Hay una estrategia política que lleva años siendo utilizada por la derecha más recalcitrante: si no puedes ganar en las urnas, intenta ganar en los juzgados. El Tribunal Supremo, en un auto dictado el 30 de octubre de 2026, ha vuelto a poner el freno a esa deriva con una respuesta tan sencilla como contundente: aquí no hay delito.
La Sala Penal del Alto Tribunal ha archivado de un plumazo varias denuncias y querellas interpuestas por Manos Limpias —ese sindicato que lleva años actuando como ariete judicial de la derecha— y por Vox contra cuatro nombres propios del Gobierno y del Estado: el ministro del Interior Marlaska, el ministro de la Presidencia Bolaños, la ministra Montero y la presidenta del Congreso Armengol. Cuatro objetivos distintos, un mismo patrón: querella primero, evidencias después (o nunca).
Manos Limpias y su particular cruzada
El caso de Manos Limpias merece atención especial porque ilustra bien de qué va todo esto. El sindicato interpuso tres denuncias que, vistas en conjunto, dibujan un mapa de agravios acumulados más que de hechos delictivos concretos.
Contra Marlaska, dos denuncias: una por las muertes de guardias civiles en Barbate en febrero de 2024 y otra por las ocurridas en Huelva en mayo de 2026, alegando en ambos casos falta de medios. El Supremo no lo ve así. Las tragedias son reales y el dolor de las familias también, pero una decisión política cuestionable —sobre recursos, sobre prioridades, sobre dotación— no convierte automáticamente al ministro en autor de homicidio imprudente. Confundir responsabilidad política con responsabilidad penal es, precisamente, el juego que el auto rechaza.
Contra Bolaños, la acusación era de calumnias, acusación falsa e inducción a la prevaricación. El motivo declarado: el caso Peinado, la investigación judicial que salpicó a Begoña Gómez, y las supuestas presiones del Ejecutivo sobre el Consejo General del Poder Judicial. Puede haber un debate político legítimo sobre interferencias o no interferencias. Pero de ese debate a construir un caso penal sólido hay un abismo que Manos Limpias no ha conseguido cruzar.
Contra Montero, malversación, prevaricación y administración desleal por el destino de supuestos fondos europeos vinculados a pensiones. El patrón se repite: una gestión cuestionada —o que a alguien le parece cuestionable— elevada al rango de delito sin más prueba que la voluntad de que lo sea.
El caso Armengol: reconocimiento propio, delito ninguno
La querella de Vox contra la presidenta del Congreso por falso testimonio en la comisión parlamentaria sobre las mascarillas tiene un ingrediente extra. Armengol reconoció haber tenido contacto con Koldo García —condenado a 19 años de prisión— y haber hablado con él en alguna ocasión, aunque sin recordar el contenido concreto de esas conversaciones por la escasa trascendencia que les dio en su momento.
El auto del Supremo hace una distinción que Vox no quería oír: que Armengol negara haber participado en las contrataciones irregulares no es incompatible con haber facilitado contactos entre Koldo García y responsables de las Islas Baleares. Una cosa es la corrupción, y otra cosa es conocer a alguien. Si ampliáramos así la definición de delito, estaríamos todos en el banquillo.
El filtro que molesta a quienes lo usan mal
Hay quienes interpretarán este archivo como impunidad. Están equivocados, aunque probablemente lo saben. El archivo de estas querellas concretas no significa que no existan otros frentes abiertos, otras investigaciones en curso o responsabilidades que depurar por otras vías. Significa, simplemente, que estas acciones específicas no tienen recorrido penal.
Y eso es exactamente lo que debe hacer el Estado de derecho: filtrar. Separar lo que es un delito de lo que es una mala decisión política. Separar lo que merece castigo penal de lo que merece debate en el Parlamento, en los medios o en las urnas. Ese filtro no es un obstáculo a la justicia; es la justicia funcionando.
El problema es que para Manos Limpias y Vox el juzgado no es el último recurso. Es el primero. La querella como comunicado de prensa, como titular de campaña, como instrumento para mantener a la base movilizada con la narrativa de que el Gobierno es una banda de criminales. Que luego el Supremo diga que no hay delito resulta casi secundario: el daño reputacional ya está hecho, el ruido ya se generó.
Eso no es justicia. Es política con toga prestada. Y conviene nombrarlo con claridad.
Fuentes y contexto
- Europa Press — El Supremo archiva las denuncias de Manos Limpias y Vox contra Marlaska, Bolaños, Montero y Armengol por falta de delito
- Diario de Sevilla — El Supremo archiva las denuncias de Manos Limpias
- Capital — El Supremo archiva denuncias de Manos Limpias y Vox contra Marlaska y Bolaños al no ver delito