas, y llegar al 29-N con un protocolo maduro. En cambio, tenemos una orden en el BOE, un plazo imposible, una JEC que todavía tiene que decir que sí, y 28,06 euros para Correos por mover un lector de QR de aquí para allá.

Que cada uno saque sus propias conclusiones sobre qué tipo de rigor nos merece este Gobierno cuando se trata de organizar unas elecciones.