El voto no es un interruptor: la ofensiva judicial de Vox contra los hijos de la ley de nietos

Queda un mes para el 29-N y en España ya no alcanza con ganar en las urnas. Hay que ganar también en los tribunales, antes de que abran. Eso, al menos, parece ser la estrategia de Vox.

El 31 de octubre, el partido de Santiago Abascal presentó ante el Tribunal Supremo una petición que, si prospera, dejaría sin voto a los hijos de personas nacionalizadas por la ley de nietos a las que ya se les haya suspendido cautelarmente el sufragio. El argumento: que la nacionalidad del hijo depende de la del progenitor, y si la del padre está en entredicho, la del hijo también. Simple. Limpio. Y muy conveniente a veintiocho días de las elecciones.

Un día antes, el Supremo había dado tres días a las partes para pronunciarse sobre una petición similar de Iustitia Europa: extender la suspensión cautelar del voto a los hijos de nacionalizados bajo esa ley con efectos en el CERA. El tribunal no adoptó medidas cautelarísimas de forma inmediata —no actuó inaudita parte, sin escuchar a nadie—. Dio tres días. Eso, en el contexto de una campaña electoral, no es neutralidad: es un reloj que corre en contra de los afectados.

Vox va más allá de la suspensión del voto. Pide a los ministerios de Exteriores y Justicia una relación nominal de hijos afectados antes del 20 de noviembre. Pide custodia separada de sobres y documentación. Pide que no se compute nada hasta verificar. Esencialmente, pide construir un sistema paralelo de control de votos a menos de un mes de las elecciones generales.

El partido justifica todo esto con sus propias cifras: de 145.580 registros con información de exilio, solo 901 —el 0,62%— contarían con exilio acreditado. Otros 17.775 registros provenientes de Buenos Aires, afirman, no serían verificables. Son números de Vox, no del Supremo. Son el análisis de una parte en litigio, no una sentencia judicial. Pero circulan en los medios como si fueran hechos establecidos. Eso también forma parte de la estrategia.

Porque lo que Vox pide —aunque no lo diga con estas palabras— es convertir el derecho de voto en una variable que depende de una certificación consular. Si tu padre emigró hace décadas y no tiene el papel correcto en el expediente, tú tampoco votas. Si el juez no ha resuelto el caso de tu madre antes del 29-N, tú esperas. No en democracia. En un limbo administrativo diseñado en precampaña.

La ley de nietos fue aprobada para reparar una injusticia histórica: la de los descendientes de exiliados del franquismo que no pudieron conservar o recuperar su nacionalidad. Pueden discutirse sus mecanismos, su implementación, el ritmo de acreditación consular en las oficinas consulares. Eso es legítimo. Lo que no es legítimo es usar esas fricciones administrativas —reales, reconocidas— para suspender el sufragio de personas cuya nacionalidad española ya ha sido reconocida legalmente.

La nacionalidad no es provisional hasta nueva orden judicial. El censo no se reforma con un escrito de parte presentado en vísperas de una campaña. Y el Tribunal Supremo sabe —debe saber— que sus plazos procesales tienen consecuencias políticas cuando corren en paralelo al calendario electoral.

Estamos hablando del voto de cientos de miles de personas en el entorno de esta controversia. Afecta al CERA. Afecta a familias con arraigo legal, con DNI español, con un derecho adquirido. Suspenderlos en bloque por vía cautelar, sin sentencia de fondo, sin verificación caso a caso, equivale a anular un derecho fundamental por un trámite pendiente. No es garantismo. Es purga electoral con toga prestada.

Qué debe pasar esta semana:

• El Tribunal Supremo debe rechazar la extensión de la suspensión cautelar a los hijos. La nacionalidad ya reconocida no puede suspenderse por vía cautelar a semanas de unas elecciones sin que haya sentencia de fondo que lo justifique.
• Los ministerios de Exteriores y Justicia no deben facilitar relaciones nominales de votantes a petición de un partido político. Esa información pertenece al proceso judicial, no a la campaña.
• La Junta Electoral Central debe pronunciarse con claridad sobre la validez de los votos CERA de los hijos de nacionalizados, sin esperar a que el conflicto se resuelva —o no se resuelva— urna mediante.
• El debate público debe separar con nitidez el análisis jurídico de su uso político: las cifras que circulan son de Vox, no del Supremo, y deben contextualizarse como lo que son.

Hay una semana, quizás menos, para que las instituciones actúen con la altura de miras que exige la situación. Una semana para demostrar que en España el derecho a votar no depende de que tu apellido venga del lado correcto de un formulario consular.

El sufragio no es un interruptor que se apaga desde un juzgado a petición de la parte que más tiene que ganar con el apagón. Si el Supremo lo convierte en eso, el daño no será solo para quienes se queden sin papeleta. Será para la democracia entera.