Hay regalos que se abren en campaña y se pagan en la legislatura siguiente. El Mundo pone cifra al paquete estrella de los «martes sociales» en pensiones y empleo público: más de 17.600 millones de euros de mejora retributiva que no es un cheque suelto, sino gasto consolidable en nómina. Traducción casera: sube la base, y cada año siguiente arrastra el escalón.
Vozpópuli lo llama «bazooka» preelectoral. Da igual la metáfora. La aritmética es la misma: más de 9,5 millones de pensionistas y más de tres millones de empleados públicos —en torno a 12,5 millones de bolsillos con cita en las urnas— reciben el mensaje de que 2027 viene con subida. El Gobierno que salga el 29-N hereda el recibo.
Pensiones: el IPC entra en campaña dos días antes
Pedro Sánchez ha garantizado que se cumplirá la ley y se revalorizarán las pensiones de 2027 con el IPC, incluso en funciones, desde el 30 de noviembre hasta que tome posesión el nuevo Ejecutivo. El avance del IPC de noviembre, clave para el cálculo, está previsto el 27 de noviembre: solo dos días antes de las elecciones. El dato definitivo, a mediados de diciembre.
Funcas, según el cálculo que recoge El Mundo, apunta a una revalorización del 3,6% y un coste de unos 8.400 millones. No es magia contable de un tuit: es la mecánica legal de pensiones más calendario electoral. Quien quiera pelear el poder adquisitivo de los mayores tiene un argumento. Quien mire el déficit y la AIReF tiene el otro: sin reformas, el gasto en pensiones empuja a recortar otras políticas o a endeudarse más. El Mundo lo recuerda con la advertencia reciente de la autoridad fiscal.
Funcionarios: el 4,5% ya estaba en el BOE; falta el bolígrafo de la fecha
En empleo público el guion es aún más de reloj político. El acuerdo plurianual —publicado en el BOE a principios de 2026— contempla para 2027 un 4,5% fijo y un 0,5% variable ligado a la inflación. Los sindicatos (CSIF, CCOO, UGT) ya saben el cuánto; pelean el cuándo. Función Pública garantiza la subida, pero evita clavar la fecha, y CSIF pide aprobarla antes de las elecciones para no chocar con los límites de un Gobierno en funciones.
El Mundo estima, con Contabilidad Nacional e IGAE, unos 8.300 millones por el 4,5% y unos 900 por el 0,5%: cerca de 9.200 millones en masa salarial pública. Suma con pensiones: más de 17.600 millones. Para escala: casi la mitad del déficit público del primer semestre de 2026 (38.195 millones), según la misma pieza.
Vozpópuli añade el detalle de cocina: el 4,5% ya estaba pactado; la prisa es airearlo y, según ese relato, buscar la vía rápida de la Diputación Permanente. Si es así, no estamos ante una negociación abierta de última hora: estamos ante la puesta en escena de un compromiso ya cerrado… con cargo a presupuestos futuros.
Qué cambia y qué no
Desde la mesa liberal-conservadora cambia el mapa de la campaña económica: el debate ya no es solo «¿hay escudo social?» sino quién firma el talón permanente y con qué margen deja al siguiente Consejo de Ministros. Cambia el coste de fingir que las subidas son gratis: 17.600 millones consolidables no son un adorno de mitin.
No cambia aquí la legalidad de revalorizar pensiones con IPC ni se acusa de delito. Tampoco se inventa que el dinero salga de un cajón mágico de Moncloa el 28-N. La hipótesis de derecha es directa: en las semanas previas al 29-N se está cargando la mochila del Estado con promesas de nómina que cualquier Gobierno —del color que sea— tendrá que cuadrar con impuestos, deuda o recortes en otra parte. El votante puede aplaudir la subida. El presupuesto no hace magia.