Hay un cuento que circula estos días por la derecha española, justo cuando la precampaña del 29-N empieza a calentarse. Un cuento de Halloween muy apropiado: el complot rojo, la mano oscura de la izquierda gubernamental detrás de los disturbios de Barcelona, de los altercados de Bilbao, de los mensajes en Telegram pidiendo que alguien le prenda fuego a algo la noche del sábado. El PP y Vox llevan días atribuyendo todo esto al Gobierno y a algo que llaman, con gusto cinematográfico, islamoizquierdismo. Suena bien. Lástima que no cuadre con lo que están encontrando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Porque el 30 de octubre, víspera de Halloween, la policía y la Guardia Civil dieron un golpe al movimiento Blocus. Resultado: al menos diez detenidos repartidos por toda España. Tres en Cataluña, tres en Valencia, dos en Canarias, uno en Andalucía, uno en el País Vasco. Suena a operación de envergadura. Y en cierto sentido lo es. Pero cuando uno mira los perfiles de los detenidos, el cuento del ejército rojo al servicio de Ferraz se deshace como un azucarillo.
Cuatro de los diez detenidos son menores de edad. Uno tiene dieciséis años y vivía en Bellmunt d'Urgell. Otro tenía diecisiete y está acusado de impulsar disturbios en Barcelona. Un joven de dieciocho años de Barcelona está detenido por organizar el grupo que publicitó la convocatoria del 24 de octubre. Un chico de veinte años está detenido en Bilbao por administrar una cuenta. Hay también detenidos en Málaga y en Tenerife, donde uno de los dos tiene dieciséis años. Así hasta diez.
El gran cabecilla del complot —el que habría puesto en marcha todo esto— es el presunto fundador al que la Guardia Civil detuvo en Picanya, en la Ribera Alta valenciana. A él se le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram ligados a los disturbios de Barcelona del 24 de octubre y a la convocatoria prevista para el 31 de octubre en Valencia. Otro detenido de dieciocho años en Valencia, vinculado a Blocus Vlc, habría alentado el uso de cócteles Molotov, según la investigación; no para ningún proyecto político articulado, sino para distraer a la policía y facilitar saqueos.
Saqueos. Esa es la palabra que no aparece en los discursos de la derecha cuando habla de este asunto. Los Mossos d'Esquadra, que llevan semanas siguiendo a estos grupos, son meridianamente claros: por ahora no ven ideología ni organización extremista detrás. Lo que ven es un patrón de réplica. Lo que ven es lo que en internet se llama FOMO: el miedo a quedarse fuera, la necesidad de sumarse a algo que se viralizó en Francia y que las redes amplificaron hasta hacerlo parecer una revolución. Los Mossos no detectan coordinación fuerte entre los investigados. No hay estado mayor. No hay estructura.
Esto no significa que los hechos no sean graves. Convocar a chavales a tirar cócteles Molotov es un delito, y merece ser perseguido con toda la energía del Estado. Los comerciantes de Barcelona que este fin de semana refuerzan persianas y contratan vigilantes no están exagerando. Los dispositivos policiales máximos desplegados en varias ciudades para la noche de Halloween tienen todo el sentido. La violencia, venga de donde venga, hay que cortarla. Eso es lo que está haciendo el Estado, y con resultados: diez detenidos antes de que empiece la noche.
Pero una cosa es perseguir la violencia y otra muy distinta es convertirla en munición electoral fabricando un relato que los propios investigadores no sostienen. Y eso es exactamente lo que han hecho el PP y Vox estos días. Han tomado imágenes de contenedores ardiendo, las han mezclado con sus obsesiones habituales —la izquierda, el islam, el Gobierno de Sánchez— y han construido una narrativa de precampaña que no tiene respaldo policial ni judicial.
Las organizaciones antifascistas y algunos sindicatos, por su parte, señalan a la ultraderecha como posible responsable de parte de los incidentes. Tampoco eso tiene, de momento, respaldo en pruebas judiciales de mando político. Lo honesto es decirlo con claridad: no sabemos con certeza qué hay detrás de Blocus más allá de lo que dicen los investigadores. Lo que sí sabemos es lo que no hay: no hay ejército rojo, no hay intifada de izquierdas, no hay instrucciones desde ninguna sede de partido.
Lo que hay son chavales —algunos muy jóvenes, algunos claramente manipulados, algunos quizás buscando adrenalina— que encontraron en grupos de Telegram la ilusión de pertenecer a algo. Y hay adultos irresponsables que los animaron a la violencia desde el anonimato de sus teléfonos. Eso es lo que la justicia tendrá que depurar.
Mientras tanto, la precampaña del 29-N transcurre en un ambiente enrarecido. Con el luto oficial por el accidente de Urda hasta el 1 de noviembre y los actos mayoritariamente suspendidos, los partidos están midiendo cada palabra. O deberían. Porque usar el dolor, el miedo y a menores detenidos para construir un relato de guerra civil que no existe es algo que el votante —ese votante al que tanto se apela— termina por percibir.
El cuento del complot rojo de Halloween es eso: un cuento. Asusta un momento y luego se va. Lo que queda es la realidad: diez detenidos, cuatro menores, grupos de Telegram y una investigación que acaba de empezar. No es épica. No es conveniente para nadie. Pero es lo que hay.