Los números no entienden de relatos. El primer sondeo de SocioMétrica para El Español, publicado el 1 de noviembre, arroja un resultado que los estrategas del Gobierno llevan días intentando relativizar: PP con UPN sube a 139 escaños, Vox se mantiene en 64 y el bloque de la derecha acumula en torno a 203 representantes. Frente a ellos, el PSOE cae a 106 y el Frente Amplio se desangra hasta los 5. No es ruido electoral. Es un veredicto.
La tragedia de Urda —69 fallecidos confirmados y 31 heridos aún hospitalizados según datos del 1 de noviembre recogidos por Infobae y Europa Press— ha actuado como acelerador de una tendencia que ya apuntaban los sondeos anteriores al desastre. La media de DatosRTVE hasta el 26 de octubre situaba al bloque PP-Vox en 199 escaños frente a un bloque de investidura rondando los 149. Lo que SocioMétrica añade tras Urda no es una revolución estadística: es la confirmación de que el castigo ciudadano tiene nombre, apellidos y cartera ministerial.
Ese nombre es Óscar Puente. El ministro de Transportes cargó en los días posteriores al accidente con una batería de declaraciones que el 74% de los españoles no está dispuesto a perdonar. Ese dato —recogido por El Español del mismo sondeo— incluye a un 59% de votantes del PSOE que reclaman su dimisión o su cese. Cuando más de la mitad de los tuyos te dan la espalda, el problema no es la derecha mediática: eres tú. Y si esa exigencia llega también desde dentro de tu propio hogar electoral, la dirección del partido tiene un problema que no se resuelve con ruedas de prensa.
Pedro Sánchez ha elegido blindar a Puente. Es una decisión política legítima. Pero tiene un precio que las encuestas están calculando en tiempo real. Según El Español del 2 de noviembre, Sánchez se ha absorbido ya casi medio millón de votantes procedentes de Sumar —el proyecto de Yolanda Díaz en disolución electoral acelerada—, pero en sentido contrario pierde casi el doble hacia PP y Vox. El trasvase neto, que el medio cifra en torno a 996.000 votantes según los modelos de flujo, dibuja un partido que se come a su izquierda y aun así se hunde. Eso no tiene arreglo en el discurso de la unidad progresista.
La brecha de desaprobación de Sánchez ha llegado a los 42 puntos. La brecha de quienes creen que será Feijóo quien gobierne tras el 29-N supera los 20 puntos, según el mismo sondeo. Son cifras que trascienden el margen de error y entran en territorio de convicción social consolidada. Los españoles no solo no aprueban la gestión del Ejecutivo: ya han decidido mentalmente quién manda a partir de diciembre. Y esa percepción, una vez instalada en el imaginario colectivo, es en sí misma un factor que retroalimenta la inercia electoral.
Hoy, 2 de noviembre, se proclaman oficialmente las candidaturas. La maquinaria administrativa certifica lo que ya sabe la calle: quedan 27 días para el 29-N. El PP lidera también la renovación del Senado —casi la mitad de los senadores electos no repiten en listas, según Infobae— y ya tiene cerrado con Vox un acuerdo de coordinación en la Cámara Alta. En el otro lado, PSOE y Frente Amplio han bautizado su proyecto conjunto como el «Senado de Progreso». Los nombres son reveladores: mientras la derecha habla de gestión y coordinación, la izquierda habla de progreso abstracto. Cuando no puedes defender el presente, vendes el futuro.
Blindar a Puente, insistimos, es negar el reloj. No es una afirmación sobre las responsabilidades que los juzgados tendrán que trazar con calma y rigor —eso no le corresponde a ninguna tribuna—. Es una afirmación estrictamente política y de gestión: cuando tres de cada cuatro ciudadanos, incluida la mayoría de tus propios votantes, piden una cabeza y el presidente contesta con un abrazo institucional, no está demostrando fortaleza. Está apostando a que la memoria del electorado es corta. Las encuestas, por el momento, no le están dando la razón.
Los liberales y conservadores que han reclamado durante años que la rendición de cuentas no sea selectiva, que las instituciones funcionen sin alfombra de partido y que la gestión no se sacrifique en el altar del relato, tienen hoy un argumento que no necesita adorno retórico. Los datos de SocioMétrica no son el alegato de la derecha. Son el espejo que el Gobierno se niega a mirar.
Faltan 27 días. Las tendencias pueden moverse; ningún sondeo es un acta notarial. Pero los veredictos populares no se disuelven solos: necesitan que quien los ha provocado tome nota. Hasta ahora, el Ejecutivo no lo ha hecho. Y el reloj, a diferencia del ministro, sí lleva cuenta.